Hasta el momento el área jurídica del Ejecutivo no ha recibido ninguna notificación de que esté abierta alguna demanda en contra del gobernador Cuauhtémoc Blanco Bravo, como habrían adelantado tanto el fiscal Anticorrupción, Juan Salazar Núñez, como un grupo de abogados, así lo sostuvo el consejero jurídico Samuel Sotelo Salgado, aunque sí aceptó que el mandatario promovió un amparo para que si existiera alguna carpeta de investigación en su contra se garantizará su derecho de defensa.
Cabe recordar que el pasado 03 de marzo, Juan Salazar Núñez, habría declarado en entrevista que el gobernador de Morelos tiene en su contra denuncias presentadas por presuntos desvíos y hasta vínculos con el crimen organizado, por lo que en caso de encontrarse pruebas se actuaría en su contra conforme lo establezca la ley.
Recordaba que eran siete denuncias, entre las que se encuentra una presentada por el partido Movimiento Alternativa Social (MAS) por la fotografía que Blanco Bravo se tomó junto a presuntos líderes de los cárteles Jalisco Nueva Generación y Comando Tlahuica.
Incluso agregaba, “le asiste la presunción de inocencia al gobernador y si llegáramos a encontrar datos de prueba que acrediten su posible participación en algún ilícito o algunos ilícitos, tendríamos que acudir al Congreso del estado para solicitar el inicio de un juicio de procedencia”.
Por esa razón, el consejero jurídico Samuel Sotelo comentó que al menos ante las instancias del estado por ahora no existe un señalamiento jurídico o una carpeta de investigación, el funcionario incluso destacó que personal del Ejecutivo, luego de esa declaración del fiscal, pidió informes sobre el sentido de esa supuesta denuncia pero no existe nada.
“Esto a raíz de unas declaraciones del fiscal y al parecer de un denunciante que decía que había denunciado ciertos hechos en la Fiscalía Anticorrupción, pero ante la consejería no se ha recibido notificación alguna; insisto, tengo conocimiento que algunas otras personas han promovido algunas acciones para determinar si existe esa carpeta de investigación”.
Samuel Sotelo señaló que las carpetas de investigación deben ser secretas, pero cuando un funcionario como Juan Salazar sale a manifestar que hay investigaciones, pierde la secrecía y violenta algunas disposiciones. Pero con base a la ley, una vez que el responsable de llevar las investigaciones ventila hechos, el Ejecutivo simplemente apeló a su garantía para poder, en dado caso, defenderse ante los tribunales.
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