Cuauhtémoc Blanco llamó sólo a algunos de sus más cercanos para confirmar que esos tiempos que esperaba para irse a continuar su carrera política en la Ciudad de México habían llegado. Otros lo supieron por el grupo de WhatsApp que tienen los funcionarios del gobierno estatal, y los menos cercanos se enteraron por El Sol de Cuernavaca y El Sol de Cuautla, que se atrevieron a soltar la primicia desde el primer coqueteo de Cuauhtémoc Blanco con la posibilidad: una vez emitida la convocatoria de Morena para el proceso de selección de coordinadores de los comités para la defensa de la cuarta transformación en los nueve estados donde se disputarán gubernaturas en el 2024, el ex futbolista y polémico gobernador, dejará Morelos para buscar suerte en la encuesta para la jefatura de gobierno de la CDMX.
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Después de la ceremonia en homenaje a los Niños Héroes de Chapultepec, ya toda la burocracia estatal y la clase política saben que el gobernador se va pronto, antes del 25 de septiembre. “¿Qué va a pasar con nosotros?”, pregunta un trabajador de confianza en el Palacio de Gobierno de Morelos, a sólo unas horas de la ceremonia de independencia. La conversación pasa a otro tema como para evitar responderle, lo único cierto es que los tiempos de definición ya llegaron.
Retador, como suele serlo, Cuauhtémoc Blanco advierte que no se achica ante quienes podrían ser sus rivales en la encuesta por la Jefatura de Gobierno, Clara Brugada y Omar García Harfuch hasta ahora. “No me achicaba con los alemanes ni con los italianos, menos con los aspirantes”, presume el gobernador, pero a diferencia de sus tiempos como futbolista, esta vez los resultados no lo respaldan
Crece violencia 50 por ciento
En su campaña en pos de la gubernatura de Morelos, Blanco fue profundamente crítico de la inseguridad que vivía Morelos al final del gobierno de Graco Ramírez. A casi cinco años de su administración, que inició el 1 de octubre de 2018, el gobernador de Morelos no pudo cumplir su promesa de un Morelos más seguro y menos violento.
De acuerdo con las cifras del Consejo Nacional de Seguridad Pública, la cuenta de homicidios dolosos sobrepasa los 4 mil 600, lo que representa un incremento de casi el 50 por ciento del total registrado en el sexenio anterior. La cuenta de personas desaparecidas y no localizadas se ubica en mil 810. El estado es primer lugar nacional en incidencia de los delitos de feminicidio, secuestro y despojo; segundo en homicidio doloso, robo a banco y robo de vehículos; tercero en robo de autopartes y quinto en violación, robo a transporte público colectivo y robo a transportista.
Los reclamos en materia de seguridad pública al gobernador de Morelos no han faltado, su respuesta siempre ha sido culpar a los alcaldes de desatender la estrategia de Mando Coordinado policial que estableció desde el principio de su administración, de no formar policías y no actuar para prevenir los delitos. Los problemas de inseguridad y la percepción de falta de acción policial en algunas comunidades han generado que en los cinco años de la administración de Blanco se hayan registrado cuatro linchamientos, dos de ellos en el municipio de Huitzilac, cuyo alcalde, Rafael Vargas Muñoz, se ha quejado constantemente del abandono de las fuerzas de seguridad estatales.
Durante estos cinco años, el municipio, frontera con la Ciudad de México y Estado de México, se ha convertido en un riesgo para visitantes y automovilistas que deben pasar por las carreteras de la zona. Al igual que Huitzilac, otros municipios del estado, como Xoxocotla, Puente de Ixtla, Tepalcingo, Amacuzac, Ocuituco y colonias específicas de las zonas oriente y sur del estado han tenido episodios graves de violencia. A ello habría que sumar los ataques recurrentes a centros nocturnos en Cuautla y su zona conurbada asociados con el delito de extorsión, y el presunto control de grupos criminales sobre Cuautla, Yautepec, Ayala, Temoac y Yecapixtla. El legado de Cuauhtémoc Blanco a su sucesor será más grave de la que recibió y que en aquél tiempo llamó “herencia maldita”.
Escasa atención a la salud
Aunque el 2018-2024 es un sexenio marcado por la pandemia de Covid 19, que en el plano local significó la muerte de 5 mil 422 personas y más de 103 mil contagios, Morelos enfrenta otros problemas en materia de políticas sanitarias.
La falta de eficiencia en el combate al mosquito del dengue ha provocado que en 2023 Morelos registre más del doble de casos que los años anteriores. Cuernavaca, que por su población concentra el mayor número de casos, se ha quejado desde su ayuntamiento de la falta de coordinación con las autoridades sanitarias.
A este problema tendría que sumarse el de la falta de inversión en infraestructura hospitalaria. En julio de 2022, la diputada Andrea Gordillo, presidenta de la Comisión de Salud del Congreso de Morelos, advirtió sobre el probable desvío superior a dos mil millones de pesos de recursos federales destinados a infraestructura del sector salud. Las imágenes de elevadores inservibles, inmuebles inundados, áreas hospitalarias cerradas, acompañaron la queja de la legisladora. El tema fue creciendo semana con semana y a la oficina de la legisladora llegaban denuncias constantes de usuarios del sector salud en torno a la falta de atención médica, daños en centros de salud, clínicas y hospitales, desabasto de medicamentos, entre otros problemas.
Abandonan la escuela más de 12 mil menores
Los problemas en el sector educativo durante la administración de Cuauhtémoc Blanco se pueden clasificar en dos rubros básicos, los de cobertura y calidad del servicio y los laborales. Respecto del primero, la matrícula del nivel básico en Morelos se ha reducido en más de 12 mil estudiantes de acuerdo con los datos de la Secretaría de Educación Pública y el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática. Aunque la autoridad local no reconoce esta disminución en la cobertura, se ha verificado el cierre de por lo menos cinco planteles públicos de nivel básico debido a la falta de alumnos.
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La calidad de la enseñanza también ha disminuido. Los resultados de los exámenes estandarizados para el ingreso al nivel medio superior, que miden las habilidades logradas por el alumnado de nivel básico, han mostrado una baja de más de 10 puntos en los últimos dos años. La capacidad lectora y de pensamiento lógico y matemático son las principales causas del descenso, de acuerdo con especialistas consultados por El Sol de Cuernavaca y El Sol de Cuautla.
En materia laboral, varios centenares de maestros permanecen hasta siete meses sin cobrar por su trabajo; el Instituto de la Educación Básica, su patrón en términos reales, adeuda además las prestaciones de miles de docentes en todo el estado y los pasivos con el magisterio y los trabajadores administrativos locales siguen creciendo, de acuerdo con la sección 19 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación.
Morelos, campeón en corrupción
Cuauhtémoc Blanco llegó al gobierno de Morelos con la promesa de meter a la cárcel a su antecesor Graco Ramírez, y a muchos funcionarios “corruptos que le han hecho daño al estado”. De las más de 60 denuncias que el Ejecutivo estatal presume haber presentado en contra de funcionarios y exfuncionarios de la administración anterior, apenas seis han sido vinculados a procesos, la mayoría de ellos, los llevan en libertad. Graco Ramírez fue llamado a cuentas sólo por la adquisición de un crédito al que, según el ex gobernador, tenía derecho y ya fue pagado.
En cambio, en los índices de Competitividad y del Estado de Derecho, preparados por el Instituto Mexicano de la Competitividad y el World Justice Project, respectivamente, ubican a Morelos en los últimos cinco años entre los primeros lugares del país en registro de corrupción, ya sea por percepción ciudadana o por hechos comprobados.
En contraste, los mecanismos para combatir la corrupción, fiscalía especializada, Entidad Superior de Auditoría y Fiscalización. ESAF, han sido tomados como rehenes en la lucha política. La fiscalía es recurrentemente atacada desde el Ejecutivo, y los problemas políticos mantienen en vilo la operación de la ESAF y el Consejo Ciudadano del Sistema Estatal Anticorrupción se ha vuelto inoperante ante el abandono tanto del Ejecutivo como del Congreso local.
Escaso apoyo al campo
Con un presupuesto muy inferior a los mil millones de pesos que, de acuerdo con su propia información, requeriría la Secretaría de Desarrollo Agropecuario para echar a andar todos los programas estatales. El campo en Morelos sufre por los constantes atrasos en la entrega de los pocos apoyos que se reciben. El desinterés por explotar el potencial agrícola de Morelos ha provocado la pérdida de muchas hectáreas de cultivo que son abandonadas y luego invadidas por la mancha urbana para edificar desarrollos habitacionales.
Los datos más recientes hablan del desastre en el sector agrícola. Las lluvias atípicas de este año han puesto en riesgo el 70 por ciento de los cultivos en la zona sur, y el 30 por ciento en la región oriente del estado, de acuerdo con organizaciones campesinas, que atribuyen la caída en la producción en parte al clima, y en otra al retraso en la entrega de apoyos como semillas, fertilizantes y maquinaria por parte del gobierno estatal.
Desarrollo económico y fomento al empleo
La economía morelense no ha podido recuperarse aún de la caída de hasta 22 por ciento que sufrió en el segundo trimestre de 2020, cuando la pandemia pegó más a la economía local. Los picos de recuperación en 2021 llegaron apenas a 14.6 por ciento y en el 2022 a 12.1 por ciento; sin embargo, el año pasado cerró con un descenso general del 2.1 por ciento, de acuerdo con cifras del Banco de Información Económica del INEGI, que evidencian, aún antes de la pandemia, una pérdida de 4 por ciento en el 2019.
La caída en la economía local ha pegado a la generación de trabajos formales en el estado. De los 9 mil 600 empleos que se tendrían que haber creado en el primer semestre de 2023 para satisfacer la demanda, el sector productivo apenas logró crear 518. Con más de 11 mil puestos de trabajo formales perdidos durante la pandemia, y un incumplimiento de la meta necesaria desde el 2019, los últimos cinco años han sido peores que los seis anteriores en términos de generación de empleo en el estado, según muestran las cifras del Instituto Mexicano del Seguro Social.
El mal desempeño en generación de empleos en la última década ha provocado que más del 60 por ciento de la fuerza productiva se ocupe en la informalidad. Aunque moderado, un éxito que se podría anotar la administración de Cuauhtémoc Blanco, sea el haber reducido la informalidad laboral de hasta el 65 por ciento en el sexenio de Graco Ramírez, a un 62 por ciento en promedio durante el actual, de acuerdo con el reporte de Inegi.
En cambio, los datos de la Secretaría de Economía respecto a la inversión extranjera directa muestran una baja de alrededor del 20 por ciento en promedio respecto del sexenio anterior. Los cierres de 2021 y 2022 mostraron los niveles más bajos del indicador en los últimos 20 años con 89.8 y 87.7 millones de dólares respectivamente. En contraste, el flujo de remesas en Morelos es el más alto de la historia, en el cuarto trimestre de 2022 alcanzó un pico de 298 millones de dólares y en el segundo de 2023 llega a 294 millones, según cifras del Banco de México.
La crisis política, el último pendiente
“Ellos pueden pedir licencia, pero aquí no se puede porque pueden pasar cosas muy graves”, advirtió Cuauhtémoc Blanco al anunciar una solicitud de licencia temporal al cargo. La inquietud del mandatario tiene que ver con la grave crisis política que tiene a los poderes del estado y algunos de los órganos autónomos enfrentados entre sí.
El conflicto de mayor impacto en la política local es entre el Ejecutivo y el Congreso y tiene que ver con el presupuesto. En octubre de 2022, una mayoría de 15 diputados críticos al Ejecutivo aprobaron un programa de gasto público diferente al propuesto por el Ejecutivo. Eso aumentó las tensiones que ya se vivían desde que en 2021 el grupo del gobernador perdió la mayoría en el Legislativo y el Poder quedó en manos de una coalición legislativa opositora integrada por diputados del PAN, Movimiento Ciudadano, Nueva Alianza, PRI, Morelos Progresa y cuatro de Morena. El asunto del presupuesto rompió las ya comprometidas posibilidades de diálogo que había hasta entonces y los legisladores han denunciado amenazas que atribuyen al Ejecutivo, como informó ya El Sol de Cuernavaca.
Pero el conflicto más añejo del gobernador es con las fiscalías, General y Anticorrupción, a cuyos titulares ha criticado e intentado remover en más de una ocasión. La Fiscalía de la Ciudad de México, al detener al fiscal general por su presunta relación con un caso de feminicidio, avivó el problema de la Fiscalía pues el Congreso se niega a declarar la ausencia total de Uriel N hasta que exista una sentencia definitiva en su contra. No obstante, el mandatario ya mandó una terna para relevarlo.
Otro problema es con la Comisión de Derechos Humanos de Morelos, que ha hecho señalamientos de violaciones a las garantías individuales en el sistema carcelario, la Comisión Estatal de Seguridad Pública, instituciones educativas y del sector salud, y en el sistema DIF estatal. Frente a ello, se buscó la remoción del titular del organismo, Raúl Israel Hernández, quien no obstante fue ratificado por el Congreso local.
Los conflictos políticos se presentan en un estado donde ha habido en los últimos cinco años más de veinte ataques contra activistas, líderes políticos, funcionarios y representantes populares. Entre ellos, el feminicidio de la diputada Gabriela Marín, y el alcalde y el secretario del municipio indígena de Xoxocotla.
Cuauhtémoc Blanco presentará su solicitud de licencia, en caso de que la convocatoria de Morena al proceso interno para la Ciudad de México así lo exija, con carácter de temporal, lo que, de acuerdo con la legislación local, le daría hasta 89 días para reintegrarse a su cargo. El Congreso deberá determinar si las causas que presente el gobernador para la solicitud son de la suficiente gravedad para autorizarla. Mientras tanto, el lugar de Blanco será ocupado por Samuel Sotelo Salgado, secretario de gobierno, quien será el primer heredero de los pendientes que deja el aún gobernador.
Jorge Carrillo Olea, el otro que se fue antes
El 12 de mayo del 1998 cayó en martes. Muchos morelenses no lo recuerdan, pero sí tienen claro que fue el día que cayó Jorge Carrillo Olea, el primer gobernador electo por seis años que solicitaría licencia al cargo en el estado. El general había vivido un mandato sometido a presiones desde el gobierno federal y de grupos sociales en el estado.
Muy temprano, en una entrevista radiofónica, Carrillo Olea anunciaría en vivo que presentaría al Congreso su solicitud de licencia definitiva al cargo “para contribuir a resolver la compleja problemática política del estado”. No era para menos, a los evidentes desprecios que le hacían desde la Presidencia de la República, se sumaba la presión social derivada de la inseguridad y la probada colusión de algunos mandos policíacos con bandas criminales dedicadas al secuestro. Y con base en ello y otras “omisiones”, los diputados estaban a punto de votar un juicio de responsabilidad en contra del mandatario.
Luego del anuncio, el aún gobernador se reuniría con algunos funcionarios de su gabinete y diputados de su partido, el PRI, para comunicarles su decisión. Don Jorge, como le decían entonces, acusó una campaña de desinformación en su contra con “acusaciones que nunca pudieron probar” y defendió los logros de su administración. Pero la decisión era irrevocable, solicitaría licencia el miércoles 13.
Aunque Carrillo Olea insiste en que la determinación fue personal, la recién fundada entonces Coordinadora Morelense de Movimientos Ciudadanos, formada por perredistas, panistas y ciudadanos, algunos que se afiliaron después a partidos políticos o fueron funcionarios de gobierno, festejó el retiro como si fuera un triunfo propio.
El plan de enviar la dimisión el miércoles se frustró cuando la oposición, que formaba mayoría en el Congreso local, rechazó la propuesta del gobierno federal y el PRI para ocupar la silla que quedaría vacante. Los perredistas y panistas no querían que Juan Salgado Brito, entonces delegado de Sedesol, fuera gobernador sustituto.
El tejido de acuerdos duró muchas horas. Varias madrugadas diputados, empleados del Congreso, que entonces aún estaba en la calle Matamoros, y reporteros estuvieron dialogando y esperando propuestas, no faltaban: Ángel Ventura Valle, David Jiménez González, aparecieron en el panorama que aún no diluía por completo a Salgado Brito. Finalmente, el viernes llegó algo de claridad, habría un gabinete de reconciliación formado por personas de los partidos políticos con representación en el Congreso, y el gobernador sería un ex diputado priista que mantenía buenas relaciones con el PAN y PRD: Jorge Morales Barud.
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