La consejera presidenta del Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana (Impepac), Mireya Gally Jordá, afirmó que mientras el Ejecutivo y Legislativo siguen decidiendo quién debe entregar la ampliación presupuestal solicitada, la crisis económica que padecen es grave, continuando con el despedido de personal.
A finales de septiembre la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública del Congreso local dictaminó en sentido negativo la propuesta del gobierno estatal para que del presupuesto del Legislativo otorgaran una ampliación por 152 millones de pesos solicitada desde principios de año por el órgano electoral.
En entrevista, la consejera presidenta explicó que cada quincena han tenido que mover el presupuesto internamente para hacer los pagos correspondientes, pero esto no ha impedido que tengan que liquidar a personal capacitado.
Han sido alrededor de 70 personas despedidas, que fueron contratadas como personal eventual para que participen en el proceso electoral, quienes además tendrían la oportunidad de incorporarse formalmente a la nómina del Impepac, “lo más triste es que hemos tenido que prescindir de personal capacitado que nos costó tiempo y dinero en capacitarlos pero no hemos podido enfrentar la situación”.
Aseveró que está en riesgo el pago del aguinaldo, aunque, reconoció, ha mantenido un diálogo permanente con autoridades estatales a fin de llegar a una negociación en conjunto, requiriendo para terminar el año 20 millones y medio de pesos.
Al iniciar el análisis del paquete económico 2022, la consejera presidenta del Impepac se reunió este lunes con el diputado presidente de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, Agustín Alonso Gutiérrez para manifestarle su disposición de poder explicar la partida solicitada, pidiendo 89 millones de pesos de gasto operativo, cantidad que es similar a la de 2019.
