Diputadas locales consideraron que si bien están en la posibilidad de revisar la propuesta de otorgar una autonomía presupuestal al Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana (Impepac), su viabilidad sería hasta agotar su presupuesto, es decir, no en este año.

La diputada presidenta de la Junta Política y de Gobierno del Congreso local, Ariadna Barrera Vázquez, aseveró que antes de definir la factibilidad, tendrían que analizar dicha petición desde un ámbito jurídico, así como verificar que la justificación por parte del órgano electoral sea la más idónea para acceder a una independencia financiera.

“Tendríamos que revisarlo jurídicamente y de ahí ver qué es lo que están planteando, ver la viabilidad. Si la presentan nosotros la revisamos y vemos la viabilidad”.

Esto luego de que el consejero presidente provisional del Impepac, Pedro Gregorio Alvarado Ramos, indicó a El Sol de Cuernavaca y a El Sol de Cuautla que ya es hora de conceder, como se hizo con la UAEM, una proporción fija del presupuesto al órgano electoral, “de forma que no estén sujetos a vaivenes presupuestarios y a voluntad del Ejecutivo y el Legislativo”.

Lo anterior, al ser una constante la falta de recursos económicos para hacer frente a sus actividades, en especial en medio de un proceso comicial, como ha ocurrido este año, otorgándoles el Congreso local 179 millones 352 mil 921 pesos aunque dicha cantidad se divide en las asignaciones a los partidos políticos.

Por ello, el 21 de febrero el Consejo Estatal Electoral del Impepac aprobó iniciar un juicio electoral en contra del gobernador del estado, la Secretaría de Hacienda y el Congreso del estado, por no entregar al instituto los recursos necesarios para la organización y desarrollo del proceso electoral 2020-2021, al no atender además su solicitud de ampliación presupuestal.

La diputada Dalila Morales Sandoval, del PAN, expresó estar de acuerdo con la autonomía financiera al Impepac, siempre y cuando la cantidad que se les vaya a otorgar sea comprobable y fiscalizable, garantizando que el recurso no será utilizado de forma discrecional, ni lacerando a los ciudadanos.