Congreso inicia trámite de nuevo juicio político contra Cuauhtémoc Blanco

Todo servidor público está expuesto a un juicio político cuando no cumple con su labor, externó Francisco Sánchez Zavala, presidente de la Mesa Directiva

Jessica Arellano | El Sol de Cuernavaca

  · martes 13 de junio de 2023

Sobre el tratamiento de la denuncia, el presidente de la mesa directiva puntualizó que respetarán todo el proceso legislativo. / Agustín Espinoza | El Sol de Cuernavaca

El presidente de la Mesa Directiva del Congreso del Estado de Morelos, Francisco Erik Sánchez Zavala comentó que evaluarán la solicitud de juicio político que presentó la Nueva Asociación de Abogados Morelenses para México (NAAME), para darle el trámite correspondiente.

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El lunes 12 de junio, la Nueva Asociación de Abogados Morelenses para México (NAAME) y la Barra de Abogados del estado de Morelos entregaron a la Junta Política y de Gobierno del Congreso Local una denuncia de juicio político contra el gobernador Cuauhtémoc Blanco Bravo, y de exigencia de renuncia del comisionado estatal de seguridad José Antonio Ortiz Guarneros.

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Sánchez Zavala señaló que todo servidor público está expuesto a un juicio político cuando no va acompañado con hechos el cumplimiento de labor.

Por lo que indicó que estarán evaluando la solicitud hecha por los grupos de abogados y darle el trámite correspondiente.

Es muy desafortunado que el Congreso de Morelos llegue hasta estos niveles, es muy lamentable que pase en cualquier estado de la república, esto no debería estar pasando, porque entonces estaríamos hablando que el Gobierno Estatal estaría haciendo bien su trabajo, y lamentablemente no es así”, dijo.

Indicó que la inseguridad es un lastre en Morelos que impide el desarrollo económico y que la población puede salir libremente a la calle.

Hay un proceso legislativo que hay que seguir y se tiene que respetar” dijo.

La denuncia que presentan diversas barras de abogados es por los siguientes motivos: “acción, omisión, contravención a la Constitución, a las leyes en materia de seguridad pública, desde lo federal hasta lo local, así como la inaplicación y ruptura de los planes, programas, proyectos, así como desvío y/o subejercicio de los presupuestos en materia de seguridad”.



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