Integrantes del Colegio de Arquitectos, Sección Cuautla, dieron a conocer la denuncia que promovieron ante el ministerio público para recuperar el acceso a sus oficinas centrales, ubicadas en la Unidad Deportiva "José María Morelos y Pavón", luego de que, desde junio pasado, el gobierno municipal cambiara los candados de la puerta. Hasta entonces, los arquitectos utilizaban este espacio para las reuniones que sostenía el cuerpo colegiado. Desde entonces, la sala tiene otros usos, entre ellos el de proporcionar clases de baile.
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"Esa sala se construyó con el esfuerzo de todos. En ningún momento el ayuntamiento puso un solo peso. Tuvimos proveedores que fueron los que nos apoyaron con material. Nosotros organizábamos comidas para sacar recursos para la mano de obra, y es por eso que nos duele", dijo Arturo Domínguez, decano del colegio.
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Fue en junio pasado cuando, 20 años después de recibir el predio en comodato y encargarse ellos mismos de la construcción del edificio, junto con proveedores aliados, los arquitectos dejaron de tener acceso a las instalaciones. Aunque intentaron dialogar con el presidente municipal, Rodrigo Arredondo, optaron por iniciar la denuncia en diciembre. El jefe del cuerpo de abogados que hoy defiende al colegio, Daniel Barranco aseguró que hay motivos suficientes para exigir la devolución de las instalaciones.
"Ellos tienen un derecho reconocido que el ayuntamiento no puede quitárselos. Lo que encuentran los arquitectos al llegar, en junio del año pasado, es que ya se encuentran cambiadas las chapas, candados y no hay posibilidad de entrar. Eso constituye, en el derecho penal, un delito denominado despojo", dijo el abogado.
De acuerdo con el Colegio de Arquitectos, el valor actual del inmueble asciende a los 2.5 millones de pesos, además del mobiliario y equipo que estaba dentro.
"Desde que nos quitaron la sede, hemos tenido lugares alternos. Uno de ellos ha sido el Hotel Villasor, y otros con el apoyo de nuestros propios proveedores, que nos proporcionan una sala de juntas", dijo Arturo Troncoso, presidente de la asociación civil.
Tras iniciar la denuncia, la autoridad judicial dispuso de dos meses para el periodo de investigación, tras el cual se podrá judicializar la carpeta. Sin embargo, los arquitectos tambień plantearon la posibilidad de llegar a un acuerdo con la autoridad municipal.