"Nadie sabe lo que tiene hasta que se pierde", dice Leonardo Gutiérrez Muñoz, quien al igual que las otras 28 familias que habitaban la Hacienda Vieja de Zacatepec, víctimas del sismo del 19 de septiembre de 2017, se sienten cansados y vilipendiados por las autoridades municipales que aún carecen de un censo de los damnificados y, menos aún, del avance que hay.

Todavía en la calle, donde a lo largo de cuatro años han sustituido una y otra vez las casas de campaña por un techo provisional de lámina, cartón, pedazos de madera y plásticos, en la entrada de la deteriorada Hacienda Vieja hay más de tres familias.

Al no poder costear una renta, al menos cinco familias regresaron a vivir al multifamiliar. Para Leonardo no fue problema porque su casa, en la planta baja, no sufrió daños graves al estar reforzada con columnas. Aún así está consciente de que debe ser reubicado.

"Todas las familias de la Hacienda Vieja somos los herederos de las familias de obreros o trabajadores del ingenio; llegaron a trabajar a esta industria, aquí les dieron para vivir, aquí formaron sus familias y no es justo que ahora tras el sismo el INAH les niega la reconstrucción y los quieren fuera y no les dan la garantías de la reubicación en las nuevas viviendas que les construyeron fundaciones para ellos, fundaciones que confiaron en la autoridad municipal de Oliva Ramírez, quien compró un terreno que sigue irregular y los tienen sin una casa digna".

En el interior hay una familia que vive de una precaria pensión. Él, con 92 años, depende al 100 por ciento de su esposa, quien no puede salir a trabajar, por lo que después de un año pagando renta regresó, aunque con miedo de que pueda colapsar la entrada, el techo de su cocina u otro extremo de la hacienda.

La casa que tenían Yolanda Román y su esposo Francisco Vargas estaba en la parte alta de la hacienda, la más afectada, pues se cayeron las vigas de hierro: "Como pudimos salimos mi esposo y mi nieta", dice al recordar el terror que vivieron y volvieron a sentir en el sismo del pasado 7 de septiembre.

A un lado estaba la casa de Fabiola Ortega, la representante de los damnificados de este inmueble: "Éramos 117 personas, incluyendo niños, un total de 30 familias, pero la relación es de 34 ya que cuatro son de los que vivían en el Hospital Viejo, pero a dos los sacaron por no tener Fonden".

Ellos tienen año y medio esperando la legalización y los servicios públicos de las viviendas que ya les construyeron en un terreno que la presidenta municipal consiguió en forma irregular, de ahí que la incertidumbre sea tan grande como si no tuvieran nada.