Aunque el Congreso ha construido un andamiaje jurídico suficiente mediante siete reformas legales para garantizar una vida libre de violencia contra las mujeres, Morelos superó este año su récord histórico de feminicidios, al ubicar la cifra en 36, lo que se explica por la inoperancia del Ejecutivo en materia de protección a las mujeres y prevención de delitos y la falta de seriedad general en las autoridades para tratar seriamente el problema de la violencia de género, advierte la diputada Paola Cruz Torres, en entrevista con El Sol de Cuernavaca y El Sol de Cuautla.
“Tenemos un Ejecutivo que no entiende que hay que generar las políticas públicas en su materia de acción, que es la atención, la prevención y la reparación y no repetición de la circunstancia de las víctimas”, asegura la diputada y feminista, “los diputados hacemos nuestra parte que es legislar para prevenir y castigar la violencia y formar territorios de paz para las mujeres”.
Desde hace dos años empezó a atenderse la urgencia de legislar en el marco del feminicidio, del que además fue víctima una diputada, Gabriela Marín; “a un año del hecho, no hubo ni un pronunciamiento del gobernador ni de su gabinete, ni una solicitud a la Fiscalía General de la República para que atrajera el caso ni un pronunciamiento de reparación a las víctimas, a su familia, por este atentado”.
Desde 2019 se han cometido en Morelos 139 femicidios reconocidos por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Además, sólo en los primeros nueve meses de 2023, más de 300 mujeres han sido víctimas de violación. “En este escenario de violencia nos pusimos a trabajar en lo que nos toca, y logramos consensos para las reformas que hacen que en Morelos los delitos de feminicidio y violación no prescriban. Parece que estábamos en no sé qué siglo, pero esto no estaba legislado, lo propusimos, se aprobó y hemos ido avanzando”.
Cuando se hizo el estudio sobre los feminicidios en Morelos, asegura la diputada, notaron que familiares de los victimarios los protegían sin penalización, y recuerda un caso ocurrido en Cuautla, en que el padre de un feminicida lo protege y se lo lleva del estado. “Nos vimos en la necesidad de apropiarnos de la ley Monse para sancionar a los familiares que protegen el delito de feminicidio”,
Y en el mismo análisis se descubre otro caso, también en Cuautla, “que se ha vuelto una región de mucha violencia que ha afectado principalmente a las mujeres. Hoy Morelos es uno de los estados más peligrosos para nacer, crecer y desarrollarse siendo mujeres”. En ese otro caso, el feminicida logró escapar “porque medios de comunicación y servidores públicos filtran imágenes de la víctima y de los hechos… entonces adoptamos también la Ley Ingrid para evitar que se siga victimizando a las familias y a las víctimas, mediante la publicación de imágenes que hoy ya será penalizada”.
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Paola Cruz advierte que “hay feminicidas que tienen la patria potestad de sus hijos; nos vemos en la necesidad de crear otra ley a partir de una propuesta del Congreso de Puebla que no habían logrado aprobar, que es la ley Monzón, que hace que pierdan la patria potestad quienes cometieron feminicidio”.
Y luego nos damos cuenta que hay muchos elementos que tienen que ver con la violencia porque las autoridades no están haciendo su trabajo correctamente y que hemos dejado a la voluntad del Ejecutivo estatal y los ayuntamientos si quieren llevar a cabo las políticas públicas. No tenían como tal una obligatoriedad de aplicar estrategias para frenar la violencia contra las mujeres, entonces para que se sintieran motivados hicimos una iniciativa de ley que podría ser aprobada antes de que termine el año, en que se modifica la ley de servidores públicos para que sea causal de juicio político la omisión de las autoridades en cumplir con las obligaciones dictadas por la Alerta de Violencia de Género y por la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia”, explica.
Paola Cruz plantea el que considera un problema específico de Morelos; “¿Cómo le entrábamos cuando tenemos un Cuauhtémoc Blanco insensible, y alcaldes como el de Cuautla que le vale gorro, pues, bueno, vamos a meterles una acción coercitiva a ver sin con la obligatoriedad de lo dispuesto en la ley entiendan que deben garantizar un territorio de paz. Porque eso que está en la ley, como no están absolutamente obligados, se vuelve un manual de buenas intenciones, y no podemos permitirlo”.
El Congreso ha logrado la aprobación de seis reformas legales, una de ellas constitucional, que busca garantizar desde la ley que constituye la entidad el acceso de todas las mujeres, desde la niñez, a una vida libre de violencia. “Este simple acto va a hacer que toda la obligatoriedad se vea desde la perspectiva constitucional, para que no sean buenas intenciones o ver si quieren atenderla. Porque hoy el Estado no se ha inconformado ni ocupado en atender el problema grave de violencia que vivimos todos los días”.
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Paola Cruz reclama que el tema de la violencia contra las mujeres se ha normalizado e invisibilizado. “Le ponemos más atención a que quemaron un bar a que en menos de una semana hubo tres feminicidios y que esos son puestos en segundo plano”.
Otra forma de violencia contra las mujeres es el incumplimiento de la pensión alimenticia, asegura la diputada; “el 46 por ciento de los hogares en el país están conformados por mujeres jefas de familia, es decir, hay una gran ausencia de paternidades, hay un gran número de masculinidades que no están siendo responsables de sus hijas e hijos. ¿Y el Estado cómo responde en esta situación?, por eso hicimos otra iniciativa de ley que espero se apruebe este año que es la Ley Sabina, que impacta cinco ordenamientos para lograr la obligatoriedad del pago de pensión alimenticia, que es un bien para los menores y no está suscrita solamente al tema de los alimentos, sino con el bien vivir, educación, salud, recreación”.
También se presentó la iniciativa para definir la violencia vicaria, la que ejercen los hombres a sus parejas a través de sus hijos, que incluye la sustracción de menores. “En esta iniciativa no sólo definimos, también penalizamos la violencia vicaria, y la sustracción de los menores, había muchos que secuestraban a sus hijos y se los llevaban a otras partes de la república y las mamás ya no los podían recuperar”, explicó.
Adicionalmente, Paola Cruz propuso la iniciativa tres de tres contra la violencia de género, que no pasó en el plano local, pero sí en el federal, con lo que ningún agresor de mujeres podrá ser candidato a cargos de elección popular, a magistraturas, ni podrá emplearse en la administración pública federal, estatal o municipal. “Hay muchos agresores que estaban siendo protegidos desde las instituciones. Lo que logramos desde el movimiento feminista es que lo aprobado a nivel federal, se tiene que desdoblar en lineamientos que debe establecer el Instituto Nacional Electoral, y ahí está la batalla porque han sido un poco laxos con lo que nosotros pretendemos”.
“Todo lo que hemos generado ha sido porque escuchamos a las mujeres. Las iniciativas deberían venir del Ejecutivo, pero no ha sido así, hemos escuchado a las mujeres y al movimiento feminista, y falta mucho por hacer, pero esto es el avance que llevamos en la construcción de un territorio de paz para las mujeres”, asegura Paola Cruz.
Pero con todo ese andamiaje jurídico la violencia contra las mujeres aumenta todos los días. Las cifras muestran un aumento superior al 36 por ciento en lo que va del año respecto a todos los feminicidios de 2022, y en los mismos nueve meses, 499 casos de abuso sexual, 361 de violación, más de cuatro mil de violencia familiar con víctimas mujeres, 268 casos denunciados de incumplimiento de obligaciones de asistencia familiar, obligan a preguntarse qué está fallando.
Paola Cruz asegura que el problema mayor es la omisión del Estado para cumplir las leyes que protegen a las mujeres, “por eso nos fuimos al tema del juicio político, para obligar al gobierno estatal y los municipales a que cumplan con lo que manda la ley en materia de prevención y sanción. Hemos hecho propuestas, ya no de mi autoría, pero nos hemos sumado, para que el Poder Judicial también esté obligado a juzgar con perspectiva de género, y debemos revisar una gran reforma al Poder Judicial que incluya la digitalización de expedientes que generará prontitud en el acceso a la justicia. Sólo en Cuautla la mayor cantidad de expedientes son en custodia y pensión alimenticia, es donde se tiene la mayor carga de trabajo. Entonces la sala que estará allá tendrá que concentrarse mucho en lo familiar.
"Hemos construido aliados en el Congreso para legislar en protección de mujeres, si no fuera por todos los partidos políticos estas reformas no hubieran salido. Ahora viene la discusión de presupuesto, y uno de los organismos que menos pidió incremento en su presupuesto fue el Instituto de las Mujeres, y en medio del proceso electoral y con la cantidad de candidaturas en paridad, habrá una gran cantidad de mujeres víctimas de violencia política de género y no es solamente la de groserías, también de amenazas sobre su vida, de otros actores o de la propia delincuencia organizada. Tendremos que ver cómo vamos a trabajarlo con el Instituto de las Mujeres y cómo abonar a que esté preparado para enfrentarlo, también debemos verlo con el órgano electoral, no sé si esté contemplando la perspectiva de género", sentenció la diputada.
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