La filtración a través de redes sociales de la orden para realizar un cateo en el Centro de Asistencia Social para Adolescentes (CASA) del DIF Estatal y el centro para el tratamiento de adicciones "Siani", en Temixco y Jiutepec respectivamente, provocó que un juez de control anulara el operativo, reconoció la Fiscalía Anticorrupción, aunque la investigación sobre presunto maltrato y desaparición forzada de menores en ambos centros sigue su curso.
En el terreno de la propaganda, el gobierno estatal y la fiscalía intercambiaron acusaciones después de la resolución del juez; el Ejecutivo, a través de un comunicado, aseguró que el operativo había sido anulado después de que el juez concluyó que se habían violado los derechos humanos de los menores durante los cateos.
En un comunicado, la Coordinación de Comunicación Social aseguraba que en la audiencia con el juez de control “se resolvió que los cateos realizados por parte de la Fiscalía Anticorrupción violaron derechos humanos de los adolescentes al tratarlos como delincuentes y al cometer abuso de autoridad”; y atribuyó a la fiscalía “actos de violencia, inconsistencias, presencia de policías de investigación criminal con armas largas y vulneración de derechos humanos” que aseguranza fueron argumentos para que el Juez de Control determinara que “la fiscalía incurrió en probable responsabilidad al atentar en contra de la integridad de los adolescentes involucrados”.
Y remataba asegurando que “por lo anterior, el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Morelos y la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños, Adolescentes y la Familia condenan los hechos y reiteran su postura en relación a lo acontecido, con razón en los procedimientos legales y de justicia”, y prometiendo: “esta administración seguirá actuando con total transparencia para proteger y restituir los derechos de las y los morelenses”.
Casi tres horas después, la Anticorrupción emitía una aclaración asegurando que “el Gobierno de Morelos miente al asegurar en un comunicado de prensa, que un Juez determinó que la Fiscalía Anticorrupción trató como delincuentes y violó los derechos humanos de los menores ingresados en el Centro de Asistencia Social para Adolescentes (CASA) del DIF Estatal y el centro para el tratamiento de adicciones "Siani", ya que durante los cateos ningún elemento armado ingresó a las citadas instalaciones”.
En audiencia celebrada este día 4 marzo del 2021, un Juez de Control resolvió anular el cateo debido a que existió la filtración de la orden en redes sociales, determinación que la fiscalía ha empezado a combatir en lo jurídico.
