Secretarios de despacho confirmaron que el grupo de diputados que votó el presupuesto condicionó su aprobación a cambio de varios beneficios, y dejaron entrever que solicitaron hasta recursos económicos, pero en las condiciones en las que pretendían que se aprobara el paquete presupuestal hubiera sido inoperante, porque además de querer cancelar las transferencias, la concesión de la basura y el reemplacamiento, exigieron asignación directa de 30 millones de pesos etiquetados en obra para cada uno. Destacaron que en las condiciones en las que aprobaron el presupuesto, será inminente una parálisis gubernamental.
Al encabezar una conferencia de prensa, el secretario de Hacienda, Alejandro Villaeral Gasca; el consejero jurídico, Samuel Sotelo; el titular de Obras Públicas, Fidel Gimenez Valdez, y el secretario de Desarrollo Agropecuario, Guillermo López Ruvalcaba, informaron uno por uno, que los legisladores dejaron de considerar la situación real de la entidad en materia financiera y si aceptan el presupuesto que 15 de ellos avalaron antes de que concluya el año, la admnistración estatal y otros como el Poder Judicial, colapsarían tarde o temprano.
Villareal Gasca cuestionó la asignación directa que se hizo por parte del Congreso por una cantidad de 10 millones de pesos para una asociación, que carece de fundamento; además, sin el conocimiento que se requiere, disminuyeron el pago del servicio de deuda; "lo programado para el pago de deuda bancaria generaría al Ejecutivo no poder pagar a capital e intereses de casi 10 mil millones de pesos; por el contrario, ellos se autorizaron un dinero para las deudas, pero no hemos visto ninguna sola acción en contra de la pasada legislatura, están más preocupados por ver lo que sacan de este paquete económico antes de ver qué es lo que pasó con la admnistración de la Legislatura anterior".
Al ser cuestionado respecto a las exigencias que hicieron los diputados a cambio de aprobar el presupuesto, Alejandro Villareal, dijo: "lo que pasa es que todo depende con el cristal con que se mira, pero dejaría el tema al decir que hubo una solicitud de acuerdo con temas particulares para que transitara el paquete económico; había una situación muy particular".
Pusieron sobre la mesa aprobar el hecho de que el Ejecutivo pudiera hacer las transferencias sin la autorización del Congreso, también con el visto bueno que el Legislativo revisara la eventual enajenación de bienes del Estado, autorizar el reemplacamiento y la concesión de la basura, pero sólo si el Ejecutivo autorizaba al menos 30 millones de pesos etiquetados para cada legislador, y dejó entrever que hasta un beneficio económico personal, "porque los diputados todo eso lo veían como un negocio".
En esas condiciones no era posible transitar con un presupuesto planeado en otras condiciones, refirió, por eso es que los diputados como José Casas se autorizó 100 millones de pesos para los municipios en el distrito 01 que representa, mientras otros municipios con mayores necesidades, como Jojuta, no tiene un solo peso.
El paquete presupuestal, sostuvo, "fue votado por un grupo de 15 legisladores y a la fecha no queda firme esta terminación seguimos en ese proceso de revisión con las áreas del Ejecutivo para, en su caso, el gobernador del estado, haciendo uso de la facultad que le otorga la Constitución, hacer las observaciones pertinentes", subrayó el consejero jurídico, Samuel Sotelo Salgado.
Por su parte, la presidente de la Junta Política y de Gobierno del Congreso local, Tania Valentina Rodríguez Ruiz, tachó como "cortinas de humo" las declaraciones del secretario de Hacienda, Alejandro Villarreal Gasca, al afirmar que los legisladores exigían 30 millones de pesos etiquetado en obra pública para cada uno en el paquete económico 2019 del Poder Ejecutivo.
Enfatizó que en lugar de dar estas declaraciones, que no abonan al bien de Morelos, expliquen la estrategia de seguridad a implementar tras registrarse un aumento en los índices delictivos.
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