Esmeralda González Cortes, activista por los derechos de los pueblos indígenas originaria de Hueyapan, denunció ser víctima de un grupo de personas del municipio indígena que la hostigan y amenazan. Asimismo, también señaló ser “presa” de una persecución de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción del Estado de Morelos (FECC).
La presunta persecución de la fiscalía anticorrupción morelense derivó, dijo, en un cateo sin justificación en su domicilio realizado por agentes del organismo, con lo cual cerraron también la escuela comunitaria “Preservación y revitalización de la lengua materna Náhuatl”, a pesar de no ser notificada de algún procedimiento en su contra.
González Cortez acudió este martes 21 de marzo a las instalaciones del Congreso del Estado de Morelos para solicitar la intervención del Legislativo Local ante la situación que padece, luego de considerar que sus derechos fueron violentados.
“Hago una denuncia pública contra la Fiscalía (Anticorrupción) de Morelos que cateó mi domicilio de manera violenta y arbitraria, ya que no tengo ningún problema legal y nunca he sido notificada de alguna denuncia penal o de cualquier otro procedimiento penal en mi contra”, externó la también promotora cultural.
Esmeralda contó que el pasado jueves 16 de marzo al dirigirse con su familia al campo a trabajar recibió una llamada dónde le alertaron que su domicilio estaba siendo intervenido por las autoridades de la FECC, las cuales presuntamente iban comandadas por los concejales administrativos (indígenas municipales) Guillermina Maya Rendón (vocera), Benigno Montero Castellanos, Agustín Pérez, y otros que señaló, serían parte del Consejo Mayor de Hueyapan.
La activista atribuyó estos hechos a que luego de una asamblea realizada een noviembre del 2022, cuestionó y señaló supuestos malos manejos de los recursos económicos por parte las autoridades municipales.
Desde entonces, señaló, ha sufrido estos actos en su contra, incluso dice que fue golpeada por un grupo de cinco hombres en estado de ebriedad.
Agregó que desde el pasado jueves 16 de marzo no ha podido ingresar a su domicilio, teniendo que pernoctar afuera con sus vecinos.
“Exijo la devolución de mi casa, la devolución de la escuelita de náhuatl que desde el jueves 16 de marzo se encuentra asegurada por la fiscalía, exijo que me dejen vivir en paz, que se respeten mis garantías y derechos constitucionales”, expreso la activista de la comunidad indígena.
Por último, señaló que están haciendo lo conducente en el tema legal para presentar la denuncia correspondiente por estos actos en su contra.
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