El aumento gradual de los problemas en Morelos, la indiferencia gubernamental ante la cada vez más exigente ciudadanía morelense y los enconos políticos que agobian la entidad, pareciera encaminarla hacia un precipicio inminente. Colocado hoy en las puertas de la crisis humanitaria en el Congreso, dicen que una vez aprobado el presupuesto la obligación es del Ejecutivo estatal de dar respuestas y soluciones, la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos (CDHEM) advierte que señala, informa y obtiene a cambio represalias y en el Ejecutivo morelense responde que se hace lo que se puede porque los problemas ya estaban desde hace mucho.
Le toca al Ejecutivo, dice el Congreso del Estado
Para el presidente de la mesa directiva del Congreso, Erick Sánchez Zavala, recientemente a entrado en polémica por las expresiones del gobernador sobre la ubicación de fosas en Yecapixtla en el periodo en que le tocó ser alcalde.
Primero negó que hubiera alguna ruptura entre el Legislativo y Ejecutivo, por el contrario, existe un respeto entre las instituciones, “lo que pediría al gobernador (Blanco Bravo) es que se encargue de generar paz en el estado, lamentablemente Morelos vive momentos muy difíciles y la gente tiene miedo de salir a las calles”.
Cualquier hecho que se le quiera endilgar sobre fosas y cualquier otro hecho relacionado con la entidad, el hoy presidente de la mesa directiva conminó al mandatario estatal a evaluar si él tiene conocimiento del territorio estatal, como él y todos los morelenses nacidos en esta entidad, pero sobre todo que la seguridad actual es responsabilidad del Ejecutivo.
Pero sobre todo “hay que preguntar a la gente si se siente segura, si los hospitales tienen el servicio que le toca brindar al estado, si la educación y el mobiliario son de buena calidad”; el Congreso por lo tanto hace lo que le corresponde, trabajar en un presupuesto que ayude a las familias y que llegue a los intereses de los morelenses, no a quién hoy está manejando el recurso en el estado”.
Incluso solicitó a los responsables si consideran que las cosas están bien como están que se queden así y el Congreso no hará nada, pero “si queremos hacer cambios reales y profundos se tienen que cambiar las formas y fortalecer a esos entes que vigilan que los recursos de los morelenses estén bien aplicados”.
Lo que urge en la entidad, planteó Erick Sánchez Zavala, es que cada uno asuma su responsabilidad y no echar culpas a cada rato y por todo, “yo estoy a favor de que se investigue todo y que se descubra, pero sobre todo que se acabe con la inseguridad que hay en el estado”. Porque tanto el comisionado como el gobernador son los principales responsables de la seguridad.
Opinamos y señalamos, y nos reprenden: CDHEM
Para el presidente de la CDHEM, Raúl Israel Hernández, la responsabilidad sobre el aumento del problema y la falta de acciones debe ser compartida, no obstante, como nunca desde el organismo que encabeza se ha levantado la voz para señalar la falta de resultados en la estrategia de seguridad a cargo del comisionado estatal de seguridad pública y del gobernador del estado.
“Personalmente acudí a la Mesa para la Reconstrucción de la Paz y la Seguridad en el estado, a invitación de funcionarios federales”.
Comentó que fue enfático ante los funcionarios federales y estatales en que la participación y la presencia de las fuerzas federales en el estado bajo ninguna circunstancia relevan al titular de la Comisión Estatal de Seguridad Pública (CES), José Antonio Ortiz Guarneros y al gobernador, Cuauhtémoc Blanco, de su responsabilidad para dar los resultados que los morelenses esperan.
Es evidente la falta de resultados, expuso, pero sobre todo es muy fácil para estos dos funcionarios señalados excusarse, especialmente cuando hay cero detenidos en flagrancia sobre todo en hechos violentos como homicidios dolosos y feminicidios, y solo de esta manera se explica de la carente política para generar inversión en tecnología, en equipo y fuerza policial, así como en cámaras de vigilancia.
Pero Raúl Israel Hernández destacó que desde el trabajo que han documentado a partir de la labor del organismo mediante recomendaciones, iniciativas, diagnósticos de la situación en los centros de reinserción social, “te puedo decir que lo que hace falta es que este trabajo lo vean como instrumento a partir de los cuales puedan detectar en qué se está fallando y en qué se puede mejorar para generar condiciones favorables y mayor seguridad”.
En ese encuentro con las autoridades de la mesa de la paz dijo toda esta información que pueda ayudarles en la toma de decisiones, y desde el gobierno federal se puedan establecer directrices de actuación para que el gobierno las cumpla, porque en su opinión no basta tener una estrategia de seguridad y tampoco un campo de acción si en lo material y en la realidad las personas que están para cumplirlas no dan los resultados que se esperan.
El ombudsman estatal planteó que entre las autoridades federales hay voluntad y sobre todo capacidad de atención, aunque en lo estatal no sea así. “Lo que realmente se necesita es inversión en equipo, tecnología y personal para comenzar a inhibir la delincuencia, porque hoy estos hechos violentos se hacen con impunidad y tranquilidad por la falta de presencia policial que hace tanta falta”.
Pero es urgente “que el gobernador destine los recursos necesarios para que en este tema central de la agenda del estado se comience hacer algo, pero además debe preocupar y ocupar a todos porque todos pueden hacer y contribuir con algo, sin importar que pueda ser parte o no del esquema de seguridad”. En el caso de la CDHEM no ha dejado de señalar, documentar y mostrar las fallas.
Dejó en claro algo que hoy está pasando como es el hecho de que la responsabilidad del gobierno del estado no puede simplemente diluirse con la presencia de las fuerzas federales en la entidad, la seguridad pública en el estado está a cargo del gobernador y del titular de la CES, sin importar el modelo de mando coordinado, son estos dos los responsables y a quienes se les debe atribuir la falta de resultados.
Los factores que todavía complican la gobernabilidad
Antes de asumir o repartir culpas en el Ejecutivo, permea la idea que se hace lo que se puede o hasta dónde alcanza, el secretario de Gobierno, Pablo Ojeda Cárdenas, lo tiene muy claro, en la entidad “hay un factor que hace muy complicada la gobernabilidad, es un factor que está arraigado desde hace mucho tiempo, que es la infiltración de la delincuencia en la clase política del estado; y no solamente en la política, también en la policía estatal y municipales, en las ministeriales, en las fiscalías e incluso en instituciones federales que están destacamentadas en Morelos”.
Por eso, desde el Ejecutivo, dijo, está considerada la política pública del mando coordinado como una eventual y gradual solución y que se decidió usar porque originalmente la seguridad pública correspondía al municipio en términos de lo que establece el artículo 115 de la Constitución, y ante las dos posibilidades que hay para hacerse responsable del tema desde el gobierno del estado, como en caso de emergencia según fue como Graco Ramírez se los impuso a los ayuntamientos en la pasada administración, y la otra es por un convenio por acuerdo entre municipios y el estado.
Como encargado de la política interna, pero además de tres años sin resultados, afirmó que sigue pensando que ese modelo es la estrategia correcta y por eso ya se ha platicado con los presidentes electos, quienes estarán en libertad de decidir con su cabildo quienes quieran continuar o no en el convenio que se revisa cada año, y hasta hoy ninguno ha decidido abandonarlo.
Insistió que esa estrategia de seguridad continuará en los siguientes años y si alguno de los ayuntamientos considera que no debe continuar, puede no firmar el acuerdo y no habrá represalias de ninguna forma.
