Será hasta el próximo mes de febrero cuando los diputados retomarán el análisis para definir "el rumbo" de la Junta Política y de Gobierno del Congreso del Estado, luego de que el G-11 (PAN/PRI/MC/Panal) 'removió' de la presidencia del órgano a la diputada Paola Cruz Torres, de Morena.
Al respecto, el coordinador del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, Óscar Cano Mondragón, confirmó que en este momento no se puede atender el tema debido a que el Congreso se encuentra en un periodo vacacional y durante el mes de enero estará en operación la Diputación Permanente: "Así que es un tema que se valorará hasta febrero. Ahorita no podemos hacer nada", precisó.
Antecedentes
En sesión nocturna del domingo 12 de diciembre, el bloque de diputados del G-11 retomó la sesión que se encontraba en receso y aprobó un acuerdo a través del cual acordaron 'remover' a la diputada Paola Cruz Torres de la presidencia de la Junta Política, y al resto de los diputados -con excepción de los morenistas Macrina Vallejo y Arturo Pérez Flores- les fueron retiradas las presidencias de las comisiones legislativas que les habían sido asignadas en el mes de septiembre.
La Junta Política y de Gobierno "es la expresión de la pluralidad del Congreso del Estado; por tanto es el órgano colegiado en el que se impulsan entendimientos y convergencias políticas, con las instancias y órganos que resulten necesarios, a fin de alcanzar acuerdos para que el pleno del Congreso adopte las decisiones que constitucional y legalmente le corresponda".
Con base en el artículo 45 de la Ley Orgánica del Congreso, la Junta Política se integra con un presidente, un secretario y vocales, y sus decisiones se deben adoptar por mayoría calificada mediante el sistema de voto ponderado, en el que los coordinadores de los grupos parlamentarios representan tantos votos como integrantes tenga su grupo o fracción parlamentaria.
Actualmente las oficinas de la Junta Política y de Gobierno se encuentra con sellos de aseguramiento por parte de la Fiscalía Anticorrupción a petición del G-8 (Morena/PT/RSP/PES) hasta en tanto se 'clarifica' la legalidad en el proceso de remoción de la presidencia de la Junta Política y de las comisiones legislativas.
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