La cantante colombiana Shakira comenzará su batalla en los estrados contra la Justicia española, luego de que una jueza diera inicio este martes a un juicio en su contra por evasión de impuestos.
La juzgadora determinó que la Audiencia de Barcelona lleve el proceso de la colombiana, para quien la Fiscalía de España pide ocho años y dos meses de prisión así como una multa de 23.9 millones de euros por los seis delitos contra la Hacienda Pública que le imputan.
De acuerdo con la investigación –que lleva en curso varios años– Shakira habría defraudado al fisco español con la cantidad de 14.5 millones de euros entre los años 2012 y 2014, simulando que no residía en el país.
La cantante ya pagó la cantidad que la Agencia Tributaria de España le exigía –más otros tres millones de euros en intereses–, lo que no impide que tenga que sentarse en el banquillo a instancias de la Fiscalía.
El pasado mes de mayo, la Audiencia de Barcelona avaló la decisión del juez de enviar a la cantante colombiana a juicio, ante los indicios de que residía en España de manera habitual entre los años 2012 y 2014: primero en la capital catalana y después en una vivienda de la cercana localidad de Esplugues de Llobregat que compró con su expareja, el futbolista del FC Barcelona Gerard Piqué, a través de una sociedad.
Según el ministerio público, esa vivienda constituyó el domicilio familiar de la artista, cuyas estancias fuera de España durante ese tiempo lo fueron por motivos profesionales, con una duración muy corta, a excepción de la temporada en que participó en el programa estadounidense The Voice (61 días en 2012, 118 en 2013 y 117 en 2014).
La acusación sostiene que, al haber residido en España más de 183 días al año, Shakira era residente fiscal en España y tenía la obligación de tributar por la totalidad de su renta mundial, tanto respecto al Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) como al impuesto del patrimonio.
Para evitar hacerlo, según la Fiscalía, Shakira utilizó un entramado de sociedades, con sede en las Islas Vírgenes Británicas, Islas Caimán, Malta, Panamá y Luxemburgo, con el fin de ocultar su renta y su patrimonio.
La Fiscalía sostiene que el esquema con el que se benefició la cantante consistía en que sus empresas figurasen formalmente como titulares de los ingresos, mientras que ella solo constaba en último lugar y algunas sociedades radicadas en paraísos fiscales a las que fueron a parar la mayor parte de sus ingresos.
Asimismo, el Ministerio Público español asegura que –asesorada por varios profesionales– la cantante llegó a acuerdos con las autoridades fiscales de Luxemburgo, los denominados Tax Ruling, para conseguir condiciones específicas y privilegiadas de tributación en los años 2008, 2012 y 2013.
Esos acuerdos, según la Fiscalía, dieron pie a una mínima tributación fiscal, de tan solo el 2 por ciento de los ingresos generados, permitiendo transferir a sociedades o cuentas de la cantante el grueso de sus ingresos.
Los últimos acuerdos Tax Ruling los suscribió cuando ya vivía de manera habitual en España, pero en ningún momento informò sobre ellos a las autoridades tributarias españolas, asegura el Ministerio Público.
El equipo legal de la cantante ha mantenido varias conversaciones con las acusaciones para alcanzar un pacto, pero Shakira rechazó las ofertas.
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