A pesar de solamente recibir el uno por ciento del presupuesto para obra durante el año 2023, la presidenta municipal de Puente de Ixtla Claudia Mazari Torres, rechazó acudir a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para iniciar alguna controversia constitucional contra el Congreso del estado.
En entrevista, señaló que la postura es tomar el dos por ciento en participaciones otorgadas por los diputados locales, porque eso contribuye a mantener la operatividad del ayuntamiento.
Puente de Ixtla, destacó que es una de las localidades menos beneficiadas en obra pública para el año en curso, al igual que varios municipios de la zona sur y poniente de la entidad.
¿Van a pedir la acción de inconstitucionalidad por esa situación?
"No vamos a controvertir, estamos al pendiente de la espera del monto de participaciones y aportaciones que se han publicado en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, para este año en enero y febrero. Pero no tenemos contemplado por parte del municipio de Puente de Ixtla presentar una controversia a este presupuesto", respondió.
Sin embargo, dijo que esperaban más apoyo por parte de los diputados, pues tienen comprometidas varias obras de pavimentación de calles, infraestructura y otras más solicitadas por sus gobernados en sus colonias y comunidades.
De los más de 500 millones para obra pública, dijo que para Puente de Ixtla solo hubo cinco millones de pesos, los cuales serán utilizados para la rehabilitación del zócalo de la comunidad.
Para la alcaldesa el Presupuesto de Egresos avalado para los municipios significa un beneficio al incrementarse en un dos por ciento el recurso para participaciones, porque evitan dejar de prestar los servicios hacia sus gobernados.
“de manera general si puedo decir que hay un beneficio al incrementar un dos por ciento a las participaciones a todos los municipios del estado, el recurso de participaciones es lo que nos permite tener operatividad para poder prestar todos los servicios por parte del municipio a la ciudadanía”, reiteró.
Por ello, insistió que suele ser innecesario acudir a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en busca de su amparo, como se había planteado al principio y antes de conocer el gasto público aprobado.
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