Nuevamente los órganos autónomos del estado morelense serán castigados en su presupuesto anual, práctica que hace bastante cuestionable su independencia de los poderes a los que tienen que pedir ampliaciones presupuestales constantes para salir de sus compromisos.
Aunque esto ha arreciado con la 4T, la práctica en el estado inició desde el sexenio de Graco Ramírez, escalando a tal grado que desde el Congreso de Morelos se inició un juicio político contra el exmandatario, que si bien no ha podido avanzar, es una muestra de a lo que pueden llegar este tipo de omisiones.
En el libro El debido proceso constitucional, el abogado, Juan Colombo Campbell, reconoce que las áreas vulnerables para los organismos autónomos a nivel nacional que podrían afectar su independencia, son un presupuesto deficitario y/o dependiente, la falta de autonomía para la designación y contratación de su personal asesor y administrativo y, en general, el acceso a los medios materiales que requiera para su actividad, como edificios, vehículos, maquinarias, etc.
A nivel estatal, existen en total 10 órganos constitucionales autónomos: la Comisión de Derechos Humanos del Estado (CDHM), el Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana (Impepac), el Tribunal Electoral del Estado de Morelos (TEEM), el Colegio de Morelos, Instituto Morelense de Información Pública y Estadística (IMIPE), el Instituto de la Mujer del estado (IMM), el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado (TJA), la Fiscalía General del Estado (FGE), la Fiscalía de Combate a la Corrupción, y la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM).
De forma individual, cada uno de ellos, ha padecido la escasez de recursos económicos, siendo una última opción solicitar ampliaciones presupuestales que, en muchas ocasiones, no se logran concretar o tardan un largo tiempo en hacerlo, limitando sus propias funciones constitucionales, ya que retomando palabras del consejero presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova Vianello, “el cumplimiento de las obligaciones de los organismos autónomos dependen de que los Congresos generen las condiciones financieras para poder cumplirlas”.
TEEM al pie de lucha por su autonomía financiera
Entre el Ejecutivo y Legislativo parece ya una tradición, año con año desmantelar el presupuesto de los órganos electorales, como el Impepac y el TEEEM, sin importar que sea año electoral.
Lo anterior, ha ocasionado en el órgano jurisdiccional en materia electoral una limitante en sus labores, ya que de manera anual cuando hay un proceso electoral tienen que estar solicitando ampliaciones presupuestales porque los recursos otorgados en primera instancia por las y los diputados no es suficiente.
Martha Elena Mejía, magistrada presidenta del TEEM, expresó que para el 2022 están requiriendo recursos por poco más de 40 millones de pesos, lo cual está sujeto al análisis del Congreso del estado; sin embargo, advirtió que de entrada no podrían subsistir si les disminuyen el presupuesto de 33 millones 25 mil pesos que les dieron este año.
Dentro de la propuesta que el gobierno estatal turnó al Legislativo se proyectan recursos por 33 millones 25 mil pesos, misma cantidad que este 2021.
Para el proceso electoral, el TEEM solicitó un presupuesto de 51 millones, mientras que el Ejecutivo recomendó al Congreso local que fueron 28, al final el Congreso autorizó solamente 33 millones 25 mil pesos, y aunque habrían demandado una ampliación de 11 millones, ante la negativa reiterada de los Poderes disminuyeron la cifra a siete millones 900 mil para tratar de sacar los trabajos en la materia.
Esto provocó que el órgano jurisdiccional en materia electoral promoviera un juicio electoral ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) por la insuficiencia presupuestal.
“Nosotros fuimos muy conscientes, ahorrativos, programamos los gastos para pedir lo mismo. Sí es una limitante el estar teniendo que estar solicitando ampliaciones y estar luchando por tener el presupuesto suficiente, si se constituye en una limitante para nuestra función pero con el diálogo y entendimiento con el Ejecutivo y el Congreso hemos salido adelante en este año”.
¿Qué modelo de financiamiento sería el ideal para garantizar su fortaleza institucional y con ello su autonomía? La magistrada presidenta respondió sin dudarlo, autonomía financiera, es decir, que se les fije un porcentaje del presupuesto del estado, por lo menos para año electoral, evitando limitaciones y tener que solicitar dichas ampliaciones; cuando sea año ordinario disminuir el presupuesto porque no tienen el mismo trabajo que en elecciones.
CDHM, limitada para poder llegar a todas las y los morelenses
La Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos (CDHM) es a nivel nacional la que menor presupuesto tiene tomando como referente el número de población que atienden, y a nivel local solo está por encima del Colegio de Morelos, de los otros organismos autónomos.
Para el 2022 la solicitud inicial de presupuesto presentada por la CDHM ascendía a 40 millones de pesos, pero el Ejecutivo modificó la cifra quedando en 15 millones 803 mil pesos, que son los que ha operado en el último año.
El ombudsperson, Raúl Israel Hernández Cruz, afirmó que el presupuesto de la dependencia a su cargo no puede estar en manos de los poderes con los que de alguna manera ejercen algún tipo de control, ya que la comisión se encarga de investigar presuntas violaciones a derechos humanos que la mayoría las comete el poder que por otro lado les asigna el recurso que considera necesario para hacer su función.
Y ¿Qué pasa? Denunció, que lo utilizan para socavar su autonomía financiera, presionar y de alguna manera tener debilitada a la comisión con una política de asignación de presupuesto deficiente y dependiente.
Con 30 años de creación la CDHM no ha podido contar con un edificio propio, gastando un recurso en renta cuando podría destinarse a otra necesidad propia del organismo. El contar con un presupuesto de 15 millones 803 mil pesos ha impedido que puedan llevar sus servicios a todo el territorio morelense, puesto que potencialmente deben atender a dos millones de personas, contando hoy con solo cuatro oficina en Cuernavaca, Cuautla,
En el caso de la Comisión este efecto se da en que no logran llevar sus servicios a todo el territorio del estado, al dar servicio a un potencial de dos millones de personas, hoy solo cuentan con cuatro oficinas en Atlacholoaya, Cuautla, Cuernavaca y Jojutla, pero en las demás regiones con una alta densidad poblacional no tienen presencia, lo que inhibe a la gente que no tiene acceso a internet o no puede trasladarse a estas zonas por la lejanía o por un tema de recursos económicos, siendo una pretensión abrir dos oficinas más.
Por otro lado, este tema les ha afectado en sus tiempos de respuesta en la integración de las recomendaciones de investigaciones, haciendo el esfuerzo de tener entre tres a seis meses como máximo para dar una resolución que habitualmente termine con una recomendación, registrando casos donde han pasado los años sin respuesta; además de que la CDHM requiere de capacitación y mayor difusión sobre los derechos humanos.
Hernández Cruz consideró que la respuesta para acabar con esta incertidumbre es, en primer lugar, sustraer a los organismos autónomos de la negociación política, como ejemplo, la asignación de un porcentaje del presupuesto global del estado, y establecer que independientemente de que exista un porcentaje asignado se cuente con una garantía de no regresión, lo cual, aseveró, protegerá su autonomía y evitará que el dinero que tiene el gobierno no sea utilizado como instrumento de presión para que un organismo autónomo actúe o deje de actuar.
Justo la CDHM presentó ya ante el Congreso de Morelos una iniciativa de ley para que se prevea un porcentaje del presupuesto y se sustraiga a los organismos autónomos del ámbito de la negocio política.
Impepac sigue padeciendo de insuficiencia presupuestal
Como ya se había mencionado anteriormente, el Impepac es uno de los más afectados por la deficiencia presupuestal pero también por la falta de respuesta positiva a las ampliaciones presupuestales requeridas, situación que trajo consigo que al igual que el TEEM, promoviera un juicio electoral y varias controversias, puesto que en año electoral recibieron un presupuesto de 179 millones 352 mil 921 pesos, cantidad que tuvieron que dividir para el pago de prerrogativas a partidos políticos.
Al respecto, la consejera presidenta, Mireya Gally Jordá aseveró que la falta de presupuesto y el hecho de que les hayan estado dando el presupuesto a cuenta gota a lo largo del año ha complicado mucho las funciones y tareas que tiene que llevar a cabo, como ejemplo, al no contar con los recursos materiales en el momento de hacer las contrataciones a través de licitaciones muchas veces cayeron en la problemática de tener que contratar al más caro porque las otras personas se retiraban del proceso de licitación y no tenían más alternativa, caso concreto, el Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP) que les costó más de tres millones más de lo que se tenía originalmente presupuestado porque no lo pudieron contratar hasta no contar con el recurso necesario.
Así mismo, se tardaron en contratar a los capacitadores electorales, que fueron 595, y a los asesores electorales, 106, cargos de suma importancia, ya que son los que están en campo y vigilan las casillas instaladas a lo largo de todo el estado; mientras que debido a que las jornadas laborales fueron hasta por más de ocho horas continuas, esto impactó en la rotación de personal y en los resultados que se van a entregar. “Al final pudimos resolver todo pero no se resolvió como deberíamos de haberlo hcho”.
Para el próximo año el Impepac solicitó un presupuesto de más de 182 millones 497 mil pesos, en base al cronograma de actividades, aunque el Ejecutivo lo modificó quedando en un poco más de 158 millones 637 mil pesos, casi 24 millones menos de lo requerido.
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