Morelos se encuentra entre los estados menos competitivos para forjar, atraer y retener talento e inversión, al colocarse en el lugar número 24 de 32, de las entidades de la república.

Con base en los resultados del Índice de Competitividad Estatal 2021 (ICE), elaborados por el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), podemos conocer a las entidades que están mejor preparadas para hacer frente a los retos inmediatos que en materia económica ha traído consigo la pandemia.

En promedio, las entidades más competitivas (lugares uno a cinco) tienen: ocho años de escolaridad (promedio de las 32 entidades: 7.9); 52 por ciento de los trabajadores tienen acceso a instituciones de salud (promedio de las 32 entidades: 40 por ciento); 41 por ciento de los trabajadores son informales (promedio de las 32 entidades: 54 por ciento); ocho mil 972 de ingreso mensual promedio (promedio de las 32 entidades: siete mil 456) y ocho patentes por cada 100 mil personas económicamente activas (contra 1.8 del promedio de las 32 entidades).

Por el contrario, las entidades menos competitivas (lugar 28 al 32) al compararlas con las más competitivas, muestran: dos años menos de escolaridad; la mitad del porcentaje de trabajadores con acceso a instituciones de salud; siete veces más informalidad; un ingreso promedio de 36 por ciento menor para los trabajadores; una economía 14 por ciento menos diversificada y 90 por ciento menos patentes por cada 100 mil personas económicamente activas.

El IMCO define la competitividad de los estados como su capacidad para forjar, atraer y retener talento e inversión. El índice está compuesto por 72 indicadores que forman 10 subíndices y los resultados de las entidades permiten clasificarlas en seis grupo de competitividad.

El instituto sugiere aprovechar las facultades de las entidades para desarrollar programas de nivelación académica y de reincorporación de alumnos que complementen la política federal; adecuar la legislación presupuestal estatal con el fin de crear controles a las modificaciones presupuestales de los poderes ejecutivos estatales; reformar las leyes de adquisiciones y obras públicas estatales para incluir protocolos y lineamientos específicos para la contratación y ejecución de compras en tiempos de emergencia; promover la inserción de los estados del sur-sureste del país en la cadena productiva de América del norte mediante mejoras regulatorias e inversión en infraestructura y conectividad.

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