La reforma de pensiones propuesta por el gobierno de México es positiva para los gestores privados del sistema, pero podría generar presiones fiscales a las arcas públicas al aumentar la base de quienes podrían recibir una pensión mínima asegurada, dijo el lunes la agencia calificadora Moody's.
El presidente Andrés Manuel López Obrador presentó la semana anterior un proyecto de ley que dispone un alza progresiva de la aportación patronal, a un 13.87% desde el 5.15% actual, y reduce de 25 a 15 años el tiempo de vida laboral para recibir la pensión.
El plan, de aprobarse en el Congreso, "sería positivo" para las administradoras de fondos para el retiro (afores), porque "reafirma la continuidad de la industria al eliminar la amenaza de su nacionalización, que algunos propusieron en el Congreso", dijo Moody's en un reporte.
"Sin embargo, la reforma amplía la base de quién es elegible para acceder a una pensión mínima garantizada, lo que equivale a un riesgo de generar presiones fiscales adicionales en las cuentas del gobierno", añadió.
La calificadora dijo que el proyecto de reforma, consensuado con asociaciones empresariales y sindicales para sustituir el actual esquema, de 1997, tiene el potencial de reducir las presiones sociales futuras sobre el gobierno.
El sistema vigente, que al cierre de junio administraba 4.3 billones de pesos (193,200 millones de dólares), es criticado por la baja pensión que otorga a los empleados al momento de su retiro, mientras expertos advierten sobre el peso que tiene para las finanzas públicas el creciente aporte del Estado a las jubilaciones.
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