El gobierno del estado de Morelos registró observaciones en 2020 por parte de la Auditoría Superior de Fiscalización (ASF), al no haber entregado en tiempo y forma a los municipios diversos fondos federales, no acreditar las acciones emprendidas para agilizar los procesos de contratación y ejecución de obras, así como por no disponer de un manual de procedimientos para el proceso de distribución.
La ASF publicó este miércoles la primera entrega de informes individuales sobre la revisión de la Cuenta Pública 2020 correspondiente a la gestión del presidente Andrés Manuel López Obrador durante el año que llegó la pandemia de Covid-19 al país, incluyendo a los gobiernos estatales, particularmente sobre la distribución de recursos de tres fondos.
Respecto a la entrega de los recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUN-DF), el importe auditado fue de 1,366,597.0 miles de pesos, que representan el cien por ciento de los recursos asignados por este concepto.
La ASF señala que, luego de que en 2017 se crearon tres municipios indígenas, Coatetelco que pertenecía a Miacatlán, Hueyapan a Tetela del Volcán y Xoxocotla a Puente de Ixtla, se estableció que los recursos de dicho fondo se distribuyeron de manera directamente proporcional a la población de cada uno de ellos, con base en los recursos asignados a sus localidades de origen.
No obstante, se menciona que existieron deficiencias en los mecanismos de control para la distribución, toda vez que no se consideró en este proceso al municipio indígena de Hueyapan por no disponer de su clave geoestadística asignada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) con base en la delimitación territorial y la población; el recurso fue entregado a Tetela del Volcán en su totalidad.
Así mismo, para Puente de Ixtla, la entidad fiscalizada utilizó un dato de población diferente del que le proporcionó el INEGI, lo que generó una diferencia de 6.7 miles de pesos en detrimento de Xoxocotla.
Los rendimientos financieros generados en la cuenta bancaria productiva para la recepción del fondo, indican que fueron transferidos a los municipios al cierre del ejercicio fiscal, “lo que eventualmente pudo complicar su oportuno ejercicio”.
Si bien se realizó un reintegro a la Tesorería de la Federación (TESOFE) fue fuera del plazo establecido en la normativa y se identificó que previamente a la cancelación de la cuenta bancaria en la que se administró el FORTAMUN-DF 2020, se realizó, el 2 de marzo de 2021, una transferencia del recurso remanente a otra cuenta bancaria del gobierno del estado, por un total de 0.3 miles de pesos.
Observaciones similares se registraron en la distribución de los Recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF), para el cual se revisó el proceso de distribución y ministración de 883,226.8 mil pesos, que representan el cien por ciento de los recursos asignados por dicho concepto.
El FISMDF tiene como objetivo el financiamiento de obras, acciones sociales básicas e inversiones que beneficien directamente a la población en pobreza extrema, localidades con alto o muy alto nivel de rezago social conforme a lo previsto en la Ley General de Desarrollo Social y en las zonas de atención prioritaria. Este fondo, a decir de la ASF, significa una proporción importante en los ingresos de los municipios y esa participación se incrementa a medida que aumenta su rezago social.
Sostienen que en Morelos la gestión de los procesos de recepción y pago de los recursos se realizó de conformidad con la normativa, al disponerse de una cuenta bancaria específica y productiva para la recepción y administración de los recursos del fondo; se formalizó, con la Secretaría de Bienestar, el convenio para acordar la metodología de distribución a los municipios y se transfirieron a los 35 municipios de la entidad federativa los recursos del FISMDF de manera ágil, directa, sin limitaciones ni restricciones, dentro de los 5 días posteriores a su recepción; así como se efectuó el reintegro a la TESOFE de los recursos remanentes.
Pero como ocurrió con el FORTAMUN-DF el gobierno estatal no dispuso de evidencia referente al envío del convenio para acordar la metodología de distribución a los municipios; los recursos fueron transferidos a los municipios hasta el cierre del ejercicio fiscal, lo que pudo complicar su oportuno ejercicio; y no consideraron al municipio de Hueyapan en la distribución ni utilizaron el dato de población correcto para Puente de Ixtla.
Finalmente, en base al programa Escuelas al CIEN, se señala que en la auditoría de cumplimiento 2020-A-17000-19-0995-2021 se revisó una muestra de 145,390.3 mil pesos, que representó el 99.5 por ciento de los 146,139.9 mil pesos transferidos al gobierno del estado mediante este proyecto.
Escuelas al CIEN tiene el objetivo de destina recursos a la construcción, equipamiento, mantenimiento, rehabilitación, reforzamiento, gastos de ejecución y supervisión, reconstrucción y habilitación de la infraestructura física educativa del gobierno del estado de Morelos.
Al 31 de diciembre de 2020, el estado ejerció 145,639.5 mil pesos, de los cuales 145,390.3 mil pesos correspondieron a recursos ministrados en 2020 y 249.2 mil pesos a recursos disponibles al 31 de diciembre de 2019 de ejercicios fiscales anteriores, por lo que el Instituto Estatal de Infraestructura Educativa de Morelos (INEIEM) presentó una disponibilidad de 1,793.4 mil pesos, que incluyó recursos ministrados en 2020, recursos de ejercicios fiscales anteriores y rendimientos financieros.
En el ejercicio de los recursos, afirman, que el Ejecutivo morelense incurrió en “inobservancias” de la normativa del programa Escuelas al CIEN, principalmente en materia de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas y del Reglamento de la Ley Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas.
“El Gobierno del Estado de Morelos ha contribuido de manera marginal a la mejora de un sistema de control interno adecuado para prevenir los riesgos que podrían limitar el cumplimiento de los objetivos del programa, la observancia de su normativa y el manejo ordenado, eficiente y transparente de los recursos, ya que los acuerdos establecidos se han implementado de manera parcial, lo que incidió en las irregularidades determinadas en la auditoría”.
Dentro de la auditoría se subraya que el INEIEM no acreditó las acciones emprendidas para agilizar los procesos de contratación, ejecución de obra, integración de expedientes, así como los trámites para la solicitud y pago de los recursos de la monetización del Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM).
Pese a ello, en conclusión, destacan que el gobierno del estado de Morelos realizó un ejercicio de los recursos del programa ajustado a la normativa.
Para Puente de Ixtla, la entidad fiscalizada utilizó un dato de población diferente del que le proporcionó el INEGI, lo que generó una diferencia de 6.7 miles de pesos en detrimento de Xoxocotla
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