En 2025, derivado de la entrada de un nuevo gobierno y conclusión de obras de infraestructura, México podría tener su mayor ajuste fiscal desde 1995, advirtió el Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP).
Este ajuste fiscal se producirá como consecuencia de un aumento y recorte al gasto público, previo y después a las elecciones presidenciales del próximo 2 de junio.
“La consolidación fiscal prevista para 2025 se basa, esencialmente, en un menor gasto de inversión, subsidios y servicios personales. Lo anterior contrasta con las propuestas vertidas por las tres candidaturas presidenciales, pues todas ellas plantean más inversión y gasto público”, dijo el CIEP en un análisis.
En abril, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) propuso un recorte al gasto por alrededor de 2.9 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) en 2025.
La disminución propuesta por la dependencia se da luego de un incremento en recursos para infraestructura y programas sociales en el último año de gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador.
En su reporte titulado “Ciclo político y finanzas públicas, el próximo ajuste fiscal”, el CIEP resaltó que si bien estos ajustes son normales antes y después de un periodo electoral, podrían ocasionar una desaceleración o recesión en la economía.
Según la institución, en promedio el gasto aumenta un punto porcentual del PIB en el año electoral, mientras que un año después a las elecciones, éste se reduce en 1.2 puntos porcentuales.
“De mantenerse la inercia de gasto y deuda impuestas por el gobierno saliente y sin el fortalecimiento de las fuentes de ingresos públicos, la sostenibilidad de las finanzas públicas estaría en riesgo”, agregó el organismo.
El CIEP añadió que esta situación es aún más preocupante si se considera que para 2024 el déficit público sería de casi 5.9 por ciento del PIB, y de tres por ciento para el próximo año.
“Ante ello y por los proyectos planteados por las tres candidaturas presidenciales, surgen dudas de que el ajuste fiscal planteado efectivamente se llevará a cabo, pues implicaría que la próxima administración tendría un escaso margen para impulsar proyectos de infraestructura propios”, precisó.