Ejecutivo debe ejercer presupuesto aprobado por los diputados: Sotelo

El Gobierno de Cuauhtémoc Blanco Bravo deberá ejercer el presupuesto 2023, aprobado por las y los diputados del Congreso local, a pesar de que Blanco Bravo aún puede interponer algún recurso jurídico ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), así lo expresó el abogado penalista, Cipriano Sotelo Salgado.

Lo anterior, luego de que el pasado viernes se publicara la Lista de Acuerdos, dónde se informó que se negaba la suspensión solicitada por el Ejecutivo estatal a la controversia constitucional, con lo cual, a partir de que fuese notificado se debe dejar de retener los recursos y entregárselos al Congreso del Estado, los ayuntamientos, organismos autónomos y descentralizados.

“La Suprema Corte, hasta dónde se sabe admitió esta Controversia a trámite, pero también publicó que negó la suspensión al solicitante y esto quiere decir que el Ejercicio de 2023 aprobado por el Congreso tiene que ejecutarse”, señaló Sotelo Salgado en entrevista para El Sol de Cuernavaca.

A través de una informativa, el pasado viernes 3 de febrero, el Gobierno Estatal informó que una vez que conozca las razones por las cuales no se les concedió la suspensión interpondrían el recurso de reclamación para ser turnado al ministro instructor y que deberá ser resuelto en el pleno.

Sin embargo, Sotelo Salgado explicó que la SCJN tarda de uno a tres años en resolver una controversia, es decir, en caso de declarar que fue inconstitucional el presupuesto aprobado por este año, la sentencia ya no sería efectiva para este 2023.

“Pudiera ser que a futuro la Corte dijese que fue inconstitucional la aprobación de ese presupuesto y entonces se tengan que apuntalar algunos señalamientos, pero ya no va a ser eficiente para 2023, ese quedaría para 2024”, expresó el abogado.

Entre otras cosas, dentro del presupuesto aprobado por el Poder Legislativo se encuentra el incremento al presupuesto de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), la Comisión Estatal de Seguridad (CES), la Fiscalía General del Estado (FGE), el Tribunal Superior de Justicia (TSJ), así como el dos por ciento de las participaciones para los municipios.

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