El Poder Ejecutivo de Morelos deberá entregar al Congreso del Estado, Tribunal Superior de Justicia, los 36 ayuntamientos, los órganos descentralizados y a todas las dependencias que reciban recursos estatales, las ministraciones presupuestales conforme lo dispuso la mayoría de 15 diputados en el decreto de presupuesto de egresos 2023 que aprobó el Legislativo en octubre del año pasado, al ser desechada la solicitud de suspensión que pidió a la Suprema Corte de Justicia.
Con ello, la administración de Cuauhtémoc Blanco Bravo tendrá que complementar los recursos de enero que había retenido a las instituciones locales y no volver a retenerlos hasta que la Corte resuelva el fondo de la controversia constitucional.
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El ministro, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena resolvió no conceder la suspensión a los efectos de los ordenamientos aprobados por el Congreso, que incluyen las modificaciones al presupuesto enviado por el Ejecutivo y la creación de un fondo de 500 millones de pesos para infraestructura municipal; por considerar que no se acreditan las condiciones que exige la ley para el otorgamiento de la suspensión. En el mismo oficio de desechamiento, consideró que dada la naturaleza del tema, tendría que notificarse de forma inmediata a los actores de la controversia.
La resolución del ministro obliga al Ejecutivo a canalizar los recursos presupuestados en la forma que dictó el Congreso local a los destinatarios de ellos, que habían sufrido ya en las primeras semanas del año afectaciones por la retención que de los mismos hacía la administración de Blanco Bravo. Pese a ello, el Gobierno estatal emitió una nota informativa la noche de este viernes en la que adelantó que presentará un “recurso de reclamación que sería turnado a un ministro diverso al instructor y resuelto por el tribunal pleno; debiendo señalar que la suspensión es una medida cautelar y de carácter provisional, esto es, que la determinación tomada al efecto es susceptible de modificarse o revocarse en términos de ley”.
El presupuesto de Morelos para 2023 asciende a 34 mil 212 millones 305 mil pesos 539 pesos, e incluye incremento a la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), Comisión Estatal de Seguridad (CES), Fiscalía General del Estado (FGE), Tribunal Superior de Justicia (TSJ), así como el dos por ciento de las participaciones.
Dicha distribución, fue aprobada por 15 diputados a finales del mes de octubre del 2022, luego de que fuera entregado por la Secretaría de Hacienda del Ejecutivo Estatal.
Luego de su aprobación, causó polémica al ser un "estira y afloja" entre el Gobierno del estado y el Congreso local, siendo que en el mes de noviembre fue finalmente enviado al Ejecutivo para su publicación en el Periódico Oficial "Tierra y Libertad".
Fue a finales del mes de diciembre que el gobernador Blanco Bravo externó que estaría listo para "enfrentar" a las y los diputados que aprobaron el presupuesto mediante una controversia ante la máxima Corte del país, misma que fue presentada a finales de diciembre del 2022.
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