La Comisión Estatal de Seguridad Pública (CES) se encuentra sin posibilidades de brindar seguridad de manera permanente a la bodega de la empresa refresquera Coca–Cola, de FEMSA, ubicada en Puente de Ixtla, la cual cerró de manera indefinida el pasado martes 10 de septiembre, luego de que, presuntamente, cuatro choferes fueron privados de la libertad para robarles la mercancía.
El titular de la CES, José Antonio Ortiz Guarneros, dijo que la escasez de elementos policiacos imposibilita a la Comisión de Seguridad de brindar seguridad permanente a la empresa; además, dijo, no tienen la obligación de brindar el servicio de tiempo completo, por lo que sugirió a la empresa FEMSA contratar seguridad privada para vigilar la bodega las 24 horas.
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“Definitivamente no le podemos poner seguridad a un centro comercial, porque nosotros no tenemos obligación con ellos, pero hay agencias de seguridad privada que le pueden dar seguridad”, expresó Ortiz Guarneros.
Cuestionado sobre si podría ser personal de la Policía Industrial, Bancaria y Auxiliar (PIBA) quien les dé este acompañamiento, Ortiz Guarneros reconoció que la corporación también tiene un déficit de elementos.
No tenemos tanto personal, casi toda la PIBA está ya con contratos, bueno hasta en esta corporación somos insuficientes con personal, no tenemos. Hay plazas, pero no se quieren contratar para ser PIBA; entonces esa es la situación, es un problema por falta de personal.
Ortiz Guarneros señaló que a casi una semana del cierre aún no se ha reabierto la bodega en dicho municipio, sin embargo, dijo que están en pláticas con autoridades federales para garantizar las condiciones y que puedan retomarse las actividades.
Indicó que hasta en dos ocasiones han invitado a personal de la empresa a la CES para abordar el tema, sin embargo hasta ahora no han acudido al llamado.
El pasado sábado 14 de septiembre, la gobernadora electa, Margarita González Saravia mencionó que ha habido diálogo con la empresa para que retome sus actividades, luego de que el martes le informaron a sus empleados con un mensaje interno que cerraban para garantizar su seguridad.
La Fiscalía General del Estado (FGE) lleva a cabo las investigaciones correspondientes sobre este asunto