El organismo ciudadano Morelos Rinde Cuentas publicó que ante la negativa de las Unidades de Información del Gobierno Estatal, más de 12 mil personas y agrupaciones civiles solicitan la información requerida a la plataforma nacional para lograr conocer medianamente el gasto de los recursos públicos locales.
En su portal de internet, registró que uno de los principales gastos dentro de la administración de Cuauhtémoc Blanco Bravo es en imagen y comunicación social, sobre el rubro de apoyos sociales.
Las 12 mil 11 solicitudes de información requeridas van dirigidas hacia el Gobierno del Estado, el Ayuntamiento de Cuernavaca, partidos políticos y organizaciones sindicales.
En la Plataforma Nacional de Transparencia hay 835 peticiones sobre el gasto en la Dirección de Servicios de Salud, 642 hacia el Poder Legislativo local, 609 al Instituto Morelense de Información Pública y Estadística (IMIPE).
De enero a septiembre de este año, 452 peticiones han sido hechas al organismo nacional para el Ayuntamiento de Cuernavaca, en donde la Unidad de Información Pública (UDIP) ha negado proporcionar los datos solicitados.
En sexto lugar está situada la Fiscalía General del Estado, con 416 acciones interpuestas ante la Plataforma Nacional de Transparencia hechas por organismos civiles y particulares.
Otra dependencia a la que también han requerido información es el Instituto de Infraestructura Educativa, 381 personas pretenden conocer sobre el monto invertido en reconstrucción o reparación de planteles escolares.
En cuanto a la Secretaría de Gobierno hay 329 solicitudes de información al Igual que el Tribunal Superior de Justicia (TSJ), 318 a la Secretaría de Hacienda y al Ayuntamiento de Tepoztlán 310.
El organismo ciudadano Morelos Rinde Cuenta dio a conocer que otras dependencias en las que han requerido transparenten su gasto es la Secretaría de Salud del estado con 223, mientras que 198 a la Comisión Estatal de Seguridad (CES), 198 al ayuntamiento de Cuautla, así como 194 a la Contraloría.
De todas las peticiones de información realizadas menos del uno por ciento han logrado tener respuesta, porque la mayoría de las instituciones requerida aducen que son “datos reservados”.
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