La Cámara de Comercio del Canadá en México (Cancham) pidió al gobierno mexicano certeza para el sector extractivo en México, además solicitó trabajo en conjunto entre el gobierno y las empresas para que la minería sea parte de la solución a los posibles conflictos sociales.
Alfredo Phillips, Consejero Independiente de Almaden y Vicepresidente del Mining Task Force de la Cancham comentó en su participación en el Mining Forum 2022 Echo que necesitan ayudar al gobierno y trabajar conjuntamente para "entender que la minería es importante".
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A diferencia de la evaluación del impacto social en el sector energético y de hidrocarburos, Alfredo Phillips señaló que en la minería la licencia social implica una mayor asociación con las comunidades en las que debe haber un entendimiento sobre los beneficios de los proyectos mineros para que la industria sea la verdadera palanca de desarrollo que puede llegar a ser.
Por otro lado, tras la decisión de declarar “insubsistentes” dos concesiones a Minera Gorrión, subsidiaria de Almaden Minerals, por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en febrero pasado en el municipio de Ixtacamaxtitlán, en el Estado de Puebla, se acordó la realización de una consulta por parte de la Secretaría de Economía con miras a decidir el futuro de la construcción de la mina.
Al respecto, Alfredo Phillips señaló que los inversionistas necesitan conocer y entender qué quiere decir esta consulta, son nuevos requerimientos que ponen un poco más de carga sobre las empresas que ya existen.
En la parte de la consulta indígena el punto principal es que se necesita tener un análisis socio-cultural que determine riesgos y asegurarse que la gente dentro de la empresa entiende que esta es una condición necesaria para trabajar en el sector minero y no nada más en México, en Chile, en Canadá, Estados Unidos en cualquier otro lugar del mundo todo este proceso de ESG (Enviromental, Social and Governance, por sus siglas en inglés) se hace real con el proceso de consulta indígena.
Otro punto crítico de la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es que la aplicación de la consulta indígena al referirse a derechos humanos no prescribe por lo que tiene efectos retroactivos.
Por ello, “es sumamente importante que todas las empresas, nuevas y establecidas, realicen los estudios de impacto socio-cultural ya que pueden afrontar situaciones que pongan en riesgo sus concesiones si estas fueron otorgadas después de 1991 porque sus comunidades pueden autodeterminarse indigenas y entonces estarían en la misma situación jurídica que afronta hoy Minera Gorrión”.
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Por lo anterior, el directivo insistió que la recomendación para las mineras es un trabajo conjunto con las comunidades para lograr el involucramiento en el proyecto y con el gobierno alineando el interés para que se vuelva a parte de la solución a una problemática común; para ello incentivó a las empresas a ser creativos y a pensar en alternativas fuera de la caja.
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