A través de la Secretaría de Cultura, el gobierno mexicano se ha enfrentado al mundo de la moda, acusando a las marcas de “apropiación cultural”. Al menos en 10 ocasiones el órgano cultural ha emitido cartas a algunas empresas de alcance mundial.
La primera sucedió en junio de 2019, cuando la secretaria Alejandra Frausto mandó una carta al director creativo de la marca Carolina Herrera, en la que la acusó de plagio en su colección llamada Resort 2020, que según tenía “el ambiente lúdico y colorido de una fiesta latina”.
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Frausto señaló que varios de los bordados en la colección pertenecían a las comunidades otomíes de Tenango de Doria, en Hidalgo; otras originarias del Istmo de Tehuantepec, en Oaxaca; y de Saltillo, Coahuila. Mientras que la empresa contestó que la colección hacía un homenaje a la “riqueza de la cultura mexicana”.
Después, en julio del mismo año, la casa de modas francesa Louis Vuitton fue cuestionada por la misma funcionaria para que explicara el uso de diseños, aparentemente plagiados a artesanos de la comunidad de Tenango de Doria, Hidalgo. A lo que la empresa contestó que mantenía una relación con los artesanos “con la perspectiva de colaborar juntos para producir esta colección”.
Para 2020, la diseñadora francesa Isabel Marant fue acusada de apropiación cultural al haber “copiado” patrones de diseños purépechas de artesanos de Charapan, Michoacán, sin dar crédito a sus autores originales.
La casa de moda se disculpó a través de un comunicado en el que lamentó que “su enfoque haya sido percibido como una apropiación cultural, cuando ella quería promover una artesanía y rendir homenaje a una estética a la que está vinculada”.
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En 2021 la funcionaria mexicana señaló a la empresa española Zara en una misiva en la que pedía que la empresa diera razón de “con qué fundamentos se privatiza una propiedad colectiva”, tras la puesta en venta de un vestido con que evocaba los diseños ancestrales y los tradicionales huipiles, obra de los habitantes del pueblo mixteco de San Juan Colorado.
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