A partir de la década de 1990 en México, la violencia de género comenzó a ser considerada como un problema social y de salud pública, al tiempo que se legislaba en beneficio de la vida social de las mujeres. De tal manera que, en los últimos años, las ciencias sociales han puesto especial atención hacia las dinámicas socio económicas de las mujeres, como un punto clave, para comprender las problemáticas asociadas a la desigualdad de género y su relación con el espacio doméstico.
A la par de estas discusiones, se ha documentado que las mujeres jefas de familia, cumplen una doble jornada tanto laboral como familiar, que incluye en la mayoría de los casos, el cuidado, la tutela y el resguardo de los hijos y otros familiares, lo cual genera condiciones que afectan la realización de proyectos de vida, y una mayor vulnerabilidad socioeconómica para todo el conjunto familiar.
En Cuernavaca, de acuerdo con el INEGI, el número de hogares con jefatura femenina asciende a 30,290 hogares, mientras que el porcentaje de la población económicamente activa de mujeres mayores de 12 años, corresponde al 96.7%, estos datos representan la gran importancia que tiene el trabajo y la economía de las mujeres y familias en Cuernavaca.
Las investigaciones sociales con perspectiva de género en México, han mostrado que la población femenina, a manera general, se ha mantenido subordinada, debido únicamente a la asignación genérica, ello ha conducido a identificar los factores de vulnerabilidad de las mujeres y su papel en el núcleo familiar:
- Tempo dedicado al trabajo doméstico y al cuidado de enfermos, no remunerado
- Su salud mental, al considerar principalmente la presencia de síntomas asociados al estrés
- En sus oportunidades económicas traducidas en trabajos mejor remunerados
- En el tiempo que pueden dedicar a sí mismas (Nieves Rico, 1996)
En este sentido, se ubica que parte del emprendimiento de las mujeres en la Ciudad de Cuernavaca, tiene que ver con actividades económicas sesgadas a áreas formativas, tradicionalmente femeninas o hacia actividades artesanales, domésticas, comerciales y de servicios que retribuyen, por lo general más bajos ingresos. También ponen restricciones a sus opciones de promoción laboral y ejercicio de cargos jerárquicos (Farah Henrich, 2016).
La importancia del género en los sistemas familiares y en la economía, reside en el referente tradicional del modelo de familia y la estructura organizacional que ha permeado la vida social de los mexicanos. La precarización de los salarios, la ausencia del padre: separación, divorcio, migración, etc. y, de manera enfática, la violencia de género, son algunas de las respuestas por las cuales, las mujeres se introducen al sistema económico de manera activa. Esta inserción al mercado laboral, acentúa la carga de trabajo en el espacio doméstico, en donde las mujeres además de realizar las actividades de quehacer, son en quienes ha recaído el cuidado de los otros miembros de la familia, tanto de familiares directos como indirectos.
Esta sobre carga de trabajo (doméstico, no remunerado y remunerado), es un factor que incide en el hecho de que las mujeres no consoliden una economía permanente, puesto que su tiempo se encuentra distribuido en la atención, cuidado, manutención y bienestar del hogar y de los miembros que lo conforman.
El auto empleo, viene a ser una forma que les permite ajustar esta sobre carga de trabajo, aunque a manera estructuctural sigue preservando los roles de género y la determinación de múltiples factores asociados a la condición sexo genérica que las sitúa en una dependencia con el núcleo doméstico.
Los procesos de emprendimiento de las mujeres, muestran las pautas de vulnerabilidad que permean la economía de la clase media en las periferias de un contexto urbano. La Encuesta Nacional de Micro negocios 2012, fundamenta para México que los emprendedores son en sí sujetos precarios, porque vienen del desempleo buscando una alternativa de sobrevivencia o porque los ingresos de su actividad independiente son escasos (Blancas Martínez et al.,2017).
Esta situación, pone de manifiesto la sujeción a las relaciones que impone el capitalismo y las formas locales para afrontar la crisis económica de la distribución de los recursos a partir de los grupos familiares, los salarios y las condiciones del trabajo formal, que se constituyen como las acciones ideales de la ciudadanía, y que mediante su implementación, colocan a las mujeres en una situación agotadora y limitativa para las actividades que se les han asignado y de las cuales se han apropiado.
La agenda política nacional ha incorporado la equidad de género entre sus intereses principales, con políticas públicas encaminadas a contrarrestar la brecha salarial y las condiciones de vulnerabilidad que afectan a las mujeres y los procesos de rendición de cuentas. Sin embargo, esta ejecución aún mantiene dificultades estructurales para adoptar y generar políticas acordes a las convenciones y cumbres globales de las que ha sido participe México.
Uno de los retos planteados para la articulación de la perspectiva de género en la política pública, ha sido la obligación del Estado para brindar garantías y medidas a grupos vulnerables a partir de la participación de la academia, organismos de la sociedad civil y el sector privado. La generación de evidencia empírica, ha sugerido un eje transversal para impulsar una base sólida sobre los derechos humanos de las mujeres, aunque las condiciones actuales se enfrenten a patrones culturales patriarcales discriminatorios y violentos.
El proceso para incorporar los principios de igualdad, inclusión social y económica, ha sido la base de la agenda 2030 de los objetivos de desarrollo sostenible, lo que refleja la necesidad de atender la violencia de género, como un problema social y de salud pública que incide de diversas formas en la vida social de los sujetos y que se replica en las problemáticas sociales del país.
En este tenor, la política nacional, impulsada por la sociedad organizada, ha formulado acciones que impacten en los tres niveles de gobierno para los siguientes seis años. Entre las pautas más relevantes se consideran la reforma sobre paridad de género en los tres órdenes de gobierno, documento aprobado en el mes en curso por la Cámara de Diputados, así como la coordinación en materia de igualdad en el fortalecimiento de las acciones gubernamentales que incidan en la vida política y social de las mujeres, estableciendo que se garanticen los intereses y la participación en los tres niveles de gobierno, de uno de los sectores más vulnerables en el país.
Dicha articulación abre la pauta para asegurar el desarrollo en materia de igualdad, en la ejecución de políticas públicas fundamentadas en la agenda política internacional sobre los derechos de las mujeres.
Bibliografía:
- Blancas Martínez Edgar Noé, Carlos Mejía Reyes y Joshua Arturo Llanos Cruz (2017) Las violencias en el emprendimiento. Tla-Melaua, revista de Ciencias Sociales, BUAP, 11(43): 178-199.
- Farah Henrich, Ivonne (2016) Economía feminista y economía solidaria ¿Alternativa al patriarcado? en Carlos Puig (Coord.), Economía social y solidaria. Conceptos, prácticas y políticas públicas. Hegoa, pp. 83-102.
- Nieves Rico, María (1996). Género, ambiente y pobreza. Un estudio exploratorio en el medio urbano popular de Santiago de Chile en Margarita Velázquez (Coord.), “Género y ambiente en Latinoamérica” CRIM, pp.185-224
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