En los últimos días el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la información y Protección de Datos Personales (INAI) ha sido referido por el Presidente Andrés Manuel López Obrador en relación a la necesidad de ajustar sus funciones a través de la Secretaría de la Función Pública y utilizar su presupuesto para enfrentar la crisis en materia de salud ocasionada por el virus del Covid-19.

Si bien las dificultades que ocasiona el Covid-19 demanda acciones extraordinarias para la adquisición de vacunas y aplicación a la mayor cantidad de personas en tiempo récord, esto no debe ocurrir a expensas de los derechos –de acceso a la información y protección de datos personales- de los mexicanos.

Ante este panorama es indispensable entender las funciones, obligaciones, encomiendas y el rol que el órgano garante federal desempeña como impulsor, conciliador y mecanismo de socialización en los derechos de acceso a la información y protección datos personales replicados en el Sistema Nacional de Transparencia.

Desde la fundación del Instituto Federal de Acceso a la Información (IFAI), hoy transformado bajo la nueva sigla de INAI, en 2002; se buscó implementar y consolidar la Ley de Transparencia, poniendo en la mesa tiempo, conceptos y lineamientos para que las personas conocieran y utilizaran la información en beneficio social y en favor del desarrollo en cada entidad federativa.

La realidad del 2002 traducida en una ley y -más tarde- en el reconociendo de este derecho con el mismo valor que el de la salud, la educación y el trabajo, marcó un parteaguas en la manera de acceder a datos sensibles del gobierno, datos que todos cuestionaban en voz bajita y que pocos conocían.

El órgano garante nacional y sus filiales en las 32 entidades federativas que conforman nuestro país, son sinónimo de que la ciudanía, las asociaciones civiles, los periodistas y el público en general se interesa en el actuar de sus autoridades, estar informados sobre lo que se hace y se deja de hacer o se pospone para otro tiempo y bajo otro presupuesto.

De ser una realidad la reforma administrativa a la constitución por parte del Ejecutivo Federal, se marcará un rotundo retroceso en los temas que atiende el INAI y cada órgano garante habrá fracasado en la misión de empoderar a los ciudadanos de este derecho, se habrán quedado a medias en la consolidación de las instituciones como un contrapeso entre los sujetos obligados y la sociedad, además de que se le dará un traspié a la participación ciudadana de miles de personas.

Tiempo perdido y demora serán los conceptos que identifiquen a la mencionada reforma administrativa; la Secretaría de la Función Pública no será basta para operar –por ejemplo- de una Plataforma Nacional de Transparencia que alberga más de ocho mil sujetos obligados y atender un plan de trabajo con instituciones como el Archivo General de la Nación, que busca el uso y la conservación de los archivos institucionales y registrar la historia de los mexicanos.

Pues bien, estamos en un momento en el que deben romperse los viejos paradigmas sobre la idea de que el gobierno controla la información; hacer a un lado a los institutos de transaprencia significaría quitarle a la sociedad la posibilidad de cuestionar y regresar al control de los datos en manos de las elites políticas privilegiadas.