La toma de casetas y la petición –o exigencia– de una cooperación a los automovilistas es una práctica de largos años, que se ha visto acentuada en el presente sexenio ante la renuncia de las autoridades federales al ejercicio de medidas represivas en sus tareas de vigilancia de las autopistas de cobro. La cuenta de Twitter de Caminos y Puentes Federales va informando las casetas de peaje secuestradas y de cómo van siendo liberadas en el curso de unas horas. Es tanto como hacer un recuento en tiempo real del dinero que deja de ingresar el Estado mexicano por sus autopistas. En el 2019, Caminos y Puentes Federales y el Fondo Nacional de Infraestructura dejaron de percibir 3 mil millones de pesos por la toma de casetas. La toma de casetas ya tiene un nombre que la relaciona de forma inequívoca con el crimen organizado: el “huachicol carretero”. Lo dicen los afectados y lo repite el propio Presidente. Ante la creciente ola de bloqueos en casetas y carreteras del país, Morena y el PAN en la Cámara de Diputados presentaron una iniciativa conjunta para incrementar el castigo a las personas que con fines de lucro u otro, impidan el tránsito en vías de comunicación. La iniciativa plantea que aunque la acción de bloquear las vías de comunicación está tipificado desde hace un 100 años en nuestro país como un delito, hasta ahora la ley ha sido insuficiente, debido a que en los últimos años se ha multiplicado la toma de casetas en diferentes entidades, lo cual afecta a la ciudadanía, las comunidades, industrias y el ingreso por concepto de peaje. La iniciativa inscrita en la gaceta parlamentaria de la Cámara de Diputados propone modificar el artículo 533 de la Ley de Vías Generales de Comunicación, a fin de castigar hasta con siete años de prisión a quien ocupe vía de comunicación alguna con fines de lucro, impida el cobro de peaje o condicione el tránsito a los transportes por estas vías de circulación. "A quienes en el ejercicio de la conducta establecida en el artículo anterior obtengan un lucro, impidan el cobro o condicionen de manera total o parcial el tránsito de los medios de transporte que circulen en vías generales de comunicación, serán sancionados con seis meses a siete años de prisión y multa de 750 a 1000 Unidades de Medida y Actualización vigentes", señala la iniciativa de la morenista. Esta problemática plantea la necesidad de discernir entre las expresiones auténticas de movimientos sociales que recurren a la toma de carreteras como un medio de visibilización de sus demandas, de un lado, y los grupos que simplemente buscan apropiarse de los recursos del erario mediante un doble robo: por una parte, impiden que el dinero llegue a la caja de las taquillas y, además, extorsionan a los usuarios con el cobro de cuotas. Además del quebranto económico que ello supone, existe un desafío al Estado en tanto los embotellamientos generados por estas prácticas obstruyen el derecho al libre tránsito.