Retrocedamos un poco en el tiempo. Hace ya casi cuatro años, (6 de septiembre de 2016) el entonces diputado local del PRD, Enrique Lafitte Bretón presentó la iniciativa de reforma del artículo 134 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos que daba paso a la creación de la Ley del Sistema Anticorrupción del Estado de Morelos.

La iniciativa, respondía aún con un año de retraso al decreto (de fecha 27 de mayo de 2015) que se había publicado en el Diario Oficial de la Federación, que tenía como objetivo central “combatir la impunidad en el servicio público, mediante la creación del Sistema Nacional

Anticorrupción, como una instancia de coordinación entre las autoridades de todos los órdenes de gobierno competentes en la prevención, detección y sanción de responsabilidades administrativas y hechos de corrupción, así como en la fiscalización y control de recursos públicos; estableciendo como requisito indispensable para su funcionamiento la participación ciudadana.”

Hasta ahí todo se leía muy bien. Parecía que había una intención contundente desde las instituciones para combatir “ahora sí” la corrupción en México y por añadidura en tierras morelenses.

El 17 de abril de 2017, la LIII legislatura aprobó en medio de entusiastas discursos la creación del Sistema Estatal Anticorrupción por sus siglas (SEA). Para su funcionamiento, el SEA está conformado por un Comité Coordinador, Comité de Participación Ciudadana y el Comité Rector.

El Comité Coordinador está integrado por los Titulares de la Entidad Superior de Auditoría y Fiscalización del Congreso del Estado de Morelos, Fiscalía Especializada en Investigación de Hechos de Corrupción, Secretaría de la Contraloría, el Magistrado Presidente del Tribunal de Justicia Administrativa, el Comisionado Presidente del Instituto Morelense de Información Pública y Estadística, así como por un representante del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial y otro del Comité de Participación Ciudadana.

Pero como ya sabemos cuáles han sido los resultados cuando la corrupción solo es tema de las instituciones, el Sistema Estatal Anticorrupción fue concebido de manera acertada con un ‘brazo’ ciudadano: el Comité de Participación Ciudadana que tiene como principal función encauzar el cumplimiento de los objetivos del Comité Coordinador, dicho de otra manera, es el que debe vigilar que el Sistema realmente funcione.

Pues bien, hasta ahí la teoría parece impecablemente escrita, pero nos sigue faltando la práctica.

Y es que, los integrantes del Comité de Participación Ciudadana que tuvieron que esperar ocho meses después de haber sido designados para recibir sus nombramientos y rendir protesta al cargo, el 2 de mayo de 2019, siguen sin poder cumplir con su función. Incluso, en mayo pasado uno de los integrantes: Roberto Coránguez Esquivel concluyó el periodo de un año para el cual fue designado.

Hasta ahora se presumía que el “estancamiento” del Sistema Estatal era atribuible a la falta de acuerdos para la designación del Secretario Técnico de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción, tras las fallidas designaciones primero de Alejandro González Chévez y después de Fernando Blumenkron quien hace unos días renunció al no contar con recursos humanos, materiales y financieros durante los tres meses que ocupó el cargo.

Al inicio de la semana, y en un nuevo intento de los integrantes del Sistema Estatal Anticorrupción por hacer funcionar finalmente el andamiaje diseñado en el sexenio anterior para el combate a la corrupción, lograron de manera unánime designar a Juan Carlos Huitrón Luja, actual Director de la Unidad de Riesgos y Políticas de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción, como el encargado de despacho de la Secretaría Técnica. Aunque también podemos confirmar que en breve, se habrá de emitir la convocatoria, como se debió hacer desde el inicio, para la designación de esa importante posición en la estructura ogánica.

Sin duda es urgente que todos quienes forman parte del Sistema, concilien de una vez sus posturas para que finalmente puedan hacer caminar a ese ‘gigante’, pues creemos que hasta ahora son muchos en Morelos los que se benefician y celebran el estancamiento del Sistema Estatal Anticorrupción, mientras los ciudadanos solo se mantienen como expectadores de lo que hasta ahora es una lucha ficticia en contra de la corrupción. Deben saber quienes forman parte de todo el andamiaje institucional, que está en juego no solo la credibilidad de las instituciones a las que representan, sino también la de ellos mismos.

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