Es más que oportuno considerar los altos y crecientes costos en los que estamos incurriendo, como país, por la disrupción institucional que tiene lugar con cada cambio de gobierno, históricamente. Máxime cuando el concepto de austeridad republicana se ubica en el centro del debate público.
Más que pertinente, si comparamos cuánto sumaría el sueldo anual de los 11 magistrados de la Suprema Corte de Justicia, que genera tanta polémica, contra el costo de desaparecer, casi “por plumazo” y para volver a empezar, un organismo autónomo como el Instituto Nacional de Evaluación Educativa (INEE) u oficinas como el Consejo de Promoción Turística (CPTM). Ya no digamos la cancelación del Nuevo Aeropuerto de la Ciudad de México.
¿Cuánto nos cuesta a los mexicanos hacer y deshacer instituciones y políticas públicas, conforme a los vaivenes político-electorales o cada seis años?
Si hay ineficiencia, corrupción o simplemente un balance negativo en términos de costo-beneficio, lo que procedería, de inicio, es evaluar cómo enderezar el camino, reducir lo superfluo, pero dejar y fortalecer lo que funciona.
Clausurar de tajo una institución como el INEE, que pasó de un presupuesto de unos 200 millones de pesos en 2012 a más de mil millones en 2018, es mucho dinero perdido. De entrada, lo que se invirtió en su fundación y financiamiento por casi un sexenio. Sin contar todo el andamiaje y experiencia institucional que se construido para contar con un sistema de evaluación educativa objetivo y confiable, más los avances logrados al corte, pocos o muchos. ¿No es todo esto patrimonio de la nación, más allá del gobierno que promueva ésta y cualquier otra iniciativa pagada con dinero público?
¿Cuánto podría costar la eliminación del CPTM y sus funciones para un sector del que dependen 10 millones de empleos? No se presentan, hasta ahora, datos duros que demuestren que lo que se invierte en promoción de nuestro país en el exterior sea prescindible. El Consejo Nacional Empresarial Turístico ha dicho que, mínimo, se cederán espacios en un mercado altamente competido.
Nuevamente, si, en su caso, ha habido ineficiencia, gastos superfluos o abusos, que todo ello se esclarezca, elimine y sancione. Al menos como una última oportunidad de hacer las cosas bien, antes de una determinación tan drástica como la de liquidar un organismo.
El mismo riesgo de perder recursos, experiencia y especialización puede verse en una eventual desintegración de la Policía Federal. De acuerdo con especialistas, con todas las debilidades, fallas y áreas de oportunidad que pueda tener, se trata del esfuerzo más serio y sólido que se ha hecho en México en materia policiaca. Una continuidad que, más que interrumpir, debería ser fortalecida, con los ajustes y mejoras que procedan.
En la fila están la cancelación de las licitaciones petroleras de las rondas 3.2 de campos terrestres y la 3.3 de no convencionales, anunciada el martes. Con esto, se frenarán inversiones que, si se quiere ser consecuente con el objetivo de aumentar las reservas y la producción de hidrocarburos, tendrán que hacerse con recursos del erario y ya no de empresas privadas, que compartirían los riesgos. Hay que recordar que antes se había suspendido indefinidamente la cuarta subasta eléctrica de largo plazo.
En el presupuesto 2019 ya se contempla un ahorro por baja en mandos altos de la administración pública federal por más de 16 mil millones de pesos en la nómina y de 12 mil millones en gasto operativo.
Son casi 1,380 millones de dólares. En contraste, el costo de cancelación del NAIM fue estimado en 100 mil millones de pesos en un dictamen del propio equipo del gobierno electo: cerca de 5 mil millones de dólares. Ni hablar del costo de oportunidad de quedarse sin un hub aeroportuario y logístico a la altura de nuestra capital y del país.
Además, esa cifra puede quedar muy corta, según lo trascendido de las concesiones ofrecidas a tenedores de bonos, que han sido sistemáticamente rechazadas. Ya sin descuento alguno y la posibilidad de trasladar un alto costo a los pasajeros del aeropuerto actual, con un alza de hasta 27% en la TUA. Mientras, para evitar demandas, siguen las obras de lo que, en teoría, nunca se usará.
Hay que hacernos la pregunta con seriedad: ¿Cuánto gastamos como nación, históricamente, por deshacer y volver a empezar recurrentemente en tantas áreas? Como en el mito de Sísifo, que eternamente empuja una piedra, sólo para rodar con ella de regreso, antes de llegar a la cima.
