Tal y como lo adelante en el mes de Abril del 2020, las leyes de amnistía representaron y representan uno de los principales desafíos para la democracia en américa latina. dichas leyes ejemplifican la negación de justicia o, si se prefiere, la garantía de impunidad. se debe de resaltar el valor de la justicia como componente esencial del estado de derecho.El 25 de marzo de 2020 en comunicación dirigida a los gobiernos, la alta comisionada de las naciones unidas para los derechos humanos, sostuvo que: "el covid-19 ha empezado a propagarse en las prisiones, las cárceles y los centros de detención de migrantes, así como en hospicios y hospitales psiquiátricos, y existe el riesgo de que arrase con las personas recluidas en esas instituciones, que se encuentran en situación de extrema vulnerabilidad".Por lo tanto,en aquel momento sugerí que deberían de emitir urgentemente circulares, instructivos y procedimientos dirigidos tanto al personal que labora dentro de los establecimientos, personal custodia y vigilancia, personal administrativo y personal prestador del servicio salud, como a las personas privadas de la libertad, con fin de orientar las acciones para prevenir y detectar oportunamente los riesgos de contagio y propagación del covid-19. Hoy la notica es que 2020 cerró sin una sola amnistía concedida; El Gobierno acusa fallas en el 70% de peticiones, sin embrago se tiene documentado que con otros mecanismos se han liberado a poco más de tres mil personas, pero los ingresos crecen a ritmo récord y 40% de penales ya están sobrepoblados. La Ley de Amnistía, aprobada de manera urgente por el Senado en abril para, entre otras cosas, facilitar la liberación de personas privadas de su libertad y con ello despresurizar las prisiones ante la amenaza de la pandemia sanitaria, no benefició en 2020 a ni una sola persona presa.El pasado 28 de diciembre, la comisión que según la ley debe aprobar la concesión de estos beneficios sesionó apenas por segunda vez en seis meses con la finalidad de analizar los primeros 181 casos. Sin embargo, ninguno de ellos fue aprobado todavía. No solo eso: en la sesión se reveló que hay fallas y omisiones en el 70% de las solicitudes presentadas que impiden su trámite.Mientras tanto la situación en las cárceles se agrava. La población penitenciaria del país ha crecido a niveles récord en 2020, y de acuerdo con estimaciones de las autoridades el 2020 cerrará con casi 15 mil reos más de los que había en diciembre de 2019.De acuerdo con la información oficial dada a conocer por la Secretaría de Gobernación (Segob) y que fue puesta sobre la mesa en la sesión del comité del pasado lunes, hasta ahora se han recibido formalmente 1 mil 62 solicitudes de amnistía de parte de personas recluidas en distintos penales del país.El problema es que, de acuerdo con el análisis de la Secretaría Técnica de la comisión, el 70% de esas solicitudes (743) carecen de la información completa que permita darles el trámite correspondiente. Según la Segob ya se ha pedido la colaboración de autoridades judiciales y penitenciarias para tratar de completar la información faltante y proceder con el trámite de las peticiones.Lo anterior deja solo 319 solicitudes con posibilidades de ser tramitadas. De ese total en 181 casos la Secretaría Técnica ya elaboró un proyecto que fue puesto sobre la mesa en la sesión de la comisión realizada el lunes. Gobernación confirmó lo anterior a través de un comunicado, pero no informó del resultado de dicho análisis.Funcionarios de dicha dependencia informaron que en la reunión no se consiguió aprobar aún ninguno de esos proyectos y que el análisis continúa, sin que haya mayores detalles. Cabe señalar que la aprobación de parte del Comité de Amnistía no es el último paso para que un perdón de este tipo pueda materializarse. La ley contempla que los casos que sean resueltos favorablemente por los comisionados aún tienen que ser sometidos a consideración de jueces federales de ejecución, los cuales tienen la última definición sobre la liberación o no de una persona en prisión.La Ley de Amnistía fue una promesa de campaña del actual presidente Andrés Manuel López Obrador que estuvo acompañada de numerosas organizaciones y especialistas. El objetivo original era comenzar la construcción de una política encaminada a terminar con el encarcelamiento de personas que no deberían estar presas como, por ejemplo, mujeres acusadas de abortar, personas detenidas con pequeñas cantidades de droga, o individuos presos que tuvieron un mal asesoramiento jurídico, lo cual hasta este momento no se ha podido materializar. Bienvenido 2021.