Al hablar del voto estratégico y de la congruencia de los partidos y los sistemas de partidos, generalmente se abordan las posibilidades de alianzas para el triunfo en un distrito electoral federal, ya sea por coalición, listado o candidato. Por tanto, cabe cuestionar si el voto estratégico puede emitirse en pro de un partido político, al margen del candidato, del distrito y de que incluso al sufragar por él no se alcancen posiciones legislativas, así sean federales.
Citemos como caracterización el caso hipotético de un partido pequeño con presencia nacional al que sólo falta una mínima cantidad de votos para alcanzar el umbral que le garantizará su registro y permanencia electoral.
Para ese partido, las alianzas estratégicas estarían orientadas más que a la consecución de escaños en el Congreso Federal, o al triunfo de un candidato en particular, en conseguir el número de sufragios indispensable para garantizar su permanencia legal en el escenario político.
En esta caracterización, existen dos posturas a adoptar por sus posibles aliados, que serían otros partidos políticos, el gobierno y el electorado mismo:
1.- Que otros partidos políticos o el gobierno encuentren favorable para su causa, ya sea en el corto o largo plazo, la alianza con el partido agonizante, y que el electorado considere que la presencia político-electoral del partido en vísperas de desaparecer es lo suficientemente importante como para votar a su favor y conseguir su permanencia, o
2.- Que los partidos, el gobierno y los electores consideren que el peso específico del partido por desaparecer del escenario político como alianza carezca del suficiente peso para rescatarlo de su pérdida de registro.
Para responder a la pregunta objeto de este documento, habría que analizar al menos tres aspectos:
a) Las leyes y reglas tanto partidistas como legales.
b) Si afectan la asignación de otros escaños legislativos.
c) El peso del matiz ideológico.
Debemos insistir, antes de continuar, en lo atípico y poco documentados que han sido casos de este tipo, pero que debido a la mera posibilidad de ocurrir o que ya estén sucediendo, deben ser analizados para contribuir en el estudio de todas las variables que presentan, por una parte, el voto estratégico, y por la otra, la congruencia de los partidos y del sistema de partidos.
Comencemos por analizar el aspecto legal: un sistema electoral es “el conjunto de leyes y normas partidistas que rigen una competencia electoral entre los partidos y dentro de ellos”
Es lógico suponer que para los partidos grandes es preferible eliminar la competencia de los pequeños, primero porque se evita la fragmentación del voto, pero también porque la bolsa a repartir para el financiamiento de los que quedan aumenta.
El propio Cox advierte también de la necesidad de despojarse de toda ingenuidad en torno a la imparcialidad de los órganos electorales.
Así, en el primer caso, es de suponer también que los partidos promoverán reformas legales que incrementen el umbral mínimo indispensable para que los partidos pequeños conserven su registro y preservar su condición mayoritaria dominante.
Si, por añadidura, sumamos el hecho de que la autoridad electoral puede ser muy proclive al partido mayoritario que generalmente está en el poder, sobre todo si la designación de sus integrantes depende de él, nos es dado suponer también que hará todo lo posible –dentro y fuera de la ley- para propiciar la desaparición de los partidos pequeños.
Si existiesen partidos pequeños que ideológicamente son afines al gobierno o al partido mayoritario, o están subordinados a ellos, es factible plantear que tales partidos no sólo no perderán su registro, sino que mediante alianzas estratégicas con ellos serán respaldados incluso para ampliar su base de votación, lo mismo que el número de escaños, que a final de cuentas votarían en los congresos a favor de las políticas del partido en el poder.
En el México del siglo XXI, la emergencia de partidos pequeños que, no disponen de una sólida línea política, programa e identidad ideológica, puede tener (es verdad) como sustento de su crecimiento electoral a la élite del poder. Por contra, otros partidos pequeños o los partidos surgidos de la reforma constitucional y también legal de 1996, pueden ser el vehículo que utilice la insurrección ciudadana a través de la clase media para arrebatar al lopezobradorismo la conducción política del país y por tanto, la confianza al integrar órganos fundamentales para la democracia, como la cámara de diputados y una distribución del poder político regional, diversa y plural, un reto monumental no necesariamente en manos de los partidos, sino de segmentos clave de la sociedad mexicana que optarían por votar por la oposición, pero no por los partidos de la oposición.
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