Contra el grupo de mujeres progresistas del Congreso de Morelos se han ejercido en diversas ocasiones la violencia política de género, la más notoria de las cuales es la agresión verbal del diputado José Casas contra mi persona, al señalar que los males del órgano legislativo se originan por habernos “sacado de la cocina para darnos una curul”.

El diputado Casas nos regresa, con tales actitudes, a una etapa superada hace unos 100 años, cuando aún se discutía el derecho de las mujeres al voto; más adelante al derecho de ser electas, y finalmente a la paridad de género, etapa que vivimos actualmente como conquista popular que ha venido acreditándose a través del combate al machismo.

Es memorable aún la tormenta que se desató hace varios años, durante el gobierno de Vicente Fox, cuando el entonces presidente dijo que en los hogares mexicanos había “lavadoras de dos patas”, en referencia a la esclavización femenina relacionada con el trabajo del hogar.

El presidente Fox fue obligado a pedir disculpas, pero de su sinceridad nadie quedó convencido. Hoy ese espíritu chocarrero y agresivo ha encontrado nuevas formas de expresión en los dichos del diputado Casas, a través del cual se asoma claramente la actitud misógina y de enemigo del progreso de la sociedad mexicana en su conjunto.

Nada hay nuevo bajo el sol en Morelos. Así como el gobierno de Graco Ramírez compró legisladores y ejerció presiones sobre el Congreso en el periodo anterior, hoy el gobierno de Cuauhtémoc Blanco ha venido ejerciendo presiones de diversa índole a fin de allegarse simpatizantes de su partido y establecer alianzas con el fin de ejercer el control del poder legislativo en su conjunto.

En este proceso, Cuauhtémoc Blanco no solo ha desconocido las alianzas originales con los partidos que lo llevaron el poder, sino que ha quebrantado las normas y ha violado los derechos de muchos legisladores, despojándonos ilegalmente de nuestros cargos y realizando una campaña de satanización contra todos los sectores que se oponen a sus designios.

La idea que anima a las legisladoras progresistas es resistir la avalancha de cambios ilegales y agresiones a los derechos de las nuevas minorías. Pero el proyecto de CBB va más allá. Pretende ejercer hegemonía sobre los demás poderes del estado, dividiendo y atacando también los derechos de los jueces que se resisten a sus mandatos.

Con el fin de lograr sus objetivos, el gobierno de CBB desconoce las leyes y los usos y costumbres, de modo que se ha venido generando caos administrativo, la postración de la actividad legislativa y la parálisis del poder judicial. Su afán de hegemonía es absoluto, y sus métodos no reparan ni se detienen en el uso de amenazas, bloqueos, difamación y calumnias contra quienes defendemos los procesos legislativos normales, libres de presiones y dentro del respeto a la investidura que la población nos entregó a los representantes de los diversos poderes.

En este contexto, el respeto a nuestra investidura debe exigirse, y nosotros planteamos con énfasis la separación de poderes y el respeto a la dignidad de cada uno. Estamos a favor de la normalización de las relaciones entre los poderes del Estado, y en contra de la arbitrariedad y el abuso de un grupo de poder sobre el resto de las instituciones del gobierno de Morelos.