La Reforma Judicial propuesta por AMLO el 5 de febrero pasado, fue aprobada inicialmente por la Cámara de Diputados; después de sortear varias trampas de la SCJN, fue enviada al Senado para debatir con una derecha atrincherada en su minoría, que ha tratado de impedir su aprobación a toda costa.
Hay un rumor muy extendido –publicado incluso por el “Sol de México”— en el sentido de que el senador Miguel Ángel Yunes, del PAN, votará en favor de esas propuestas. En este momento no se sabe si acudirá a emitir su voto, pero al menos es previsible que no asista a la sesión del senado. Con su ausencia se facilitarían las cosas para que la coalición de izquierda alcance la mayoría calificada, porque ésta se integra con las dos terceras partes de los senadores presentes en la sesión.
Gerardo Fernández Noroña, presidente del Senado, considera que los 85 legisladores que integran la coalición de izquierda son suficientes para alcanzar la mayoría calificada. Ese tema se discutirá en el Senado. Noroña argumenta que la ley exige tener dos terceras partes de los legisladores para alcanzar esa mayoría, pero esa exigencia es improcedente porque, dice, “se le estaría pidiendo a la izquierda tener más que la mayoría calificada”. La posible ausencia del senador Yunes haría posible cumplir con ese requisito.
La reforma se aprobó en la Cámara de Diputados por 359 votos a favor y 135 en contra, después de una sesión maratónica de más de 16 horas continuas. Algunos trabajadores del Poder Judicial bloquearon los accesos al edificio de San Lázaro, por lo que Ricardo Monreal, su líder, convocó a la sesión en una sede alterna, cuyo resultado fue la aprobación mencionada.
Posteriormente, los grupos de la derecha decidieron no bloquear el ingreso al Senado, para permitir el desarrollo normal de los debates, en la creencia de que sus 43 senadores serán suficientes para impedir la aprobación de la reforma. No convenía a sus intereses que se eligiera otra sede porque se facilitaría la posible disgregación del grupo, que incluye al PRIAN y los senadores de MC.
Claudio X. González, por su parte, ordenó en su momento realizar “marcaje personal” sobre los integrantes de la bancada conservadora. Así ha tratado de impedir la defección de alguno de sus miembros. Incluso elaboró un cuestionario que debe responder cada uno, tratando de formar una especie de padrón de “los 43”. A ese cuadro se le denominó el “Democratómetro” por algunos medios.
“Alito” Moreno, líder del PRI, cerró filas con sus senadores y les exigió firmar la renuncia a los propietarios para que, llegado el caso, eventualmente pudieran ser sustituidos por los suplentes. Entre ambos dirigentes establecieron una especie de “estado de sitio” para controlar sus escasas fuerzas en el Senado. Finalmente, de nada valieron sus esfuerzos. No todos sus senadores se mantuvieron dentro del redil.
La derecha conservadora siempre ha tratado de impedir la reforma de la vieja estructura de la Suprema Corte (SCJN) porque es el núcleo central en la defensa de los privilegios de funcionarios de otros poderes del Estado y de los factores reales de poder. Es un enclave del conservadurismo. En el fondo, la SCJN es el órgano articulador de la resistencia prianista ante los avances del movimiento popular. Desde que el poder judicial se confrontó con los demás poderes del Estado (Ejecutivo y Legislativo) el conflicto desbordó los salones palaciegos y saltó a las calles. Las y los ministros de la SCJN han bajado de sus cubículos para participar en diversas movilizaciones.
Inicialmente lo hicieron las ministras Lenia Batres y Loretta Ortiz Ahlf, por la izquierda, y después Juan Luis González Alcántara y la propia Norma Piña, por la derecha. Las manifestaciones de trabajadores y estudiantes han recorrido las calles de la capital y de varias entidades del país, como síntoma de la inquietud por la profundidad de los cambios que están sucediendo en las instituciones. La pasión del cambio ha arrastrado multitudes a las calles. El pueblo ha demostrado que tiene la voluntad de realizar una democratización a fondo de los órganos del Estado, para hacerlos más sensibles a sus intereses.
Queda claro que la separación de los diversos poderes del Estado no genera (ni ha generado) la paralización de las funciones del gobierno. Por el contrario, se complementan. La coincidencia de criterio entre dos de los poderes del Estado (Legislativo y Ejecutivo) no significa la dependencia de uno en relación con el otro, como han argumentado algunos voceros. Solo significa que los problemas se discuten con métodos democráticos entre ambos poderes. Finalmente, en México existe un régimen presidencial, o sea que el titular del Poder Ejecutivo es electo por el pueblo, y no por el congreso de acuerdo con la relación de fuerzas entre los partidos (como en el caso de los gobiernos parlamentarios).
Para entender el presente conflicto, hacemos un recuento de algunos de las medidas que tomó la derecha para impedir, a toda costa, la aprobación de la reforma del poder judicial:
- Iniciaron bloqueando las instalaciones de la Cámara de Diputados, y obligándolos a sesionar en una sede alterna. Después acusaron a los diputados de “legislar a espaldas del pueblo”. Algunos legisladores prianistas han objetado que la ley fue aprobada en esa sede, y esa “irregularidad” –dicen—altera todo el proceso.
- Asimismo, hay que tomar en cuenta que legalmente la reforma aprobada por los diputados no es vinculante, o sea que el senado tiene la facultad soberana de debatir el dictamen, rechazarlo o aprobarlo, de acuerdo con su criterio.
- Al respecto, el Artículo 17 de la Constitución establece que, en los cambios constitucionales, el fondo debe prevalecer sobre la forma. Esto es importante porque en los detalles formales se han basado las últimas resoluciones la SCJN, y han llegado a anular algunas reformas (como la Ley Eléctrica). Según los especialistas, las reformas constitucionales no pueden ser atacadas legalmente, pero sí los procedimientos para llegar a su aprobación. Ahí residen los detalles.
La derecha ha utilizado tradicionalmente la defensa de varias causas para proteger sus privilegios. Ha cambiado de camiseta de manera frecuente, presentándose como feminista, ambientalista, etc. Pero cuando esa causa ha sido rebasada, se quita la camiseta y la envía al cesto de la ropa sucia. Por el momento, hoy se ha convertido en experta del derecho constitucional.
