Bajo la presión del mensaje político enviado por millones de ciudadanos que votaron el 2 de junio por una justicia más sensible, democrática y apegada al interés popular, las y los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) asistieron el fin de semana al debate convocado por la Cámara de Diputados, para decidir el destino del poder judicial.
El hecho mismo de acudir como órgano institucional a las instalaciones de otro poder del estado mexicano, para debatir sobre temas de justicia que afectan al ciudadano de a pie, revela que ese cuerpo aristocrático y oculto por fin se dispone –ante la inminencia de los cambios-- a confrontarse con los problemas del pueblo. Uno de los ministros expresó que su falta de comunicación con la sociedad no significa que sean insensibles, sino que así fueron formados por la vieja escuela, para recluirse en la soledad de sus despachos, estudiar los casos, consultar los libros y presentar sus ponencias.
En el foro mencionado hicieron uso de la palabra los once ministros y ministras de la Corte. En general expresaron su conformidad con la reforma proyectada, pero algunos se dedicaron a tratar de modularla, a moderar su impulso y propusieron que se hiciera de manera gradual, con el argumento de que, si la elección de los nuevos juzgadores se efectuara en un solo momento, se generaría desequilibrio en el sistema de impartición de justicia.
Hubo dos intervenciones centrales en el primer foro: de la ministra Lenia Batres y del expresidente de la SCJN, Arturo Saldívar. La primera señaló con claridad que dentro de la estructura del estado, integrado por tres poderes, no debe existir la mayoría judicial sino la constitucional. O sea, ningún poder puede erigirse en rector de los demás. El poder judicial ejerció esa función al anular varias leyes aprobadas por el poder legislativo, con el argumento de que esas leyes se aprobaron en forma inadecuada, ya que no se respetó la “democracia deliberativa” en el momento de su aprobación. La ministra Batres argumentó que el poder legislativo también es independiente, y como tal tiene la facultad constitucional de dotarse de sus propios reglamentos.
La “ministra del pueblo” también expresó que la SCJN ha estado cerrada para los ciudadanos, pero abierta al tráfico de influencias. Dijo que la inmensa mayoría de las tesis de la SCJN han favorecido a la propiedad privada y la libertad de empresa --a la que considera “un derecho humano”-- favoreciendo así a las élites políticas y empresariales.
Luego definió los objetivos de la presente reforma judicial, que consisten en: elección popular de las y los juzgadores; sustitución del Consejo de la Judicatura por dos organismos (uno administrativo y otro con facultades de sancionar a los jueces corruptos) y finalmente poner límites a las remuneraciones de los miembros de la SCJN. Se debe aplicar rigurosamente –añadió-- el artículo 127 constitucional, para que las y los ministros no obtengan más remuneraciones que el presidente porque, dijo, han generado mucha indignación del pueblo por sus abusos.
Asimismo, propuso que las sesiones de la Corte deben ser públicas, y los proyectos de sentencia deben conocerse con anterioridad. A los miembros de la SCJN no se les debe asignar los expedientes de manera arbitraria. También planteó que la SCJN debe ejercer la plenitud de jurisdicción, que consiste en replantearse lo que en derecho se conoce como “cosa juzgada”, Debe analizar, por lo tanto, si durante el proceso los juzgadores decidieron en favor de los poderosos, a base de corrupción, y modificar esas sentencias en su caso. Expresó que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha definido esa figura como “cosa juzgada fraudulenta”.
En uno de los pasajes más claros de su intervención, Lenia Batres exclamó que en México la justicia es “cara, lenta, humillante, inentendible y parcial”. En pocas palabras, es injusticia, y debe modificarse porque la SCJN no es dueña del poder judicial. El dueño, el soberano de todos los poderes, es el pueblo.
Por su parte, el expresidente de la SCJN Arturo Saldívar argumentó que la independencia judicial no tiene un valor en sí misma, sino acompañado por un ejercicio de legitimidad social. Si carece de ese atributo, la independencia judicial es solo una máscara de la injusticia. Actualmente la legitimidad de la SCJN está rota. Las y los ministros han ejercido su independencia sin explicar a nadie de que se trata.
Recordó que durante el periodo que fungió como presidente de la Corte, trató de implementar algunas reformas. Pero al llegar la nueva presidenta –Norma Piña-- dichas medidas fueron anuladas. Se articuló de nuevo el nepotismo, y la justicia se hizo cada día más lejana del pueblo. Lo que pretende esta nueva reforma del poder judicial es que los juzgadores tengan cercanía con el pueblo, porque la justicia es un derecho, no un privilegio.
La mayoría de las y los ministros de la SCJN manifestaron abierta o solapadamente su malestar en el curso de la reunión. Es lógico: están perdiendo una batalla política que nunca imaginaron que algún día deberían presentar. Es como si los antiguos hacendados porfiristas --siempre ausentes del campo-- hubieran sido obligados a caminar junto a los peones, a compartir la suerte de los descamisados, oír sus reclamos y darse cuenta de las duras condiciones en que sobrevivían.
La vida diaria de la SCJN está llena de privilegiados. Los movimientos de las y los ministros de la Corte son cuidadosamente protegidos. Al salir a la calle lo hacen dentro de sus vehículos blindados, bajo la protección de guardias armados. Si van de vacaciones, el erario les paga viáticos y casetas. Si viajan al extranjero, en las salas de espera de los aeropuertos reciben trato de jefes de estado. Si solo asisten a sus reuniones en el edificio de la Corte, hay un comedor que los atiende con manjares y licores importados. Para ellos la noción de la pobreza y la violencia en los barrios no es más que una nota discordante que, de cuando en cuando, les interrumpe la digestión.
Hoy, las y los ministros de la SCJN han empezado a conocer lo que sintieron los hacendados porfiristas cuando miles de campesinos tomaron las tierras, y sembraron sus semillas en los campos que aquellos les habían arrebatado. Los atildados ministros y ministras comenzaron a sentir las punzadas de la crítica, los pinchazos argumentales de los diputados plebeyos, las miradas hostiles del pueblo y los apasionados discursos de los legisladores afines al movimiento de transformación. Recibieron un baño de realidad.
