El presidente Andrés Manuel López Obrador firmó el 15 de septiembre, en Palacio Nacional, el decreto de la Reforma Judicial, por lo que al publicarla, entró en vigor y pasó a formar parte del orden constitucional de la República.

La mencionada reforma fue aprobada por la mayoría calificada del Congreso, y después fue remitida a los congresos estatales, dentro de los cuales recibió el aval de 23 de las 32 entidades, de manera que ya forma parte de nuestro ordenamiento constitucional. El constituyente permanente de la República –establecido en el artículo 135 de la Carta Magna—es el mecanismo a través del cual se pudo realizar esta reforma, que tiene como objetivo desaparecer al corrupto y endogámico aparato del poder judicial, heredado del régimen neoliberal, que dominó al país desde los años 80 del siglo pasado.

De acuerdo con la opinión de especialistas, las reformas de orden constitucional no pueden ser atacadas en su contenido, sino en todo caso por algún tema de procedimiento. Tal impugnación tendría como finalidad impedir que la reforma entre en funciones. Los recursos legales que se podrían interponer son:

• Acciones de inconstitucionalidad. Solo están al alcance de los diputados de la oposición (PRI-PAN-MC) pero ninguno en particular lo ejerció, y más bien sus legisladores se dedicaron a mostrar su descontento dejando de asistir a las asambleas legislativas.
• La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) se negó a presentar ninguna acción de inconstitucionalidad, porque considera que la Reforma Judicial “es una conquista del pueblo y significa un avance en materia de derechos humanos”.

Por otra parte, el expresidente Ernesto Zedillo regresó al país y calificó la reforma de ser una “felonía”. Pero finalmente ya quedó fuera de su alcance. Zedillo no tiene autoridad moral ni política para criticar la reforma judicial, sobre todo porque fue el autor de la desaparición, por decreto, de la antigua SCJN, a la cual liquidó de manera fulminante.

Las y los ministros de la SCJN han indicado que presentarán su renuncia. Algunos han declarado que lo harán de inmediato, porque las nuevas condiciones de la SCJN ofenden su dignidad personal. No obstante –y a pesar de que siguen “en paro”— los ministros tomaron el acuerdo por unanimidad que el requisito de 65 años se redujera a 55, para recibir la pensión adicional. (Esta medida significa que el poder judicial actual acepta su derrota política, y sus ministro(a)s solo se interesan ya por su futuro personal).

Por otra parte, Lenia Batres ha presentado una propuesta de Mesa de Transición, para que la Corte actual siga funcionando y pueda facilitar los trámites legales para llegar a establecer los nuevos organismos. Por ejemplo: el Consejo de la Judicatura, también presidido por Norma Piña, dará paso al nuevo Tribunal de Disciplina Judicial, que se instalará en septiembre de 2025.

Es probable que se presenten a las elecciones del próximo 1 de junio próximo, las ministras Lenia Batres, Yasmín Esquivel Mossa y Loretta Ortiz Ahlf, quienes llegaron al cargo a propuesta del presidente AMLO, y se mantuvieron fieles al movimiento del cambio. Incluso es posible que tengan prioridad para ser candidatos, aquellos jueces y magistrados que votaron por la negativa y no quisieron suspender sus labores, cuando la SCJN decretó el fallido “paro de labores”.

El ministro Luis Aguilar Morales –por otro lado-- terminará su encargo en la SCJN el próximo mes de diciembre, y la presidenta Claudia Sheinbaum lo deberá sustituir. Es probable que en el Senado de la República, la terna inicial que envíe la mandataria sea aprobada, por lo que el nombramiento del nuevo ministro se hará de inmediato. De este modo, el equipo favorable al cambio institucional quedará integrado por 4 personas.

En las elecciones para designar a los nuevos juzgadores, en primer lugar se deberán incluir las candidaturas de aspirantes a ocupar los cargos vacantes de magistrad(a)os del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TRIFE) que a la fecha está compuesto por solo 5 magistrados, y le hacen falta 2 más para su correcta integración. En la misma fecha, serán electos los 9 ministr(a)os de la nueva SCJN, y se someterán a elección popular la mitad de los cargos de jueces de distrito y magistrados de circuito de las diversas entidades del país.

En algunos sectores de la comentocracia se ha señalado que la coalición de izquierda (Morena-PT-PVEM) manejará a su gusto los nombres de los nuevos juzgadores. No es verdad, porque la reforma contempla diversos candados para que dichas candidaturas tengan las mejores cualidades de honestidad, capacidad e independencia de criterio. Por lo pronto, el Congreso cuenta con 30 días naturales para elaborar y lanzar la convocatoria para esas elecciones.

Las reformas pendientes

El Congreso de la Unión deberá votar, asimismo, las reformas constitucionales que ya fueron debatidas y dictaminadas por la Cámara de Diputados de la anterior Legislatura. Las principales son:

• La pensión de adultos mayores, la de “Jóvenes Construyendo el Futuro” y de los campesinos del programa “Sembrando Vida”, deben elevarse a rango constitucional.
• El salario mínimo debe ser respetado por sindicatos y empleadores. Su aumento anual deberá ser superior a la tasa de inflación del año correspondiente, elevando este principio a rango constitucional.
• Las pensiones de los jubilados tanto del ISSSTE como del IMSS deben entregarse íntegras, con el 100% del último salario percibido por las y los trabajadores, revirtiendo las reformas de los gobiernos neoliberales. Deben ser garantizadas por el gobierno federal, y para su cumplimiento se creará un fondo.
• Las comunidades originarias y de afromexicanos deben recibir un trato preferencial como sujetos de derecho público, para revertir el atraso y la discriminación a que han sido sometidos durante siglos. Sus derechos deben ser consagrados en la Carta Constitucional.
• En materia de seguridad, la Guardia Nacional debe ser incluida dentro del sistema administrativo de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) a cuyo cargo están también el ejército, la marina armada y la Fuerza Aérea Mexicana.
• Varios entes públicos fueron creados por los gobiernos neoliberales para funcionar como “organismos autónomos”, pero en realidad han duplicado las funciones realizadas por las dependencias del ramo. Esos organismos deben desaparecer, y su personal debe ser adscrito al esquema administrativo regular.