El mensaje enviado por los ciudadanos a la clase política el pasado 2 de junio fue muy claro: el gobierno debe realizar una reforma profunda de las instituciones, y acabar con la red de intereses que convirtió al gobierno en una máquina de acumulación de riqueza para favorecer a la oligarquía, sin atender las necesidades del pueblo.
Desde principios del presente sigo, existe un vigoroso movimiento popular que ha venido creciendo. A la cabeza del mismo, la coalición de izquierda (Morena-PT-PVEM) ha enfrentado al vetusto sistema de partidos políticos creado por la oligarquía gobernante, que tuvieron vigencia durante casi un siglo (1929-2018) siempre ligados a la existencia de un partido de estado.
Dichos partidos ya son obsoletos. La función que desempeñan actualmente ya no es acorde con el momento político del país: el PRI fue diseñado para administrar el poder de las camarillas de la posrevolución, mientras el PAN fue fundado para oponerse a las imposiciones del partido único. Las condiciones políticas que les dieron origen y dentro de las que desplegaron sus acciones, ya no existen en la actualidad.
El PRI nunca fue un instrumento de lucha por el poder, sino de control político, porque nació de un acuerdo cupular entre los diversos cacicazgos de la era callista, para superar las luchas fratricidas; el PAN, por su lado, fue creado por grupos de la derecha profascista para oponerse a las reformas sociales del cardenismo, y por lo mismo su esencia fue y sigue siendo conservadora. Ambos son partidos que hoy se baten en retirada ante el empuje del movimiento de masas, que avanza desde 2018 barriendo todos los obstáculos en el país.
Los dos partidos de la derecha mexicana que aún sobreviven, fueron la expresión política de sectores sociales que tenían fuerza en aquella época, pero esos factores ya no existen en la actualidad. En el México de 1929 no existía una clase de inversionistas mexicanos. Prácticamente todas las grandes inversiones en infraestructura eran de capital extranjero, principalmente de EU, Francia e Inglaterra.
Las importaciones de artículos de consumo nacional procedían de EU, porque en México solo había mercados regionales, es decir, en cada región se producían los alimentos que consumía la población. No había una clase social de emprendedores con capacidad de satisfacer la demanda nacional. En ese contexto, el PRI no era la expresión política de una clase productiva, sino de la burocracia que manejaba el aparato del estado.
El general Cárdenas (1934-1940) fue el constructor de un nuevo sistema de poder: al repartir la tierra liberó la fuerza productiva de millones de campesinos. El gobierno nacionalizó la industria petrolera, los ferrocarriles y creó decenas de empresas para fomentar la producción agropecuaria (Banco Agrícola, Banco ejidal, ANDSA, ANAGSA, etc.)
Con esa oleada de estatizaciones nació una nueva clase empresarial urbana y rural muy productiva y pujante. El régimen cardenista funcionó realmente como un “capitalista colectivo” de tendencia nacionalista, que sentó las bases del moderno desarrollo del país. El PAN fue creado por grupos de abogados para oponerse a las medidas nacionalistas. Siempre estuvieron contra el progreso nacional por vías propias, y promovieron que las inversiones extranjeras funcionaran como el motor del desarrollo.
Al triunfar la contrarrevolución con Miguel Alemán (1946-1952) el PRM cambió su nombre por el de PRI, al tiempo que surgió una oleada de nuevos ricos que medraron al amparo del poder. Las empresas públicas se convirtieron en botín de políticos que se enriquecieron por medio de la corrupción. Y surgió una nueva clase de personajes que combinaban la función pública con los negocios privados: basten los ejemplos de Carlos Hank González y la propia familia Alemán para ejemplificar esa nueva tendencia.
Más adelante, los gobiernos de Salinas y Zedillo llevaron al PRI a una crisis de legitimidad, y para reemplazarlos fue necesaria la presencia de una nueva clase de políticos y empresarios ligados al capital extranjero (los “bárbaros del norte”) que vieron la oportunidad de luchar por el poder, y obtuvieron el triunfo en el 2000 con Vicente Fox. El prianismo, que tenía sus raíces en las “concertacesiones” de Salinas, se consolidó con Fox, y presentó su expresión más acabada en las recientes elecciones del 2 de junio, cuando fueron derrotados por la coalición de izquierda nucleadas en torno al obradorismo (Morena-PT-PVEM).
Los resultados están a la vista: la derecha coaligada perdió las elecciones presidenciales en una proporción de 2 a 1. El mismo panorama existe en las elecciones de diputados y senadores. En realidad, los dirigentes prianistas no han tenido la lucidez necesaria para analizar las causas de sus derrotas. Sus intelectuales orgánicos han querido aplicar en 2024 la fórmula mágica de mezclar ambos partidos con el PRD, un cadáver ambulante, con la intención de generar una fuerza nueva. Han pagado muy caro el experimento. Si usáramos lenguaje futbolero diríamos: la coalición de izquierda ganó el 2 de junio por goleada jugando en cancha rival con las reglas establecidas por el adversario, y con árbitros del antiguo régimen.
Si por alguna razón se detuviera el proceso de cambio con relación a la SCJN, la izquierda podría seguir al frente del gobierno por muchos sexenios más. Bastaría con esperar la asignación de legisladores “pluris” para tener mayoría calificada en el Congreso federal. Nombrar después nuevos ministros de la SCJN –con el perfil de Lenia Batres—para llegar a tener la mayoría en ese órgano conservador. La derecha seguiría sin fuerza suficiente para detener los procesos de cambio estructural. Las cifras del PRIAN son muy raquíticas.
Urge continuar con el proceso de reformas. Miles de personas siguen injustamente en prisión por delitos menores, o porque carecen de recursos para enfrentar un sistema penal injusto, elitista y caro. Los agentes del ministerio público y los jueces siguen extorsionando a la población. Y eso hay que barrerlo del país.
Los poderes del estado deben ponerse al servicio del pueblo. El ejecutivo debe estar a cargo de quien obtenga la confianza del pueblo, y si hay dudas sobre su actuación, debe acudirse a la revocación de mandato. El legislativo debe promulgar leyes que protejan el interés nacional y defiendan al pueblo. Y el judicial debe aplicar la justicia que demanda la sociedad.
El pueblo ha demostrado que tiene ganas de ir más adelante con el proceso de cambio. Su empuje es muy potente y ha desbordado todos los límites. La población ha percibido la oportunidad histórica de cambiar todo lo que se opone a su bienestar, y hacerlo por la vía pacífica.
