Con los votos de la mayoría calificada en la Cámara de Diputados, fue aprobado el dictamen que legitima la adscripción de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) el cual fue remitido a la Cámara de Senadores, donde se espera su aprobación en el curso de la presente semana.
La población mexicana ha percibido desde hace décadas la inseguridad pública --que domina en las calles, campos y carreteras del país-- como el principal problema que afecta el desempeño normal de sus actividades, y le causa daño con más fuerza que el desempleo, los bajos salarios y la falta de oportunidades de estudio y superación para los jóvenes.
A partir del gobierno de Felipe Calderón (2006-2012) la seguridad pública del país fue gravemente afectada, sobre todo por la política aventurada de golpear sin ninguna planeación ni consenso –más bien por razones de legitimación política-- a una delincuencia organizada que había venido incrementando su actividad a lo largo y ancho del territorio nacional, poniendo en peligro la vida, el patrimonio y la seguridad de las familias mexicanas.
Los partidos y comentócratas de la derecha han venido manejando que el cambio de adscripción de la Guardia Nacional significa la “militarización” del país, arguyendo múltiples motivos. Pero ese alegato es solo un fantasma sin base en los hechos reales. Un país militarizado es aquel donde las fuerzas armadas tienen el control y toman las decisiones políticas fundamentales del Estado, y este claramente no es el caso.
De acuerdo con esa lógica, el país estaría “militarizado” desde hace décadas, porque las fuerzas armadas han llevado los libros de texto a las regiones más apartadas del país; han aplicado el Plan DN3 en casos de emergencia; aplicaron vacunas durante la emergencia generada por el Covid y han construido aeropuertos, vías férreas, canales de riego, etc. Por cierto: esas son las razones por las que las fuerzas armadas de México tienen los mayores índices de popularidad a los ojos de la población. Curiosa “militarización”
El proyecto de fondo de los actuales legisladores de la izquierda consiste en elevar a rango constitucional y aplicar en todo el país, la experiencia exitosa del gobierno de la Ciudad de México en el anterior sexenio, cuyo proyecto se basó en los 4 ejes que permitieron a Claudia Sheinbaum –entonces Jefa de gobierno de la Ciudad de México-- reducir en 50% el índice de homicidios dolosos, y el abatimiento general de los demás índices de inseguridad.
Los ejes de esa política fueron:
- Conocer y atacar las causas que generan la delincuencia. Esta política debe ser acompañada de cero impunidad, lo cual implica un combate efectivo contra la corrupción de los funcionarios.
- Desarrollo y formación profesional, para que las fuerzas policiales del estado tengan capacidad técnica y operativa para afrontar y superar los retos de la delincuencia.
- Que la policía (en este caso la Guardia Nacional) tenga la autoridad legal para investigar los delitos, detener a los delincuentes en flagrancia, y en todo caso prevenir la comisión de acciones delictivas. Estas acciones se llevaron a cabo en coordinación con agentes del ministerio público.
- Debe haber coordinación de todas las autoridades competentes para realizar las investigaciones y llevar a los delincuentes ante la ley. Las fiscalías estatales y la nacional son autónomas, pero eso no significa que puedan quedar al margen de la coordinación para perseguir a los delincuentes.
Una vez que sea aprobada la reforma por el Senado, la Guardia Nacional quedará integrada, como ha sido tradicional, por elementos de origen militar y sujetos a esa disciplina, pero no tendrá armamento ni capacidad para librar una guerra, es decir, no manejará el armamento necesario para enfrentar a un enemigo externo en suelo nacional.
La Guardia Nacional funcionará bajo estricta disciplina militar, pero su labor esencial será salvaguardar la seguridad pública, o sea solo portará sus armas de cargo y vehículos artillados. En previsión de eso, una buena parte de los futuros egresados del Colegio Militar está recibiendo formación para obtener la licenciatura en seguridad pública. A todos los miembros activos de esta fuerza se les dan cursos de derechos humanos, para que respeten los derechos de la población y de los civiles detenidos.
Por otro lado, de acuerdo con la minuta aprobada, la Guardia Nacional será el organismo responsable de aplicar la política de Seguridad Pública del nuevo gobierno, en coordinación con las policías estatales y municipales. El ejército seguirá coadyuvando en esas funciones por 4 años más, de acuerdo con la modificación constitucional aprobada años antes, que fija hasta el 2028 el plazo para que las fuerzas armadas se retiren a sus cuarteles.
Hay una confusión que se ha extendido, y se maneja de manera dolosa por algunos comentaristas. Dicen que la Guardia Nacional dependerá del Ejército, lo cual es falso. La Guardia Nacional es un cuerpo que tiene la misma jerarquía institucional del Ejército Mexicano, y será administrada por la Sedena. En ese sentido, las prestaciones sociales de que han gozado los miembros de la Guardia Nacional –la mayoría procedentes del ejército y la marina—serán conservadas en su beneficio.
Las fuerzas armadas tradicionalmente han contado con prestaciones sociales muy amplias, y su sistema de seguridad social cubre varios aspectos. A la fecha, la Guardia Nacional cuenta con más de 120 mil elementos y tiene a su disposición más de 500 instalaciones y cuarteles para su alojamiento, construidos a lo largo del presente sexenio. Esto es muy diferente a las épocas anteriores, cuando la Policía Federal solo tenía unos 20 mil elementos operativos, y carecía de cuarteles propios, por lo que debía salir a realizar operativos alojándose en hoteles, y muchos se veían obligados a acampar al aire libre o en albergues improvisados.
En diversas regiones críticas, donde la delincuencia se ha desbordado, los elementos activos de la Guardia Nacional superan en número a los policías municipales y estatales. La aprobación en la Cámara de Diputados fue de 353 votos a favor por 126 en contra, por lo cual cubrió el requisito de la mayoría calificada. El fin de semana anterior fue remitida al Senado, donde se debatirá en lo general estos días, y es probable que se apruebe en lo particular esta misma semana.
