El objetivo de los prianistas el 2 de junio era obtener los votos necesarios para integrar una minoría numérica en el Congreso, suficiente para oponerse a la reforma judicial planteada en el Plan C; la masiva votación popular, sin embargo, los devolvió a la realidad. Esos 36 millones de votos se han convertido en una pesadilla para sus intereses.
Ahora los voceros principales de la derecha se han empeñado –con apoyo de los medios corporativos—en difundir que el país se encuentra en el umbral de una dictadura de partido. Han recurrido a todas las argucias legales para decir que la izquierda tiene un proyecto de “sobrerrepresentación” de sus legisladores, lo que va a conducir al país a recibir mayores daños.
Por supuesto, esa argumentación legal carece de base. La Constitución vigente establece en su artículo 54 que los partidos políticos obtienen –además de los legisladores de mayoría relativa— una cuota de legisladores de representación proporcional que no exceda del 8% de su caudal electoral. El sofisma que emplean los prianistas es que ese 8% debe asignarse a las coaliciones y no a los partidos, porque en caso contrario –alegan-- la izquierda tendrá una “sobrerrepresentación” que los electores no le otorgaron en las urnas.
Ese razonamiento es reciente elaboración, porque el PRIAN lo aplica hoy de acuerdo con su nueva situación. Pero nunca lo aplicó en décadas anteriores, cuando por su caudal electoral tenía la mayoría legislativa durante el régimen neoliberal, en los últimos 18 años, por lo menos. Usaron el principio de representación proporcional precisamente para aumentar sus legisladores y convertir su minoría relativa en instrumento para conseguir el control del Congreso. Así sucedió en todas las elecciones que se realizaron en México desde 2006. Se realizó en 2012, igual que en 2018, cuando AMLO ganó la presidencia de la República. Las elecciones intermedias del 2021 tuvieron el mismo carácter, y la derecha festejó su “éxito” porque pudo arrebatar la “mayoría calificada” que supuestamente mantenía la izquierda. El actual criterio de asignación se ha aplicado en forma consistente y sistemática. Queda claro entonces que el reclamo prianista no es por principios jurídicos, sino por simple conveniencia electoral.
En 2008, los prianistas suprimieron un párrafo en el artículo 59 de la Constitución, vigente desde 1996, y establecieron que los partidos –no las coaliciones—podrían recibir hasta el 8% de representación proporcional. Esa es la razón jurídica por la cual se ha asignado a los partidos políticos esa cuota. Ahora –por conveniencia—los prianistas pretenden dejar sin efecto una ley que fue útil a sus intereses durante décadas.
Las recientes elecciones federales de junio fueron convocadas por el INE de acuerdo con las reglas previamente establecidas. Ningún organismo político protestó contra los términos de esa convocatoria. En consecuencia, los partidos políticos –incluyendo los de derecha-- diseñaron sus campañas con base en esas reglas.
La estrategia de los prianistas no tenía como objetivo ganar la presidencia, sino impedir que la izquierda lograra la mayoría calificada en el Congreso, y así impedir la reforma de la Constitución. Pero hoy, cuando el resultado de las urnas les fue altamente desfavorable, quieren que los tribunales despojen a la izquierda de sus triunfos. Pretenden cambiar las reglas del juego después de perder la competencia.
Por otro lado, en 2022 el presidente AMLO envió al Congreso una iniciativa de reforma electoral, la cual (de haber sido aprobada) habría eliminado la cuota de representación proporcional a los partidos, para asignarla a las coaliciones. Por su ceguera, la derecha la rechazó por completo, ya que por sistema se oponía a toda propuesta proveniente del poder ejecutivo. Era la época de la “moratoria constitucional” durante la cual anularon todas las iniciativas legales de AMLO. Los prianistas no supieron distinguir, por su torpeza, las propuestas que podrían haber sido favorables a sus intereses. La dirección política de la derecha no estuvo a la altura de las exigencias.
El pasado 2 de julio, algunos personeros de la derecha --un mes después del desastre-- se percataron del error, y lo expresaron con alarma. Javier Lozano --quien fuera secretario en el gabinete de Felipe Calderón-- advirtió a Marko Cortés, dirigente del PAN, que debieron haber realizado esos cambios constitucionales a los artículos de referencia, porque hoy “nos van a aplicar la exegética”, o sea que los órganos electorales van a aplicar la ley vigente en favor de los partidos de izquierda.
Gerardo Fernández Noroña –actual diputado federal por el PT—niega que vaya a existir una “sobrerrepresentación”. Señaló que la izquierda unida ganó 256 de 300 distritos electorales, es decir el 85% de los diputados, y 60 de las 64 elecciones de senadores, o sea el 93% de la Cámara alta. Para moderar esas cifras, se van a asignar las cuotas de representación proporcional a los partidos.
Luisa María Alcalde –secretaria de Gobernación— detalló que Morena obtuvo 161 diputados de mayoría, y se le asignarán 87 legisladores de representación proporcional; el PVEM ganó en 75 distritos, y recibirá 18 diputados “pluris”, mientras el PT ganó en 38 distritos, y se le asignarán 12 diputados de representación proporcional para un total de 50 legisladores en la Cámara baja.
El PAN, por el contrario, ganó solo en 32 distritos de mayoría, y hay el proyecto de asignarle hasta 38 diputados “pluris”. El PRI ganó el 11.87% de los votos y se le asignará el 6.6% más, mientras MC obtuvo 11.65 de los sufragios, y se le otorgará 6.6% más de representación proporcional. Los legisladores que serán asignados al PAN son una muestra clara de que el sistema de representación proporcional beneficia a los partidos minoritarios.
Hamlet García Almaguer –senador electo por Morena-- señaló por su parte que el sistema mexicano de asignación de legisladores es mixto, y dejó bien clara la diferencia entre un partido y una coalición. En elecciones anteriores –agregó-- los partidos de izquierda compitieron bajo un solo logotipo, por lo que era imposible conocer la voluntad de los electores. En la elección del 2 de junio, cada partido político apareció con su propio logo, de modo que se puede contabilizar claramente la voluntad del ciudadano.
En el fondo, lo que se debate es la reforma del estado mexicano. Hasta 2018, el estado nacional funcionó al servicio de la oligarquía. Durante el régimen neoliberal, los legisladores modificaron la Constitución cerca de 500 veces. La voluntad popular decidió el 2 de junio, por gran mayoría, un cambio sustancial en la estructura del poder.
