/ miércoles 19 de junio de 2024

El nuevo Congreso hará reformas de fondo al Poder Judicial

Consumada la victoria electoral del 2 de junio, la dirección política de la izquierda (Morena-PT-PVEM) promoverá el debate público sobre las propuestas de reforma constitucional y conseguir su aprobación en septiembre, cuando se instale el nuevo congreso federal, cuya mayoría calificada estará en manos de las fuerzas progresistas.

La ruta ha sido trazada por los dirigentes de los tres partidos del movimiento, ya que es urgente llevar a cabo reformas sustanciales en diversos órganos del estado, principalmente en relación con la administración y aplicación de la justicia. De acuerdo con el senador Ricardo Monreal, serán 5 las principales reformas que se abordarán de inmediato:

  • Reforma del Poder Judicial. Esta es producto de una demanda popular con amplio respaldo. El objetivo es establecer una verdadera división de poderes, evitando que el poder judicial tenga la función hegemónica sobre los otros dos, y en adelante no pueda anular leyes aprobadas por el poder legislativo. No se permitirá que los jueces sigan liberando delincuentes, además de que se fomentará la impartición de justicia de forma pronta y expedita.
  • Bienestar social. Las becas para estudiantes de los niveles preprimaria, primaria y educación media serán elevadas a rango constitucional.
  • Se establecerán pensiones para mujeres de 60 a 64 años, que se enlazarán con las que ya se otorgan a personas de 65 años y más.
  • Se establecerá la No reelección para diversos cargos de elección popular. Esta reforma será efectiva hasta el año 2030.
  • Reforma a las leyes que regulan el ISSSTE. Estas no representarán cambios de rango constitucional, sino de las leyes reglamentarias de la institución.

Algunos medios corporativos han comenzado a afirmar que en la boleta electoral del 2 de junio no se expresó la voluntad del pueblo sobre ese tema. Argumentan que el pueblo votó por Claudia Sheinbaum para presidenta, pero no por las reformas constitucionales que la izquierda quiere aprobar. Lo cierto es que en los programas de gobierno de todos los candidatos federales de la izquierda (incluyendo Claudia Sheinbaum) apareció ese punto, y que en diversos debates y foros los asistentes se manifestaron en favor de tales reformas. En todo caso, la encuesta realizada el lunes pasado comprobó que la población apoya de manera abrumadora (más de 80%) en favor de que se realicen esos cambios a la Constitución Política del país.

Los foros de consulta que se van a organizar en torno a esta reforma se desplegarán por todo el país durante el resto del presente mes de junio y en los dos meses siguientes, de manera que cuando se instale en septiembre el nuevo congreso, se haya agotado el debate sobre estos temas. Todos los puntos del proyecto pasarán por un riguroso análisis de la población.

Los puntos a debate a partir del presente mes y hasta llegar a la votación dentro del nuevo congreso serán:

  • Elección directa o indirecta de jueces, magistrados y ministros, para lo cual se recibirán las opiniones de todos los actores involucrados en este asunto, incluyendo a los actuales ministros de la SCJN.
  • Creación de un órgano constitucional con capacidad de vigilar la función de los jueces, y controlar los procedimientos y la integridad de su conducta judicial. Este órgano sustituirá al actual Consejo de la Judicatura Federal (también llamado “Consejo de la Caricatura”) cuya presidenta es Norma Piña, quien igualmente preside la SCJN.
  • Se tomarán medidas para que los nuevos órganos de impartición de justicia no cometan actos de corrupción y nepotismo, ni realicen una aplicación selectiva de la justicia. Se deberá respetar el principio de que “el primero en tiempo es el primero en derecho”, para evitar retrasos en la impartición de la misma. Se abolirán los privilegios y se tendrá como objetivo que no haya personas que lleven 10 o 15 años en prisión sin recibir sentencia.

En México existe un órgano constitucional que se denomina “constituyente permanente”, integrado por ambas cámaras legislativas federales, así como por la mitad más una (17) de las legislaturas estatales. En virtud de que la izquierda tiene mayoría en más de 24 de esas legislaturas, es muy probable que esas reformas constitucionales –una vez aprobadas por el Congreso— reciban apoyo legislativo estatal de manera muy amplia.

Hay que tomar en cuenta que en 2018, cuando AMLO llegó al poder, solo existían algunas pocas legislaturas encabezadas por la izquierda. Además, tanto en 2018 como en 2021, en el Congreso de la Unión la izquierda solo obtuvo la mayoría simple, más no la calificada. Mediante el trabajo constante del gobierno obradorista, la población votó por construir esa mayoría de dos tercios en el congreso; asimismo, la población dio la victoria a la izquierda en la mayoría de los estados de la federación (23 de la coalición de izquierda y una del PVEM). La labor de AMLO en 5 años fue sentar los cimientos del actual proceso de transformación; a partir de octubre, el gobierno de Claudia Sheinbaum podrá promulgar las reformas constitucionales que la población reclama. Este es uno de los sentidos del “segundo piso”.

El nuevo gobierno, además, deberá mantener comunicación constante con el pueblo. Los medios de comunicación corporativos están muy desacreditados, pero conservan la capacidad de confundir a la población. Hay necesidad de combatirlos a diario, para evitar el regreso de la ideología neoliberal que los medios se encargan de difundir entre el pueblo.

En el nuevo congreso, la izquierda se deberá guardar mucho de tener actitudes prepotentes, de menosprecio a los adversarios. Los partidos de la derecha están en minoría, pero representan cerca de 20 millones de ciudadanos. Será necesario que los nuevos legisladores no se precipiten y lleven los temas a votación después de un amplio y concienzudo debate; solo deben aplicar la “aplanadora” de manera supletoria cuando sea necesario, es decir, cuando la derecha recurra a chicanadas o trampas legaloides para impedir el ejercicio de los derechos de la mayoría.

La izquierda ha tenido capacidad de vencer a sus oponentes en todos los frentes. La oposición de los partidos de derecha fue ampliamente derrotada; los intelectuales del viejo régimen carecen hoy de toda representación; la oposición sindical se ha integrado al proceso de cambio, a partir de los aumentos del salario y prestaciones a las trabadoras y trabajadores.

La oposición política tradicional, no obstante, se ha parapetado en el viejo aparato de la prensa corporativa. Será necesario seguir aplicándoles la receta que ya demostró su eficacia: la comunicación con el pueblo jamás debe ser abandonada. Es la lección esencial de la victoria.

Consumada la victoria electoral del 2 de junio, la dirección política de la izquierda (Morena-PT-PVEM) promoverá el debate público sobre las propuestas de reforma constitucional y conseguir su aprobación en septiembre, cuando se instale el nuevo congreso federal, cuya mayoría calificada estará en manos de las fuerzas progresistas.

La ruta ha sido trazada por los dirigentes de los tres partidos del movimiento, ya que es urgente llevar a cabo reformas sustanciales en diversos órganos del estado, principalmente en relación con la administración y aplicación de la justicia. De acuerdo con el senador Ricardo Monreal, serán 5 las principales reformas que se abordarán de inmediato:

  • Reforma del Poder Judicial. Esta es producto de una demanda popular con amplio respaldo. El objetivo es establecer una verdadera división de poderes, evitando que el poder judicial tenga la función hegemónica sobre los otros dos, y en adelante no pueda anular leyes aprobadas por el poder legislativo. No se permitirá que los jueces sigan liberando delincuentes, además de que se fomentará la impartición de justicia de forma pronta y expedita.
  • Bienestar social. Las becas para estudiantes de los niveles preprimaria, primaria y educación media serán elevadas a rango constitucional.
  • Se establecerán pensiones para mujeres de 60 a 64 años, que se enlazarán con las que ya se otorgan a personas de 65 años y más.
  • Se establecerá la No reelección para diversos cargos de elección popular. Esta reforma será efectiva hasta el año 2030.
  • Reforma a las leyes que regulan el ISSSTE. Estas no representarán cambios de rango constitucional, sino de las leyes reglamentarias de la institución.

Algunos medios corporativos han comenzado a afirmar que en la boleta electoral del 2 de junio no se expresó la voluntad del pueblo sobre ese tema. Argumentan que el pueblo votó por Claudia Sheinbaum para presidenta, pero no por las reformas constitucionales que la izquierda quiere aprobar. Lo cierto es que en los programas de gobierno de todos los candidatos federales de la izquierda (incluyendo Claudia Sheinbaum) apareció ese punto, y que en diversos debates y foros los asistentes se manifestaron en favor de tales reformas. En todo caso, la encuesta realizada el lunes pasado comprobó que la población apoya de manera abrumadora (más de 80%) en favor de que se realicen esos cambios a la Constitución Política del país.

Los foros de consulta que se van a organizar en torno a esta reforma se desplegarán por todo el país durante el resto del presente mes de junio y en los dos meses siguientes, de manera que cuando se instale en septiembre el nuevo congreso, se haya agotado el debate sobre estos temas. Todos los puntos del proyecto pasarán por un riguroso análisis de la población.

Los puntos a debate a partir del presente mes y hasta llegar a la votación dentro del nuevo congreso serán:

  • Elección directa o indirecta de jueces, magistrados y ministros, para lo cual se recibirán las opiniones de todos los actores involucrados en este asunto, incluyendo a los actuales ministros de la SCJN.
  • Creación de un órgano constitucional con capacidad de vigilar la función de los jueces, y controlar los procedimientos y la integridad de su conducta judicial. Este órgano sustituirá al actual Consejo de la Judicatura Federal (también llamado “Consejo de la Caricatura”) cuya presidenta es Norma Piña, quien igualmente preside la SCJN.
  • Se tomarán medidas para que los nuevos órganos de impartición de justicia no cometan actos de corrupción y nepotismo, ni realicen una aplicación selectiva de la justicia. Se deberá respetar el principio de que “el primero en tiempo es el primero en derecho”, para evitar retrasos en la impartición de la misma. Se abolirán los privilegios y se tendrá como objetivo que no haya personas que lleven 10 o 15 años en prisión sin recibir sentencia.

En México existe un órgano constitucional que se denomina “constituyente permanente”, integrado por ambas cámaras legislativas federales, así como por la mitad más una (17) de las legislaturas estatales. En virtud de que la izquierda tiene mayoría en más de 24 de esas legislaturas, es muy probable que esas reformas constitucionales –una vez aprobadas por el Congreso— reciban apoyo legislativo estatal de manera muy amplia.

Hay que tomar en cuenta que en 2018, cuando AMLO llegó al poder, solo existían algunas pocas legislaturas encabezadas por la izquierda. Además, tanto en 2018 como en 2021, en el Congreso de la Unión la izquierda solo obtuvo la mayoría simple, más no la calificada. Mediante el trabajo constante del gobierno obradorista, la población votó por construir esa mayoría de dos tercios en el congreso; asimismo, la población dio la victoria a la izquierda en la mayoría de los estados de la federación (23 de la coalición de izquierda y una del PVEM). La labor de AMLO en 5 años fue sentar los cimientos del actual proceso de transformación; a partir de octubre, el gobierno de Claudia Sheinbaum podrá promulgar las reformas constitucionales que la población reclama. Este es uno de los sentidos del “segundo piso”.

El nuevo gobierno, además, deberá mantener comunicación constante con el pueblo. Los medios de comunicación corporativos están muy desacreditados, pero conservan la capacidad de confundir a la población. Hay necesidad de combatirlos a diario, para evitar el regreso de la ideología neoliberal que los medios se encargan de difundir entre el pueblo.

En el nuevo congreso, la izquierda se deberá guardar mucho de tener actitudes prepotentes, de menosprecio a los adversarios. Los partidos de la derecha están en minoría, pero representan cerca de 20 millones de ciudadanos. Será necesario que los nuevos legisladores no se precipiten y lleven los temas a votación después de un amplio y concienzudo debate; solo deben aplicar la “aplanadora” de manera supletoria cuando sea necesario, es decir, cuando la derecha recurra a chicanadas o trampas legaloides para impedir el ejercicio de los derechos de la mayoría.

La izquierda ha tenido capacidad de vencer a sus oponentes en todos los frentes. La oposición de los partidos de derecha fue ampliamente derrotada; los intelectuales del viejo régimen carecen hoy de toda representación; la oposición sindical se ha integrado al proceso de cambio, a partir de los aumentos del salario y prestaciones a las trabadoras y trabajadores.

La oposición política tradicional, no obstante, se ha parapetado en el viejo aparato de la prensa corporativa. Será necesario seguir aplicándoles la receta que ya demostró su eficacia: la comunicación con el pueblo jamás debe ser abandonada. Es la lección esencial de la victoria.