Norma Piña continúa desafiando al poder legítimo del país, al promover que la SCJN discuta sobre la reforma judicial, la cual ya forma parte del orden constitucional. Arropada por sus asesores, los “intelectuales orgánicos” de la derecha, ha decidido continuar con la defensa de sus privilegios, junto al sector más retardatario de la sociedad.

En la reunión del Pleno de la Corte, realizada el 3 de octubre, Lenia Batres, quien forma parte de la minoría de 3 ministras de ese órgano, advirtió con toda claridad: si el pleno de la Corte intentara revisar el contenido de la reforma, estará dando un paso más en el camino de dar, con todas sus letras, un golpe de estado judicial.

En caso de llegar a concretar su plan –añadió-- la SCJN estaría jugando el papel de un poder superior al Constituyente Permanente, es decir, una función que no le corresponde, porque solo el poder legislativo puede realizar cambios a la Carta Constitucional, mientras a la SCJN le corresponde solo aplicar sus disposiciones, no derogarlas.

Por su parte, la presidenta Claudia Sheinbaum, en su conferencia del día 4, insistió en que la SCJN no tiene facultades legales para hacer cambios a la Constitución Política de la República. Agregó que ese órgano está realizando un movimiento peligroso, porque está provocando al Ejecutivo, para que aplique medidas de represión y, por lo mismo, darle motivos para llamarlo “autoritario”. Luego manifestó que la SCJN solo está encabezando un “golpe aguado”.

La ministra Margarita Ríos Farjat --quien fuera titular del SAT, y nombrada posteriormente por AMLO para ese cargo-- apoyó con su voto la propuesta de Norma Piña para analizar la posible revisión de la Carta constitucional. Al respecto, empezó a circular un video acerca de la postura que manejó la ministra Ríos Farjat el 4 de diciembre de 2019, durante su comparecencia ante el Senado, días antes de tomar posesión de su actual cargo. En aquella ocasión, expresó que la SCJN no tiene facultades para revisar la Constitución. Fue muy clara y enfática en ese momento al señalar que ya existe jurisprudencia al respecto, y que la Corte solo puede analizar, eventualmente, asuntos relativos al procedimiento de la reforma.

En aquella intervención, la abogada regiomontana fue muy definitoria al comentar que la SCJN no puede legalmente sustituir la soberanía del Constituyente Permanente –integrado por el Congreso de la Unión y la mayoría de las legislaturas estatales-- en cuanto a reformar la constitución. En todo caso, la función de la Corte es respetar y hacer que se respete la Constitución. Y concluyó: “No veo a la Corte sustituyendo la soberanía del poder legislativo en materia constitucional”. Esa posición tan clara y contundente, hoy ha sido enturbiada por los oscuros intereses a los que decidió plegarse la ministra.

Por otro lado, a partir del domingo 6 de octubre, han comenzado a circular en redes sociales algunos videos acerca de diversos jueces que han decidido suspender el paro judicial, para atender al público y a los litigantes. Esos funcionarios mencionan que existen hasta 500 jueces que ya no quieren continuar con el paro ordenado por la cúpula. Hay que tomar en cuenta que, cuando inició el movimiento, más de 200 jueces votaron por la negativa, aunque después, por obvias razones, se vieron obligados a plegarse a las exigencias del Consejo de la Judicatura, también presidido por Norma Piña.

Uno de ellos, el juez Rigoberto Almanza Rico, con sede en Coatzacoalcos, Veracruz, de plano ya regresó a trabajar, y por tal motivo ha sufrido presiones e insultos de toda clase por parte del personal adscrito a juzgados de la región sur de esa entidad. Queda claro que ese paro se irá diluyendo de manera paulatina, al no contar con ningún fundamento económico ni laboral.

En términos políticos, la decisión de Norma Piña significa que –al votar nuevamente el lunes 7 de octubre en favor de revisar el contenido constitucional de la Reforma-- pretende convertirse en presidenta del máximo órgano de poder del Estado mexicano, por encima de los demás poderes. En consecuencia, la ministra Piña ha iniciado una especie de “rebelión de los togados”, cuya vocación es tomar en sus manos --por encima de la voluntad popular-- la conducción de los asuntos políticos fundamentales del país.

La rebelión judicial expresa, en pocas palabras, la voluntad de la mayoría de la Corte de subvertir el orden constitucional y derogar el principio fundacional de la soberanía popular, cuya voluntad fue expresada en la elección del 2 de junio, y puso en manos de la coalición de izquierda la conducción política del Estado Mexicano. Aún dentro de los recintos palaciegos, esta es una verdadera insurrección contra la configuración específica del estado demoliberal mexicano --que incluye grandes conquistas sociales-- creado en 1917 por el Constituyente de Querétaro.

El jurista Diego Valadez, exministro de la SCJN publicó un mensaje con este texto: “La salud institucional del país exige sensatez por parte de todos. Es contraproducente desorientar a la sociedad. El contenido de una reforma constitucional NO es impugnable”. Hay que añadir que Diego Valadez siempre ha estado en contra de la Reforma, pero sabe que ésta ya forma parte del orden constitucional.

Por su parte, el gobierno de la República ha reiterado que seguirá dando un trato “de terciopelo” a los jueces y ministros rebeldes manejados por Norma Piña, aún cuando estén usando métodos claramente antidemocráticos para mantener unidas las fuerzas de su paro “todo pagado”.

Mientas tanto, el Instituto Nacional Electoral (INE) se apresta para lanzar, el próximo 16 de octubre, la convocatoria para designar mediante elección a los integrantes de la nueva SCJN, aunque Norma Piña se niegue a proporcionar las listas de los juzgados cuyas plazas están vacantes. El INE mantiene su disposición a convocar los comicios, a pesar de la lluvia de amparos en contra. La elección tendrá lugar el próximo 1 de junio, e incluirá además de la SCJN, los dos puestos vacantes en el TEPJF, y la mitad de los jueces de distrito y magistrados de circuito del país, que se incluyan en la lista que está elaborando el Senado de la República.