El Instituto Nacional Electoral (INE) dio inicio al proceso que culminará con la elección de nuevos juzgadores, a partir del momento en que el (TEPJF) le dio luz verde, confirmándole que tiene plenas facultades legales para convocar ese proceso, de acuerdo con la nueva legislación, derivada de la reciente reforma constitucional.

La respuesta del TEPJF textualmente señaló que es “constitucionalmente inviable suspender el proceso de elección” de los mencionados juzgadores, ya que no hay ningún fundamento legal para hacerlo. La duda del Instituto Nacional Electoral (INE), surgió como consecuencia de un amparo interpuesto por diversos juzgadores, cuyo contenido se relaciona directamente con su intento de detener, a cualquier costo, los trabajos preparatorios para convocar a elecciones, recibir y contar los votos populares en relación con los candidatos a ocupar los cargos de jueces de distrito, magistrados de circuito y ministros de la SCJN, el próximo 1 de junio.

La tarea del INE será en adelante la de coordinarse con el Senado de la República, para que, una vez que éste elabore y depure las listas de los candidatos a jueces que ocuparán los cargos mencionados, sean recibidas por el INE para que incluya los nombres en las boletas correspondientes, de acuerdo con los criterios establecidos en las recientes reformas del poder judicial. Esos criterios se relacionan principalmente con la paridad de género, y ponen por delante el principio de que los juzgadores no son dueños de los cargos, sino servidores públicos, que tienen el deber constitucional de llevar la justicia al pueblo.

Asimismo, la ministra Norma Piña ha convocado al poder judicial a que integre un Comité de Evaluación, cuya función central será la de analizar los mejores perfiles de jueces, magistrados y ministros, para que participen como representantes de ese poder en los próximos comicios. Al hacerlo así, la ministra Piña reconoce de facto la nueva Constitución, que establece la elección de los cargos mencionados, aunque por otro lado tanto ella como sus partidarios continúan combatiéndola.

Previamente, las ministras Loretta Ortiz Alf y Yasmín Esquivel Mossa, enviaron a la presidenta de la SCJN una solicitud para que la Corte integre el mencionado Comité, e incluya los nombres de destacados especialistas para que formen parte del mismo. Entre las personas nombradas se encuentran la doctora Leoba Castañeda, Silvia Gabriela Ortiz, Ruth Villanueva Castillejo, así como los doctores Manuel Becerra Ramos y Raúl Plasencia. Tres mujeres y dos hombres, como corresponde al espíritu de la nueva legislación.

Quedó así inaugurada la nueva etapa electoral, que ha dado inicio aunque no en todas las entidades del país haya concluido el proceso federal de 2024. El Senado de la República lanzó la convocatoria el pasado 16 de octubre, y de inmediato se iniciaron los trabajos en el INE para dar cumplimiento a su tarea. El Consejo General del organismo ya se reunió para inaugurar sus trabajos, pero en este caso lo realizó sin la presencia de los representantes de los partidos ni de sus fracciones parlamentarias.

En principio, el aparato administrativo del INE ha tomado en sus manos los diversos aspectos relativos a la elección de 850 jueces de distrito, magistrados de circuito y los 9 ministros que formarán parte de la nueva SCJN, así como del Tribunal de Disciplina Judicial responsable de vigilar la conducta jurídica de los juzgadores, y evitar así los abusos que tradicionalmente se han cometido en sus áreas bajo su responsabilidad.

Hay que tomar e cuenta que los juzgadores con frecuencia han excedido los plazos de ley para resolver los asuntos bajo su cargo. Las cárceles mexicanas están llenas de ciudadanos detenidos por la comisión de delitos leves, mientras los grandes criminales salen libres, porque pueden pagar los servicios de bufetes de abogados prestigiosos.

Los requisitos para aspirar a ser incluidos en las listas de aspirantes se resumen así: ser licenciado en derecho, mayores de 30 años y tener varios años de experiencia acreditada en el ejercicio de la profesión. Su trayectoria debe ser avalada por diversas fuentes, y finalmente deberán ser sometidos primero a un Comité de Evaluación, y varios exámenes posteriores.

A más tardar el 15 de diciembre, el INE deberá contar con los recursos suficientes para cubrir las necesidades del proceso. Aunque no hay cifras precisas, se estima que esta nueva elección –un poco más grande que el proceso federal de este año—podrá costar unos 13 mil millones de pesos. Ese dinero se tomará de los diversos fideicomisos que formó la SCJN a lo largo de varios años, los cuales se remitirán a la Tesorería de la Federación para sufragar el funcionamiento del INE.

Además de que los partidos no deberán tener ninguna injerencia en el proceso, el INE deberá conseguir la máxima publicidad al evento, de manera que toda la población mexicana sea puntalmente informada. Los aspirantes no podrán realizar campañas electorales, ni usar propaganda ni publicidad comercial. Pero el INE usará sus tiempos en radio y televisión para promover debates entre los aspirantes. Este método deberá promoverse para que los aspirantes demuestren ante todos los ciudadanos la calidad, firmeza y profundidad de sus conocimientos en las diversas áreas jurídicas que tendrán a su cargo.

Las autoridades políticas de todos los niveles del país, desde los presidentes municipales, regidores, diputados locales, gobernadores, debieron pasar por el escrutinio de la población, que les otorgó mediante el voto su apoyo para que llegaran al cargo. Lo mismo en el caso de los diputados federales y senadores, al igual que el Presidente de la República.

Solo los juzgadores del país, en sus diversos niveles, recibían su cargo de otros poderes del Estado. Los ministros de la SCJN eran designados por el Senado, a propuesta del titular del poder ejecutivo. El poder judicial era como una isla de tranquilidad cuyos integrantes no se manchaban los zapatos en las duras batallas por el voto popular. Y en medio de esa placidez, tejían acuerdos de familia para distribuirse os frutos de una legislación viciada.

Ese sistema de vida placentera es el que está llegando a su fin. El artículo 39 de la Constitución establece que todo poder dimana del pueblo y se instituye para su beneficio. Las elecciones del próximo 1 de junio harán efectivos ambos principios. Porque hasta la fecha, el poder judicial no ha dimanado del pueblo, ni operaba en su beneficio. Llegó la hora de hacer efectiva la Constitución General de la República.