Con los nombramientos del pasado jueves 4 de julio, la presidenta electa Claudia Sheinbaum dio un paso más hacia la integración de un gabinete que pondrá el acento en la gobernabilidad democrática, privilegiando el diálogo con todos los sectores de la sociedad mexicana, y centrado en la conducción firme y consensuada del poder.

A diferencia de sus nombramientos anteriores –de carácter más bien técnico-- este último pone el énfasis en el aspecto político. La designación de Rosa Icela Rodríguez como secretaria de Gobernación, pone de relieve que los puestos ejecutivos estarán a cargo de personas leales y con capacidad de mando. Rosa Icela siempre ha cumplido cabalmente con las encomiendas del presidente AMLO, y ha resuelto muchos problemas delicados en diversas áreas de la administración pública.

Además, los nombramientos de Omar García Harfuch en Seguridad Pública, Ernestina Godoy en la Consejería Jurídica y Raquel Buenrostro en la Función Pública, denotan claramente que el nuevo gobierno estará a cargo de funcionarios dotados de experiencia, capacidad técnica y mano firme al momento de enfrentar los problemas.

Una buena parte de los cargos será ocupada por funcionarios que se han formado en los movimientos de izquierda. Al igual que Rose Icela Rodríguez –antigua periodista-- Ariadna Montiel ha ocupado cargos de responsabilidad en varios gabinetes progresistas. Esta funcionaria asegura la continuidad de los programas sociales que significan, por un lado, una mejor distribución de la riqueza del país, así como el respaldo sólido de amplios sectores de la población a los programas del nuevo gobierno.

Aunque faltan algunos nombramientos importantes, sobre todo del “gabinete ampliado” ya se puede tener una idea clara de que el nuevo equipo de gobierno funcionará dentro del esquema de continuidad con sello propio. Para comenzar, durante sus giras de campaña, Claudia Sheinbaum cumplió con una función política esencial: fortalecer al grupo hegemónico –Morena-PT-PVEM-- y al movimiento de izquierda en su conjunto, limando asperezas y restañando algunas heridas de precampaña,

La coalición de izquierda será responsable de conducir los destinos políticos del país al menos durante el próximo sexenio. Gobernar un país significa que la población en su conjunto admita de buen grado la conducción de los asuntos públicos por esta coalición de fuerzas políticas, siempre de manera voluntaria, lo cual excluye de entrada la represión.

Uno de los nombramientos más polémicos fue el de Mario Delgado –actual dirigente de Morena—en la secretaría de Educación Pública. Delgado se ha caracterizado a lo largo de su carrera por cierta dosis de pragmatismo, por lo que se ha contrapuesto con algunas líneas generales del movimiento. Cuando era senador por el PRD –en el esquema del “Pacto por México”-- fue uno de los legisladores que apoyaron la llamada reforma educativa, lanzada por el gobierno peñista como un intento de descoyuntar al movimiento magisterial, por un lado, y acabar con los salarios y prestaciones sociales del magisterio.

Aunque el gobierno de AMLO ha hecho esfuerzos notables por reivindicar la carrera magisterial, y por aumentar los salarios y prestaciones de ese sector, aún quedan fuertes residuos de las lesiones causadas por la represión del gobierno de EPN. En tales condiciones, el nuevo cargo de Mario Delgado como secretario de Educación Pública, tendrá fuerte oposición de algunos sectores de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) que siguen en pie de lucha.

El nuevo secretario de Seguridad Pública, Omar García Harfuch, tendrá a su cargo un proyecto muy claro: dar continuidad a su labor desempeñada en la Ciudad de México, donde se lograron abatir sustancialmente los índices delictivos aplicando un programa múltiple, centrado en los principios de atender las causas que generan la criminalidad, y no permitir la impunidad de los delincuentes.

Sin embargo, no se puede comparar el microcosmos de la capital del país –por complejo que sea-- con la magnitud de los problemas de seguridad en todo el país. Hay regiones enteras con altos índices de inseguridad y violencia, donde será muy difícil combatirlas. Será una prueba de fuego para el nuevo gobierno.

La función de la Seguridad Pública Federal es la de coordinar los esfuerzos de diversas dependencias del gobierno: ejército, marina armada, guardia nacional, policías federales, estatales y municipales. Más de un millón de elementos armados, si nos atenemos a las últimas cifras. En tales condiciones, será fundamental que se fortalezcan los servicios de inteligencia. En muchas regiones del país, las fuerzas del gobierno se han comportado como un gigante ciego.

La secretaría de Seguridad Pública incluye como parte de su estructura al Centro Nacional de Inteligencia –heredero del antiguo CISEN-- que de seguro será fortalecido para coordinar sus labores con la inteligencia militar, la naval y los órganos de seguridad de las entidades federales. Un correcto manejo de estas capacidades hará posible que se realicen más y mejores operativos para detener delincuentes, y hacerlo de manera eficaz.

Alrededor del 80% de los delitos dolosos que se cometen en México son del orden local, es decir, su atención corresponde a estados y municipios. Está claro que una de las mayores debilidades del sistema nacional de seguridad son las policías estatales y municipales en cuanto a salarios y prestaciones, armamento y capacitación para el enfrentamiento con bandas de civiles armados.

Al mismo tiempo, se deberá dar seguimiento a la labor de rehabilitación de los primodelincuentes, o sea de jóvenes que han delinquido solo una o algunas pocas veces, con el fin de alejarlos de las bandas. Ese trabajo ya se implementó en la CdMx con buenos resultados. Será necesario ofrecer alternativas concretas –además del empleo o estudios—que favorezcan su reinserción productiva en la sociedad a través del deporte, la cultura o las artes.

Finalmente, hay una tarea pendiente en materia sindical. Aunque las y los trabajadores han negociado muchas prestaciones nuevas para sus familias, la democracia sindical sigue siendo un asunto no resuelto. Más allá de las elecciones formales --algo que establece incluso el T-MEC—el control de los sindicatos por una casta dirigente creada en el antiguo régimen sigue siendo muy fuerte. Un ejemplo muy claro es el sindicato de telefonistas, donde Francisco Hernández Juárez se ha perpetuado en el poder y está por cumplir 50 años al frente del sindicato. Una sociedad democrática no puede permitir ese tipo de dirigencias sindicales. Son un resabio del régimen neoliberal.