El pueblo de México ha luchado desde 1910 por alcanzar el anhelo democrático de convertirse en una comunidad de personas libres que, bajo el principio de igualdad política, se puedan asociar para el autogobierno. En el camino hemos aprendido que la mejor forma de lograr este fin es la construcción de instituciones fuertes.
Por instituciones nos referimos tanto a las organizaciones públicas como las reglas que rigen la participación en ellas. A los controles y contrapesos. A las libertades de asociación y de expresión. A la participación inclusiva.
Nuestro sistema electoral es una institución compuesta por nosotros los electores, el Instituto Nacional Electoral y sus equivalentes en los estados, los Tribunales Electorales así como las diferentes normativas comenzando por la Constitución que impide la reelección del presidente, por señalar un tema, hasta las Leyes y los Códigos Electorales que precisan cada momento del proceso electoral. El único objetivo de nuestro sistema electoral es asegurar que las elecciones sean libres, limpias y competitivas.
En una democracia representativa como la nuestra, la soberanía popular se manifiesta en la Cámara de Diputados cuya composición responderá al mandato ciudadano expresado a través del voto, evitando la hegemonía. Esta última palabra es clave y va a ser el meollo del debate político en las próximas semanas.
La hegemonía es un concepto complejo que abarca diferentes formas de dominio y control ejercidas por un grupo o entidad sobre otros. México tiene experiencia con hegemonías, siendo el caso más reciente cuando el Partido Revolucionario Institucional controlaba desde el gobierno el proceso electoral. La crisis política del 6 de julio de 1988 cuando, siendo Manuel Bartlet (actual director de la Comisión Federal de Electricidad) secretario de Gobernación, se “cayó el sistema” de registro de votos y cuando lo recuperaron el candidato oficial había rebasado a Cuauhtémoc Cárdenas, candidato de la oposición.
A partir de entonces se acumularon una serie de reformas electorales que transfirieron el control del proceso electoral del gobierno a los ciudadanos, que implementaron medidas para garantizar la limpieza y transparencia de las elecciones, así como reglas claras y sanciones para los funcionarios, partidos y particulares que violaran la Ley.
Entre estas reformas y con la finalidad de erradicar de manera permanente la tentación de las prácticas hegemónicas, el sistema de representación proporcional consignado en la Constitución expresa puntualmente que un partido puede obtener la mayoría relativa (más de la mitad) en la Cámara de Diputados como resultado del proceso electoral pero no gozará automáticamente de mayoría calificada (dos tercios del total) y, por lo tanto, no podrá modificar la Constitución sin previo acuerdo con el resto de las fracciones políticas. Esto se logra a través de una serie de ajustes a la representación de los diferentes partidos.
La cámara de diputados cuenta con 500 lugares, 300 de ellos son elegidos por mayoría relativa mediante los votos que emiten los electores y los 200 restantes se distribuyen para regular la representación. Son los diputados de representación proporcional, conocidos coloquialmente como plurinominales.
El procedimiento consiste en ajustar mediante la incorporación de personas registradas previamente en un listado impreso en la boleta electoral (los plurinominales) a sus bancadas respectivas para equilibrar la representación con la clara indicación que ningún partido podrá incrementar en más de un 8% su predominancia.
La intención del partido oficial de manipular la distribución de votos de sus partidos satélite lo llevaría a ejercer la hegemonía dentro de la cámara de diputados, distorsionando el mandato popular y en clara violación al espíritu de la Constitución. Un claro retroceso a nuestra normalidad democrática. Dado que la interpretación final de la Constitución recae en la Suprema Corte de Justicia nos da cierta luz sobre las razones por las que buscan desmantelarla lo antes posible.
