El Poder Ejecutivo es particularmente fuerte en México pues se nutre de una legislación presidencialista, con atribuciones constitucionales y metaconstitucionales que le otorgan un poder casi ilimitado. En lugar de corregir ese fallo histórico, ha sido aprovechado ahora y desde hace mucho tiempo para controlar lo otros dos poderes, creados precisamente para limitar su actuación. La defensa de la República pasa precisamente por la resistencia a la cooptación de los poderes Judicial y Legislativo por parte del Ejecutivo.
El Poder Judicial no es un actor político por lo que nada de su composición o actuación debería ser contaminado por intereses políticos. Al contrario, es de interés de todos que el Poder Judicial actúe de manera independiente, eficiente, eficaz y, sobre todo, justa.
Reducir el debate sobre la funcionalidad del Poder Judicial al mecanismo cómo se nombran a los jueces es una triquiñuela de lo más burda y refleja de cuerpo entero las intenciones subyacentes.
No es la primera vez que se trata de establecer esta triquiñuela. Hace más de 100 años, cuando se debatía la redacción de la Constitución que nos rige actualmente, hubo quien propuso que los juzgadores fueran electos por voto popular. Las minutas de las sesiones de esa época describen con toda claridad los riesgos de esta forma de composición del Poder Judicial y cito textual:
“La elección popular (de los juzgadores) tiene radicalmente por sí, por lo que es su institución, vicios fundamentales. En primer lugar, el magistrado no es igual al diputado o al senador: el magistrado es radicalmente distinto; él no va en el ejercicio de sus funciones a representar la opinión; no va a representar a nadie; no lleva el criterio del elector, sino que lleva el suyo propio; simplemente se le elige como persona en la cual se cree que se reúnen ciertos requisitos indispensables para llenar una función social; él tiene que obrar en su función precisa, obrar quizá hasta en contra de la opinión de los electores. Si un magistrado electo popularmente siente que mañana rugen las multitudes y le piden sentencia en un sentido, el magistrado está en la obligación de desoír a las multitudes y de ir en contra la opinión de los que lo eligieron. El diputado no debe ir en contra de la opinión, es la opinión del pueblo mismo, viene a expresar la opinión del pueblo y el magistrado no, es la voz de su conciencia y la voz de la ley”.
Situaciones como el viernes negro del Senado en abril de 2023 cuando, por encima del reglamento de la Cámara se aprobó un paquete de reformas regresivas para la población de México, entre ellas la Ley de Ciencia elaborada por el Conacyt con H, precisó la intervención del Poder Judicial a través de la Suprema Corte de Justicia por presuntas violaciones a la Constitución.
Lo mismo ocurre con situaciones como la violación sistemática de derechos humanos por discriminación en el acceso a o negación de servicios de salud o educativos, violaciones a la Autonomía Universitaria, temas de vanguardia como la protección a los animales o el uso medicinal de la Cannabis, entre otros.
Por supuesto que también han atizado el encono contra el Poder Judicial numerosos amparos contra actuaciones ilegales del gobierno federal como fue haber negado el acceso a la vacuna de Covid a menores de edad con padecimientos crónicos, o el despojo de tierras para la construcción de obras emblemáticas como el Tren Maya.
Es claro que estarían más tranquilos si el Poder Judicial estuviera completamente alineado a los intereses del gobierno, si la rendición de cuentas fuera discrecional y la justicia solo se aplicara a los opositores.
Extendiendo un poco más el razonamiento expresado en 1917, el juzgador no debe actuar en representación del elector, pero menos aún, en representación del gobierno en turno.
Por cierto, la gasolina magna sube de precio 6 pesos por litro a partir de hoy y hasta el 13 de septiembre, básicamente porque las arcas del país están vacías y no pueden seguir subsidiándola. Una razón más para debilitar la justicia.
