Hay actividades para las que la buena voluntad no es garantía suficiente para asegurar un desempeño exitoso. No cualquier persona puede diseñar y construir un puente. Tampoco puede cualquier persona tripular un avión. Mucho menos hacer un trasplante de corazón. Para eso se requiere una carrera profesional, especialización en un área y años de experiencia. Muchos años de experiencia.
Porque no basta con el dominio de la técnica, es fundamental comprender con toda precisión las bases del sistema, saber cómo funciona cada tensor, arteria o parte de un mecanismo, contar con la experiencia para responder con entereza ante cualquier situación, por impredecible o compleja que sea. Sobre todo, se espera el desarrollo del sentido de responsabilidad, porque tarde o temprano nuestra salud, nuestra vida y nuestro patrimonio va a depender de estas personas.
Lo mismo ocurre con la impartición de justicia. Lejos están los tiempos en que el ideal de la justicia se sustentaba en el sentido común y la sabiduría personal. De hecho, hace más de tres mil años que la impartición de justicia depende de especialistas que conozcan e interpreten los códigos de conducta. Tan antigua es la profesión de juez que hasta la Biblia la documenta.
Pretender desconocer la experiencia acumulada del sistema judicial de nuestro país reemplazándola con personas sin preparación ni carrera es un enorme, enorme desatino. Hacerlo, además, por voto directo es un tiro al pie.
El sistema de justicia en México no funciona desde hace mucho y no solo es responsabilidad de los jueces. Las policías no cumplen con su trabajo en la prevención del delito ni tampoco en los protocolos para la detención de personas, mientras que las fiscalías han sido incompetentes para la investigación y presentación de los casos. Los abogados han aprovechado estas debilidades privilegiando a quienes debieran estar en prisión mientras quedan en el olvido miles de personas privadas de su libertad sin haber sido sentenciadas.
Si lo que se quisiera realmente es mejorar la impartición de justicia debería priorizarse la creación de cuerpos de policías civiles bien entrenados y capacitados, el fortalecimiento de las fiscalías autónomas con recursos y libertad de acción y la implantación de herramientas tecnológicas en los juzgados que permitieran el seguimiento transparente de los procesos, exponiendo de esa forma los casos de corrupción. Lo que se necesita es más rendición de cuentas, no menos.
Pero siendo honestos, lo que se busca no es mejorar la impartición de justicia sino someter al poder judicial ante el ejecutivo, vulnerando así los pilares de nuestro sistema político basado en la división de poderes.
No existen antecedentes exitosos de una acción en este sentido, una vez desmantelado el poder judicial llevará generaciones su reconstrucción, lo mismo que ocurrirá con el sistema de salud o el educativo.
Este país seguirá a flote conforme se sostengan sus instituciones, eso lo saben y por eso el afán en destruirlas.
