Por José Luis Uribe de las Casas
Las plataformas de entrega de productos a domicilio mediante aplicaciones telefónicas han experimentado un crecimiento exponencial en México. Empresas como Uber Eats, Didi Food y Rappi han proliferado, ofreciendo a los consumidores la conveniencia de recibir alimentos y otros productos directamente en sus puertas. Sin embargo, detrás de esta aparente modernización del servicio de entrega, persiste una problemática profunda: la precarización de las condiciones laborales de quienes realizan estas entregas, con una clara evasión de las responsabilidades laborales por parte de las empresas y la consecuente violación de derechos humanos.
La realidad de los repartidores: trabajadores sin derechos
Para miles de repartidores, las aplicaciones representan una oportunidad de ingreso en un mercado laboral cada vez más restringido. Sin embargo, la relación laboral que estas empresas establecen con sus repartidores es de naturaleza ambigua. Aunque los trabajadores dependen totalmente de la plataforma para encontrar pedidos y organizar sus rutas, legalmente son considerados como “socios” o “autónomos” y no como empleados. Esto les niega el acceso a los derechos básicos que marca la ley mexicana para cualquier trabajador: seguridad social, prestaciones de salud, aguinaldo, vacaciones pagadas y pensiones, entre otros.
Este tipo de modelo laboral, que evita la formalización del vínculo entre empresa y repartidor, permite a las plataformas evadir sus responsabilidades y transferir todos los riesgos a los trabajadores. Los repartidores deben asumir los costos de mantenimiento de sus vehículos, la gasolina, e incluso enfrentan la falta de cobertura en caso de accidentes. Esta situación resulta en una forma de explotación laboral moderna, donde el trabajador carece de protección y queda desamparado ante contingencias.
Violaciones a los derechos humanos
La falta de acceso a la seguridad social y a una red de protección representa una violación a los derechos humanos de los repartidores. La Constitución Mexicana y tratados internacionales como el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales reconocen el derecho a la seguridad social y a condiciones laborales justas y favorables. Sin embargo, las empresas de delivery argumentan que su rol se limita a ser intermediarias tecnológicas, eludiendo así la responsabilidad de proporcionar prestaciones y condiciones laborales dignas.
A esta precarización se suma la ausencia de mecanismos de seguridad laboral. Los repartidores se enfrentan a largas jornadas de trabajo, a menudo sin horarios definidos, lo que conlleva una afectación en su salud física y mental. Además, el incremento de la violencia y robos a repartidores, especialmente en grandes ciudades como Ciudad de México y Monterrey, subraya la vulnerabilidad de estos trabajadores, quienes no cuentan con respaldo para enfrentar estas situaciones.
El papel de las ONG’s y la comunidad de abogados
Ante este panorama, la participación de las organizaciones no gubernamentales (ONG’s) y la comunidad de abogados resulta crucial para revertir la situación. Estas entidades pueden fungir como actores de cambio, proporcionando apoyo legal, visibilidad y promoviendo la defensa de los derechos laborales de los repartidores.
Algunas ONG’s han comenzado a alzar la voz, denunciando las condiciones inhumanas en las que laboran los repartidores. Entre las acciones más destacadas, se encuentra la sensibilización de la opinión pública y la presión a las autoridades para que tomen medidas regulatorias. Además, la asesoría legal que ofrecen a los repartidores resulta fundamental para que puedan entender sus derechos y buscar mecanismos de protección.
Por su parte, la comunidad de abogados tiene la posibilidad de impulsar litigios estratégicos que exijan el reconocimiento de la relación laboral entre los repartidores y las plataformas. Existen precedentes en otros países, como España, donde la justicia ha obligado a empresas como Uber Eats a reconocer a sus repartidores como empleados. En México, esta lucha aún enfrenta resistencias, pero una estrategia jurídica sólida podría llevar a una reinterpretación de las leyes laborales para que se adapten a la realidad de la economía digital.
La urgencia de una reforma laboral en la era digital
La situación de los repartidores de aplicaciones en México refleja la necesidad urgente de adaptar el marco regulatorio a las nuevas formas de trabajo que emergen con la digitalización. El gobierno mexicano debe asumir un papel proactivo para establecer normativas que protejan a estos trabajadores, garantizando que las plataformas asuman sus responsabilidades como empleadores.
Las ONG’s y la comunidad de abogados deben continuar fortaleciendo sus esfuerzos para llevar a cabo acciones de defensa y sensibilización, y la sociedad civil puede contribuir con su poder de consumo, demandando condiciones laborales justas para quienes les entregan día a día su comida, sus medicamentos y otros productos. Mientras estas acciones no se concreten, miles de repartidores seguirán siendo la fuerza laboral invisible de una economía que avanza a costa de la precariedad.
La defensa de sus derechos laborales y humanos no es solo una cuestión de justicia, sino de dignidad
Ya existen organizaciones como sindicatos que ofrecen diversas prestaciones a trabajadores por aplicación telefónica, sin embargo la comunidad trabajadora de este sector es renuente a este respaldo, parte de ello es por la edad de la mayoría de repartidores ( adolecentes ), falta de información profesional, influencias negativas de personas que no les conviene que este grupo de trabajadores tenga una verdadera protección de un sindicato, por falta de recursos para formar una legitima organización dentro del marco legal, por falsas expectativas que les han vendido otras personas. En la próxima publicación daré más informes sobre la ventaja de ser parte de un sindicato.
