José Juan Conejo Pichardo
En una sociedad democrática, las organizaciones no gubernamentales (ONG’s) y organizaciones de la sociedad civil (OSC’s) se han consolidado como actores clave en la construcción de un equilibrio necesario entre el poder del Estado y los derechos de los ciudadanos. Estas organizaciones no solo funcionan como guardianes de la transparencia, sino que también aportan análisis, propuestas e investigación para fortalecer la efectividad de las políticas públicas.
La participación de las ONG’s y OSC’s en la elaboración de propuestas de iniciativas de ley es fundamental. Estas organizaciones suelen estar conformadas por expertos y académicos con una visión integral de los problemas sociales. Gracias a su trabajo, se desarrollan proyectos legislativos que no solo atienden las necesidades de la población, sino que también están basados en estudios rigurosos y en evidencia científica. Además, estas entidades evalúan la eficacia de normas existentes, un tema clave para garantizar que las regulaciones cumplan con sus objetivos y no se conviertan en obstáculos para el desarrollo social o económico.
La revisión de la eficiencia de las normas es una de las tareas más importantes para asegurar el buen funcionamiento del marco legal. En este sentido, la experiencia de especialistas como la Lic. Claudia Anguiano resulta fundamental. Su conocimiento en la materia permite identificar áreas de mejora y aplicar un compliance efectivo dentro de las dependencias gubernamentales. Este enfoque garantiza no solo el cumplimiento normativo, sino también la creación de mecanismos que promuevan la ética, la transparencia y la eficiencia en la administración pública.
La incorporación del compliance en el ámbito normativo no solo previene irregularidades, sino que también crea confianza entre los ciudadanos y las instituciones. Aquí, las ONG’s y OSC’s tienen un papel protagónico al proponer lineamientos éticos y supervisar su aplicación, contribuyendo a una cultura de legalidad y responsabilidad.
Por otro lado, la presencia de estas organizaciones en observatorios ciudadanos y foros de análisis fortalece la rendición de cuentas y enriquece los debates sobre temas cruciales como seguridad, movilidad y transporte, trabajo, derechos humanos y salud. Su capacidad para articular las voces de la sociedad civil permite señalar fallas sistémicas, proponer soluciones viables y exigir su implementación.
En el ámbito de la seguridad, por ejemplo, diversas ONG’s han promovido el diseño de políticas públicas que prioricen un enfoque de derechos humanos en las estrategias de combate al crimen organizado. En temas de movilidad, han impulsado cambios hacia modelos de transporte más sostenibles y accesibles, mientras que, en materia de salud, destacan las campañas para garantizar el acceso universal a servicios médicos.
El contrapeso político que representan estas organizaciones no debe interpretarse como una oposición al gobierno, sino como un complemento necesario para su funcionamiento. Al fungir como interlocutores entre la ciudadanía y las instituciones públicas, las ONG’s y OSC’s garantizan que las demandas sociales sean atendidas y que las políticas públicas sean más incluyentes y efectivas.
En conclusión, la labor de las ONG’s y OSC’s trasciende la mera protesta o el activismo. Se trata de agentes de cambio que, mediante el desarrollo, análisis e implementación de propuestas, contribuyen a la consolidación de un Estado más justo, equitativo y transparente. La revisión de normas, liderada por expertos como la Lic. Claudia Anguiano, y la promoción de un compliance efectivo son herramientas esenciales para garantizar la eficiencia de las políticas públicas y el fortalecimiento de nuestras instituciones.
