José Juan Conejo Pichardo

La reforma judicial propuesta en México, impulsada por el presidente Andrés Manuel López Obrador, ha generado un debate significativo debido a su potencial impacto en la independencia judicial y el estado de derecho en el país. Esta reforma incluye propuestas como la elección popular de ministros de la Suprema Corte, jueces federales y magistrados, así como la reducción del mandato de estos funcionarios para que coincida con el sexenio presidencial. Además, se plantea la creación de un Tribunal de Disciplina Judicial, cuyos miembros también serían electos por votación popular y cuyas decisiones serían definitivas e inapelables.

Cabe hacer mención que la jueza Martha Eugenia Magaña López y el juez Felipe Consuelo Soto han suspendido temporalmente la discusión de la reforma judicial en la Cámara de Diputados, que debía comenzar el 2 de septiembre. En el expediente 1251/2024, un grupo ha presentado un juicio de amparo contra el presidente Andrés Manuel López Obrador y el Poder Legislativo por la propuesta que permitiría elegir magistrados, jueces y ministros mediante voto popular. Los demandantes argumentan que el dictamen fue aprobado el 26 de agosto por una Comisión Permanente de una legislatura en vías de finalizar, lo que violaría el procedimiento legislativo.

La reforma judicial propuesta en nuestro país no solo afectaría la estructura y funcionamiento del Poder Judicial, sino que también tendría implicaciones profundas en el trabajo de las organizaciones de derechos humanos (ONGs), barras de abogados y colegiados. Estos actores, que juegan un papel crucial en la defensa de los derechos humanos y en la promoción del estado de derecho, se enfrentarían a nuevos desafíos bajo el esquema propuesto.

Impacto en las ONG's de Derechos Humanos

Las ONG's de derechos humanos dependen en gran medida de un Poder Judicial independiente para proteger los derechos fundamentales y asegurar que las violaciones de derechos humanos sean juzgadas de manera imparcial. Bajo la reforma, la politización de la elección de jueces podría comprometer la capacidad de las ONG's para defender estos derechos. Los jueces electos podrían sentirse presionados a fallar en favor del gobierno o de los intereses mayoritarios, en lugar de basar sus decisiones en la ley y los estándares internacionales de derechos humanos.

Además, "la creación de un Tribunal de Disciplina Judicial con mandato alineado al presidencial y con decisiones inapelables podría limitar las opciones de las ONG's para recurrir decisiones judiciales adversas que vulneren derechos humanos. Esto podría llevar a un aumento de la impunidad y a un entorno judicial menos favorable para la protección de los derechos individuales y colectivos" declara la organización Civicus Morelos.

Impacto en las Barras de Abogados y Colegiados

Las barras de abogados y colegiados, que tradicionalmente abogan por la independencia judicial y el respeto a la constitución, también se verían afectados. La reforma podría debilitar su capacidad para influir en el proceso judicial y para defender a sus miembros frente a posibles represalias políticas. La elección popular de jueces podría transformar la naturaleza del derecho, "enfocándose más en la popularidad que en la competencia jurídica y ética", lo que comprometería la calidad de la justicia.

Además, estas organizaciones podrían enfrentarse a un entorno más hostil si sus acciones o críticas son percibidas como contrarias a los intereses del gobierno. El riesgo de politización del sistema judicial podría hacer que los abogados y jueces independientes se enfrenten a un mayor riesgo de represalias, lo que afectaría su capacidad para ejercer su profesión de manera efectiva y sin miedo a represalias.

La reforma judicial propuesta podría tener efectos negativos significativos en el trabajo de las Organizaciones de la Sociedad Civil ( OSC's ) de derechos humanos, así como en las mismas barras de abogados y colegiados. La politización del Poder Judicial y la creación de mecanismos que alinean el sistema judicial con los ciclos políticos amenazan la independencia y eficacia de estas organizaciones en su misión de proteger los derechos humanos y garantizar el estado de derecho. Por tanto, es fundamental que cualquier cambio en el sistema judicial considere cuidadosamente estas implicaciones para evitar un debilitamiento de la democracia y de los mecanismos de protección de derechos en México.

Pros de la Reforma Judicial

• Democratización del Poder Judicial: La propuesta de elegir a los jueces y magistrados por votación popular busca aumentar la participación ciudadana en la conformación del Poder Judicial, promoviendo una percepción de mayor legitimidad y representatividad en este órgano del Estado.
• Renovación del Sistema Judicial: Al vincular el mandato de los jueces con el ciclo presidencial, se podría facilitar la renovación de un sistema judicial que ha sido criticado por su lentitud y corrupción.
• Responsabilidad Política: El hecho de que los jueces deban rendir cuentas a la población podría incentivar una mayor responsabilidad en sus decisiones y un alineamiento con los intereses del electorado.

Contras de la Reforma Judicial:

• Pérdida de Independencia Judicial: Los críticos argumentan que la elección popular de jueces podría politizar al Poder Judicial, dado que los candidatos podrían emitir fallos no basados en la ley, sino en satisfacer a grupos políticos o mayorías temporales. Esto comprometería la capacidad de los jueces de actuar como contrapeso al poder ejecutivo.
• Socavamiento de la Estabilidad Judicial: La reducción de los mandatos judiciales y la posibilidad de que los nuevos jueces elijan a sus predecesores podrían generar inestabilidad y un entorno de incertidumbre legal, afectando la confianza en el sistema judicial.
• Incompatibilidad con Normas Internacionales: Según expertos y organizaciones de derechos humanos las propuestas son contrarias a los estándares internacionales sobre la independencia judicial, lo que podría llevar a una erosión de los derechos y libertades fundamentales en México.

La propuesta de reforma judicial en México es un intento descarado de consolidar el poder del Ejecutivo a expensas de la independencia del Poder Judicial, un pilar esencial de cualquier democracia que se aprecie. Esta reforma no es más que un asalto directo al Estado de Derecho, una jugada calculada para subordinar la justicia a los caprichos del poder político.

Lejos de buscar un sistema judicial más eficiente y justo, esta reforma propone recortes en los tiempos procesales que, en lugar de acelerar la justicia, la vician. La reducción de plazos para la resolución de casos es una medida que no responde a la necesidad de una justicia expedita, sino a la urgencia de controlar el poder judicial, sacrificando la calidad y equidad en la impartición de justicia. La ambigüedad en los criterios para seleccionar jueces y magistrados solo agrava la situación, abriendo la puerta a nombramientos basados en lealtades políticas en lugar de competencias y méritos, lo que transforma a los tribunales en marionetas del Ejecutivo.

La falta de un debate público transparente y la exclusión de voces críticas e independientes en la discusión de esta propuesta de reforma son síntomas de un régimen autoritario en ciernes. La justicia no puede ni debe ser reformada en la oscuridad, sin la participación activa de la sociedad civil, de las ONG's y OSC's, de expertos en derecho y la ciudadanía en general. Este silencio impuesto es el preludio de una erosión sistemática de nuestras libertades y derechos.

En conclusión, la propuesta de reforma judicial no solo es un paso en la dirección equivocada; es una amenaza directa a la democracia mexicana. No podemos permitir que la independencia judicial, la piedra angular de nuestras libertades, sea sacrificada en el altar de la ambición política. Es imperativo rechazar esta reforma antes de que sea demasiado tarde, antes de que se consuma el desmantelamiento de nuestro sistema de justicia y con ello, la pérdida de nuestras garantías más fundamentales.

Es verdad que se requiere un cambio en el sistema de impartición de justicia, es urgente realizarlo, pero no bajo estos términos y condiciones, no de esta manera.